España, el único país del mundo donde se puede jurar el cargo prometiendo desobedecer la ley

Existe una teoría llamada de las ventanas rotas. Dice esa teoría, descrita por primera vez en 1982, en un artículo de la revista The Atlantic Monthly escrito por los criminólogos James Q. Wilson y George L. Kelling, que cuando se rompe una ventana en un edificio y esta no se repara, los vándalos rompen luego una segunda ventana. Rápidamente, una tercera. Luego, una cuarta y una quinta.

Mientras todos en el vecindario se preguntan cómo ha podido ocurrir, el edificio acaba pronto en ruinas y en manos de los vándalos.

La teoría de las ventanas rotas, que pide solucionar los problemas cuando estos son pequeños antes de que la dejadez y la sensación de impunidad los agraven hasta convertirlos en irresolubles, se ha popularizado hasta aplicarse hoy a cualquier situación en que la tolerancia frente a una pequeña infracción degenera hasta convertirse en un desafío de gran magnitud sin solución posible.

Primera ventana rota

Esa pequeña tolerancia, en el caso de las flamencas tomas de posesión de diputados, senadores y concejales españoles, fue la sentencia del Tribunal Constitucional de 1990 en la que este aceptó la fórmula "por imperativo legal, sí, prometo" utilizada por los diputados de Herri Batasuna (HB) Jon Idígoras, Itziar Aizpurúa y Ángel Alcalde el 5 de octubre de 1989 durante la sesión de investidura de Felipe González. 

Esa fue la primera ventana rota de la democracia española en el edificio de los juramentos y tomas de posesión de los políticos españoles. A día de hoy, la fórmula utilizada por HB parece incluso respetuosa. Cualquier parecido de las fórmulas utilizadas en la actualidad por diputados, senadores y concejales con las establecidas por el reglamento o pactadas por las juntas de portavoces es pura coincidencia.

Convertido en un espectáculo de juramentos rocambolescos, muchos representantes públicos se preguntan, siempre en privado, qué sentido tiene mantener un ritual sin mayor trascendencia legal y que ni los tribunales ni el poder político muestran la menor intención de hacer respetar. Tras mutar en herramientas para la propaganda de populistas y radicales, los juramentos hacen ya más daño que bien.

Otros, como el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, piden que esos juramentos se realicen sin cámaras de TV y en la sede de la Junta Electoral Central. En primer lugar, para evitar que los juramentos se conviertan en un desafío público a la legalidad que enardezca a los radicales e incentive mayores bravatas.

En segundo lugar, para que "la responsabilidad de decidir si una fórmula de juramento es válida no dependa de un órgano eminentemente político –la Presidencia de la Cámara– sino de uno independiente, casi judicial". 

Aquí no se acata

El último episodio tuvo lugar el pasado lunes 3 de agosto, cuando la Mesa de la Diputación Permanente vasca rechazó la petición de PP y Ciudadanos de que los parlamentarios vascos acataran la Constitución para tomar posesión de sus cargos. La Constitución no se ha jurado nunca en el parlamento autonómico vasco y los diputados sólo son llamados por su nombre antes de ocupar su escaño. 

La petición de PP y Ciudadanos se basaba en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que exige que los candidatos electorales juren o prometan acatar la Constitución para adquirir "la plena condición de sus cargos". El precepto no se ha obedecido jamás en el Parlamento vasco.

El Parlamento autonómico vasco es, sin embargo, uno de los más discretos a la hora de desobedecer lo establecido por la LOREG dado que se limita a hacer caso omiso de la obligación de jurar la Constitución, sin hacer mayor aspaviento de ello. El Congreso y el Senado, por su mayor visibilidad, suelen ser en cambio el escenario habitual de los juramentos más desafiantes por parte de partidos populistas y nacionalistas. 

En el Congreso y el Senado se juró el pasado 2 de diciembre por España en el caso de Vox, pero también por la república catalana, por el planeta, hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre, por las mujeres asesinadas, para que no haya una España vacía y otra desarrollada, por las trece rosas, por los presos políticos, por la democracia y los derechos sociales e incluso, en el caso de los diputados de JxCAT, "con lealtad al mandato democrático del 1-O, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados y por imperativo legal". 

Ese fue el caso también de la sesión de investidura del 21 de mayo de 2019, tras las elecciones generales del 28 de abril, cuando varios diputados juraron con fórmulas igualmente desafiantes, pero que no pudieron ser oídas en televisión porque los diputados prescindieron ese día de sus micrófonos. Donde sí pudieron oírse fue en el Congreso. La trifulca entre los diputados fue de órdago. 

En diciembre, la voz cantante contra los juramentos pendencieros la llevaron Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, que afirmó que ese día se había "jurado o prometido el cargo con graves insultos a nuestra democracia. Aquí se ha dicho que España es una dictadura y que hay presos políticos. Eso es decir que los jueces son prevaricadores, que meten en la cárcel a la gente por sus ideas".

Luego, la líder de Ciudadanos interpeló directamente a la presidenta del Parlamento, la responsable de aceptar o rechazar, en su caso, los juramentos que no se ajusten a lo pactado. "Usted no es sólo presidenta para los privilegios que le da ser segunda autoridad de España. Usted es presidenta también para las obligaciones, y la primera es el respeto al decoro y a las instituciones".

España es diferente

No existe ningún otro país europeo donde el juramento del cargo haya sido convertido en un escenario para que los radicales de uno u otro signo hagan exhibición de su desafío a la Constitución y la legalidad vigente, prometiendo incluso en algunos casos delinquir para acabar con ellas.

En la Cámara de los Comunes británica, los parlamentarios que no realizan correctamente el juramento son privados de su salario. Tampoco participan en las votaciones y su escaño es declarado vacante. En la página web del Parlamento británico se explica que los parlamentarios rebeldes deben ser tratados "como si estuvieran muertos". Muerte que no les salva de ser sancionados con una multa de 500 libras. 

La posibilidad de que los diputados diseñen su propia fórmula de juramento ni siquiera se contempla en muchos países europeos. Como explica este artículo del diario ABC, en Bélgica, donde los diputados deben recitar una fórmula muy simple de lealtad a la Constitución, ni siquiera se permite que se alternen los idiomas permitidos y se reciten algunas palabras en francés, otras en flamenco y otras en alemán.  

Tampoco se suele permitir originalidad alguna a presidentes y primeros ministros. El artículo 56 de la Constitución alemana exige que el presidente federal preste "ante los miembros de la Dieta y del Consejo Federal en sesión conjunta, el siguiente juramento":

Juro dedicar mis fuerzas al bien del pueblo alemán, acrecentar su bienestar, evitarle todo daño, guardar y defender la Ley Fundamental y las leyes de la Federación, cumplir escrupulosamente mis deberes y ser justo con todos. Que Dios me ayude a cumplirlo. 

La Constitución italiana exige que los representantes públicos "cumplan con disciplina y honor sus funciones públicas, prestando juramento en el caso que la ley establezca". 

Conocida es también la fórmula que deben recitar los presidentes estadounidenses al tomar posesión de su cargo: 

Juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y con lo mejor de mi talento preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. 

En Canadá, la violación del juramento de lealtad se considera una ofensa grave que puede ser sancionada por el Parlamento. El juramento sólo se ha roto una vez, según explica la página web de la cámara. Fue en 1990, cuando un diputado independentista quebequés juró lealtad "al pueblo de Quebec" en el exterior del parlamento después de haber formulado correctamente su juramento en el interior.

El presidente de la Cámara de los Comunes canadiense fue entonces requerido para que determinara si el juramento de este parlamentario había sido sincero. Después de que el diputado independentista afirmara solemnemente que no había pretendido en ningún caso burlarse del parlamento canadiense ni de la Reina, se le permitió continuar con sus funciones. 

En España, el hecho de que ese diputado realizara su declaración en el exterior del Congreso, y no en el interior, frente a las cámaras de televisión y con la mandíbula en alto, sería considerado incluso como timorato. Porque a la hora de exigir respeto a la Constitución, a los ciudadanos y al ordenamiento legal, España es diferente.