La denuncia de José Manuel Calvente contra la cúpula de Podemos por malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos, avanza a velocidad de crucero. Tras ratificarse en su denuncia el pasado 29 de julio ante el titular del 42 de Instrucción de Madrid, el juez Juan José Escalonilla ha imputado al partido como persona jurídica y a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y director de Comunicación y Estrategia de la Vicepresidencia segunda del Gobierno.

Del Olmo fue el responsable de las campañas electorales de 2019, y es la mano derecha en las estrategias de Pablo Iglesias. El juez ha imputado también a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por Calvente.

El juez también ha citado a declarar como investigados al tesorero y a la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val. La denuncia fue la traducción judicial de las investigaciones internas que estaban llevando Calvente y Mónica Carmona, la otra abogada despedida el pasado diciembre.

Los motivos aducidos por la dirección del partido morado, en plenas negociaciones para formar el Gobierno de coalición con el PSOE de Pedro Sánchez, fueron un presunto acoso laboral y sexual de Calvente a la abogada del partido Marta Flor Núñez. A Carmona se la despedía por trabajar codo con codo con Calvente.

Sin embargo, la denuncia contra Calvente interpuesta por Núñez fue desestimada, precisamente, hace 15 días. La juez no vio siquiera indicios de nada ilícito en los mensajes cruzados entre el exresponsable de los servicios jurídicos del partido morado.

Él siempre ha negado las acusaciones, y ha atribuido su despido a la llegada de Alberto Rodríguez a la Secretaría de Organización de la formación de Iglesias. Según apunta a EL ESPAÑOL, Rodríguez sustituyó en el puesto a Pablo Echenique con el encargo de tapar todas las zonas oscuras de Podemos. Entre ellas, los problemas judiciales para Iglesias en el caso Dina, las irregularidades que investigaba Calvente y las que hora ha destapado el Tribunal de Cuentas.

Según adelantó Público y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el magistrado ha citado a los tres responsables de la formación de Iglesias el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente declarara más de tres horas hace dos semanas para ratificar su denuncia.

Más diligencias

Un día después, Escalonilla dictó varios autos en los que imputó al partido como persona jurídica y a varios dirigentes del mismo. También requirió abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras. Al partido morado, en concreto, le ha reclamado la contabilidad, la licitación de las obras de su nueva sede y las tablas de sueldos de trabajadores.

Además, en el marco de la misma investigación, está llamada a declarar como testigo la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, antigua miembro de la dirección de Podemos, pero que fue apartada en la última renovación de cargos. La diputada Elizo y la abogada Carmona deben acudir al juzgado el próximo 15 de septiembre.

Según explica a este periódico el propio Calvente, Carmona y él estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos. Irregularidades que habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad SL, empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado sólo le ha proporcionado "los primeros 41 minutos y 52 segundos" de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media.

Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera "una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse".