Cuando José Manuel Calvente todavía era coordinador de los servicios jurídicos de Podemos trabajaba mano a mano con Mónica Carmona. Ambos fueron despedidos en diciembre de 2019. A él lo acusaron de acoso laboral y sexual a una subordinada del equipo legal, Marta Flor Núñez. A ella, de nada oficialmente. Según las fuentes, fue defenestrada porque "trabajaba mano a mano con él, son amigos, los dos tenían el mismo objetivo".

¿Y cuál era? Según el propio Calvente, en conversación con este periódico, "evitar que Podemos se metiera en problemas legales". ¿Cuáles? "Gastos poco claros, de esa caja B que ellos llaman Caja de Solidaridad; facturas sin soporte físico de los trabajos supuestamente realizados en las campañas electorales; la licitación de las obras de la nueva sede, cuyo presupuesto se duplicó en una semana, y cuando las obras ya habían comenzado; comisiones por contratos oscuros...".

¿Tiene papeles Calvente de todas sus sospechas? "Ése es el problema, que como equipo legal no nos daban acceso a toda la información que pedíamos", explica. "En Podemos, alguien metía la mano en la caja". ¿Para llevárselo? "Eran movimientos opacos, y nuestra labor era que no lo fueran, para evitar problemas legales". Esos problemas legales que ahora les ha buscado él mismo, ya desde fuera, con su denuncia por malversación y administración desleal.

Ahora, Calvente ha visto cómo la juez que instruía la querella por acoso presentada por Núñez ha archivado el caso. Según la fiscal, argumentación que asumió la juez, "no había indicios de ningún ilícito en las pruebas presentadas ni en las declaraciones de la querellante".

De la abogada Carmona, también despedida, no se ha vuelto a saber nada. Sólo que ha sido citada como testigo el próximo 15 de septiembre. El juez querrá corroborar los datos aportados por Calvente en su denuncia: "Pedíamos información y no nos la aportaban, nos negamos a participar en el montaje del caso Dina...".

Y una vez destapada la caja de los truenos, el archienemigo de los morados denuncia amenazas e insultos "para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre". El día 2 ha sido citado por Manuel García-Castellón como testigo en la pieza Dina del caso Tándem, para que explique por qué asegura que el robo del móvil de la exasesora de Iglesias fue un montaje. "No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá", advierte Calvente.

La denuncia

El pasado 29 de julio, el exabogado del partido de Pablo Iglesias se ratificó en su denuncia, en una declaración testifical de más de tres horas ante el juez Juan José Escalonilla, titular del 42 de Instrucción de Madrid. "Al despedirme, Iglesias me desafió en público, dijo que si conocía delitos que los llevara a los tribunales, y eso he hecho", explica Calvente.

Sí, pero, ¿pudo probar sus acusaciones? Según lo que ha trascendido hasta ahora de la declaración, no. Pero lo cierto es que, según las fuentes jurídicas consultadas, ésa es la precisa razón por la que el enemigo público número uno de los morados presentó una denuncia y no una querella.

Según el ordenamiento legal, y más aún para un abogado, quien conoce un delito tiene obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Si Calvente, como responsable legal de Podemos, hubiese tenido los papeles en la mano que demostraran las irregularidades del partido -y efectivamente, no le hubiesen dejado subsanarlas al punto de despedirle-, habría podido presentar una querella, haciéndose responsable de las acusaciones. Una denuncia, que es lo que presentó ante la Guardia Civil en Barcelona -donde reside-, tiene ese matiz: señor juez, aquí creo que hay acciones irregulares, y las pongo en su conocimiento para que investigue.

Y eso es precisamente lo que está haciendo Escalonilla. A pesar de que medios afines a la formación de Iglesias, y el propio líder del partido, están llenando las redes y las webs de títulos como "Las 13 veces que Calvente dice 'no sé', 'es un rumor' y otras inexactitudes", o "Es lo que me dicen, yo no lo he visto", el instructor del caso debe de tener muy claros los indicios delictivos cuando en su primer escrito, el de diligencias previas, incluye la imputación del partido como persona jurídica, la de su secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, su tesorero, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Esther Val.

Los hechos

Sobre estos últimos, Calvente declaró que recibían sobresueldos "en el momento en que el partido estaba recortando gastos en previsión de su caída electoral". Y que éstos sobresueldos se gestionaban a través de tickets de gastos. Por eso el juez en la ampliación de su auto -a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL- reclama"facturas, tickets y demás documentación", junto con la "normativa interna relativa a los sueldos de los empleados" de Podemos.

De las obras en la nueva sede, del madrileño barrio de Pueblo Nuevo, el exabogado señaló cómo en una sola semana, y con las obras ya empezadas, la licitación publicada en la web del partido pasó de 600.000 euros a más de 1,3 millones. Por esta razón, el instructor exige "al partido político Podemos"  que presente "las facturas emitidas [...] por las mercantiles "Rozas-Castilla SL, Euroal SLU, Enviroline SL, Hispan Clima SL, Drin Seguridad SL y Bosa Montaje y Ascensores SL".

Sobre la supuesta "caja B de Podemos", el juez exige saber si la dirección del partido aprobó la salida de 50.000 euros para la web #404 Comunicación Popular. Así, reclama a Podemos que "aporte el acuerdo del Consejo de Coordinación" en el que se aprobó. Sobre esta página web, Escalonilla también alberga sospechas, ya que en el auto original requiere a la Policía Judicial que "examine la cuenta adscrita a la Caja de Solidaridad del Partido Podemos, comprobando si se llegó a pagar los 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás", ya que no consta información sobre ello.

Según Calvente, quien maneja es página web con contenidos de corte social, muy alineados con la línea de Podemos -como es lógico, si hubo ese pago-, es Christian Luis Navarro Marrero, asesor del diputado Rafa Mayoral.., y en la actualidad, responsable de Acción Institucional del partido. A Mayoral no lo cita siquiera el auto por su nombre: su condición de diputado desviaría el caso al Supremo

Y a propósito de las posibles comisiones cobradas por Juan Carlos Monedero, por "contratos ficticios" a la consultora Neurona y a la empresa ABD Europa LDA, el instructor aprovecha un indicio muy claro. La sucursal de esta empresa brasileña de comunicación política se constituyó en España pocos días antes de acceder al contrato de más de 300.000 para las campañas electorales de 2019.

Así que Escalonilla remite oficio al SEPE para conocer los nombres de sus trabajadores dados de alta y reclama a la Policía Judicial que le averigüe si los firmantes de esos contratos entraron en España en febrero -cuando se registraron- "o en los siguientes meses de dicho año". Es más, el juez cita como imputado al administrador de Neurona Comunidad SL, la filial española de la consultora brasileña, Elías Castejón Hernándes.