Sanidad notifica 2.935 casos de Covid-19, la cifra más alta desde el 25 de abril. Los colegios catalanes cerrarán si dos alumnos de distintas clases tienen Covid-19. Nueve sociedades médicas creen que puede haber un nuevo colapso. Galicia y Canarias prohíben fumar en la calle; Andalucía, no; Madrid estudia la medida. Las urgencias del Hospital 12 de octubre, colapsadas.
Son noticias de un solo día, el de ayer jueves 13 de agosto, en un solo diario, EL ESPAÑOL.
La sensación de desorganización se extiende entre los ciudadanos, pero también entre los sectores más afectados por la epidemia de Covid-19, el sanitario, el empresarial y el educativo.
Este último, de hecho, ni siquiera sabe si los colegios abrirán en septiembre, en qué condiciones lo harán o qué modelo se aplicará en caso de que los rebrotes se intensifiquen: presencial, mixto o el puesto en práctica durante el confinamiento.
Este es uno de los escenarios más temidos por una mayoría de los ciudadanos españoles. Porque sin colegios se desvanece la posibilidad de volver al trabajo con normalidad.
Decenas de miles de autónomos y de pequeñas y medianas empresas dependen de que los colegios vuelvan a funcionar sin contratiempos. Si eso no ocurre, el escenario podría complicarse para ellos.
La incertidumbre es tal que muchos españoles ha decidido adelantar sus vacaciones en previsión de que un nuevo confinamiento arruine todos sus planes.
La letalidad de la epidemia parece ser menor que en los meses terribles de marzo, abril y mayo. Pero la sensación de improvisación por parte de las administraciones, autonómicas en este caso, no es menor que por aquel entonces.
Fin del mando único
Con el fin del estado de alarma decayó también el mando único de la lucha contra la epidemia, lo que en la práctica implica que ahora son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar la respuesta a los rebrotes que se están produciendo por toda la geografía española.
Ese es el escenario previsto para la nueva normalidad por el Gobierno tras el fin del estado de alarma el 21 de junio. Su texto fundamental, el que regula la nueva normalidad, es el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio.
Dicho Real Decreto Ley tiene como objetivo afianzar "comportamientos de prevención en el conjunto de la población, y la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19".
Pero con el presidente de vacaciones y el Parlamento cerrado, las comunidades han empezado a hacer la guerra por su cuenta sin demasiado orden y aún menos concierto. Las médidas básicas –uso de mascarilla, distanciamiento social y prohibición de aglomeraciones– han sido adoptadas por todas las comunidades sin excepción.
A partir de ahí, cada comunidad ha ejercido sus competencias de forma 100% autónoma, generando en algunos casos situaciones absurdas y alejadas de cualquier lógica sanitaria o de simple sentido común.
Una fuente autorizada del sector sanitario privado pide que el Gobierno central asuma sus competencias. "Las que le corresponden de acuerdo a la Constitución y la legislación. Porque las comunidades han reaccionado de forma relativamente eficiente, pero hace falta que el Gobierno asuma el mando en temas centrales como el de los locales de ocio, los test PCR en las fronteras o los protocolos de los temporeros".
"Como eso no está ocurriendo", continúa esta fuente, "los ciudadanos pueden vagar de provincia en provincia haciendo en una ciudad lo que está prohibido en una ciudad vecina".
La solución pasa, en opinión de este profesional de la sanidad, por que el Gobierno ejerza su prerrogativa de coordinación. "El Gobierno parece ausente. Pero esto no va de competencias ni de intereses políticos. Va de salud", afirma.
Sin protocolos únicos
Ejemplo de ello es la prohibición de fumar en las terrazas decretada por la Junta de Galicia y que está vigente a partir de este jueves.
La decisión gallega ha sido replicada por el gobierno autonómico canario y está siendo debatida en Madrid. Andalucía, de momento, ha rechazado la medida. Esta ha sido aprovechada por la asociación nofumadores.org para pedir que la prohibición se extienda a toda España.
La falta de protocolos unificados ha acabado afectando también a los médicos de atención primaria.
Si el problema durante la primera oleada fue la falta de tests PCR, el de los actuales rebrotes está siendo la abundancia de ellos. Porque, sin criterios comunes, son estos médicos los que deben decidir ahora quién se hace la prueba, quién no, quién debe cogerse la baja o qué medidas deben tomar los infectados.
Las consecuencias del caos resultante son obvias. La más relevante de ellas es la dificultad de saber si las cifras de infecciones, de tests realizados y de rastreo proporcionadas por las comunidades son fiables o siquiera remotamente comparables.
"El programa de rastreo ha fracasado", dice el médico de atención primaria en el Centro de Salud Collado Villalba-Pueblo, Vicente Baos, en este artículo.
Otros médicos de atención primaria confirman a EL ESPAÑOL lo afirmado por Baos: muchos pacientes mienten y fingen síntomas que no tienen para que se les realice la prueba y así "quedarse tranquilos" antes de irse de vacaciones o a la vuelta de ellas.
Dado que los sistemas de rastreo no existen o no son fiables cuando existen, es imposible saber si ese paciente necesita hacerse la prueba o no.
La vuelta al colegio, prevista para mediados de septiembre, es otro de los terrenos en los que se acumulan más dudas que certezas.
A día de hoy, los padres españoles no saben si los colegios abrirán o no, en qué comunidades lo harán y con qué reglas, o qué ocurrirá en caso de que los rebrotes se extiendan y los padres decidan retirar a sus hijos del colegio en el caso de pensar que su seguridad no está garantizada.
Son sólo algunos ejemplos del caos al que conduce la aplicación de 17 políticas de prevención y contención de la epidemia distintas y en función de parámetros subjetivos en los que influyen tanto consideraciones políticas como sanitarias.
App de rastreo
Ayer jueves, el Gobierno autonómico vasco reconocía la posibilidad de declarar el estado de emergencia sanitaria de forma unilateral, lo que le permitiría, en teoría, decretar el confinamiento de la población y aplicar medidas de limitación de los derechos de circulación de los ciudadanos equivalentes a las aplicadas por el Gobierno durante el estado de alarma.
La reacción del gobierno regional vasco se produjo después de que se conociera la cifra de 569 nuevos positivos en un solo día, 206 más que el día anterior.
La consejera de Salud vasca, Nekane Murga, reconoció también que 26 personas ingresaron ayer en los hospitales vascos a causa de la Covid-19, frente a las cinco personas al día que ingresaban hace apenas dos semanas.
Castilla-La Mancha empezará a aplicar a partir del próximo martes 18 de agosto una medida que obliga a todos los usuarios de locales de ocio nocturno a registrarse en una App de rastreo para estar localizables en caso de brote.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la petición de suspender el cierre de las discotecas, tal y como había pedido la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales.
La Generalidad, por su parte, se plantea también prohibir fumar en los espacios públicos cuando no haya posibilidad de respetar las distancias de seguridad.
Mientras las comunidades autónomas parecen reaccionar a los acontecimientos más que adelantarse a ellos y toman decisiones a remolque de las decisiones adoptadas en otras regiones -como en el caso de la prohibición de fumar-, nueve sociedades médicas y científicas han publicado un comunicado exigiendo "medidas coordinadas, rápidas y eficaces para frenar al coronavirus".
En su comunicado, las nueve sociedades aseguran que las medidas adoptadas no son suficientes y que la posibilidad de volver al escenario de marzo y abril es "altamente probable".
Tres escenarios previstos
El Gobierno definió tres escenarios tras el fin del estado de alarma. Uno de relativa normalidad en el que el control de la epidemia le correspondería a las autonomías. Es el escenario en el que estamos en la actualidad.
Un segundo escenario sería aquel en el que un mismo brote afectaría a varias autonomías. En ese caso, que según el Gobierno aún no se ha dado, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne todas las semanas, adoptaría decisiones coordinadas de obligado cumplimiento en esas comunidades.
En el tercer escenario, el Gobierno recuperaría el mando único y podría incluso decretar un nuevo estado de alarma y el consiguiente confinamiento general de los ciudadanos.
Los dos últimos escenarios parecían lejanos en la mente del Gobierno hasta la noche de este jueves, en que Sanidad convocó de urgencia un consejo interterritorial extraordinario para este mismo viernes. El avance creciente del virus y la sensación de descontrol parecen haber activado, por fin, al Ejecutivo.
Cierta transmisión comunitaria
En su rueda de prensa de ayer jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, negó que el Gobierno se estuviera planteando un nuevo confinamiento en septiembre. "Son bulos que corren, pero obviamente se planteará si la evolución de la epidemia lo exige".
Simón negó también que estemos en el caso del segundo escenario. Sí se está viviendo un incremento de los casos. Según Simón, algunas comunidades parecen mostrar "un cierto grado de transmisión comunitaria".
Pero las comunidades más afectadas por la epidemia, Cataluña y Aragón, parecen, siempre según Simón, haber controlado sus brotes de forma bastante eficiente.
El responsable de la gestión de la epidemia reconoció sin embargo la posibilidad de coordinar determinadas medidas, como la de no fumar en terrazas o espacios comunes. "Si hay que homogeneizar en todo el territorio se valorará y se hará". Illa comparece ante la prensa después de su cita urgente con los consejeros, veremos.