El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, hace esfuerzos por cumplir sus “compromisos de investidura” con ERC y reunir la Mesa de Diálogo con Cataluña este septiembre, pero en privado ya asumen que no se podrá celebrar si Quim Torra lleva adelante su último órdago al Estado antes de su inhabilitación.
“Torra busca otro 2017. Con menos épica, pero volviendo a desobedecer”, explican fuentes cercanas al Ejecutivo de coalición. Este escenario impediría que en las fechas barajadas -"mediados de septiembre"- se pudiera celebrar la Mesa en un contexto de estabilidad política y normalidad institucional.
El calendario judicial, de nuevo, vuelve a marcar los tiempos de la política. El 17 de septiembre el Tribunal Supremo celebrará una vista en la que estudiará el recurso del presidente de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que le condenó a año y medio de inhabilitación por desobediencia.
La ratificación de la condena por parte del Supremo servirá a Torra y Carles Puigdemont, desde Waterloo, para volver a movilizar las calles, atizar la confrontación y recuperar el terreno perdido frente ERC, que tras su giro pragmático no está dispuesta a seguir por la senda de la ilegalidad. Al menos, en el corto plazo.
“Vía Venturós”
El plan del todavía president no se conoce. Pero entre los escenarios que se barajan está el de la vía Venturós, en alusión a la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós.
La edil de la CUP fue inhabilitada por desobediencia, pero no fue sustituida. En el caso de Torra, se traduciría en mantenerse como presidente de la Generalitat una vez suspendido de sus funciones, pero sin firmar documentos oficiales.
Esta labor recaería en el vicepresidente Pere Aragonès, de ERC. El máximo mandatario catalán ya ha manifestado en varias ocasiones que “ningún tribunal español” puede estar “por encima del Parlament” y quiere arrastrar a sus socios de Govern en este planteamiento.
A Torra le serviría para eludir un posible delito de usurpación de funciones y, al mismo tiempo, vender ante la ciudadanía que se mantiene en el cargo, aunque sea de forma simbólica.
De paso, esta estrategia vuelve a poner a ERC entre las cuerdas. Si Junts per Catalunya presenta iniciativas en el Parlament dirigidas a ratificar a Torra como president, será el propio presidente de la Cámara catalana -Roger Torrent (ERC)- quien deberá decidir si sucumbe a la presión de sus socios o acata la legalidad.
Se volvería, en consecuencia, al punto de no retorno que ahondó la división entre ambos partidos: el rechazo de ERC de investir a Puigdemont telemáticamente tras la prohibición del Tribunal Constitucional.
Y daría de facto el pistoletazo de salida a una nueva convocatoria electoral en la región, donde JxCat ya tendrá hecha parte de su campaña acusando a los de Junqueras de “aliarse con el Tribunal Supremo” y usurpar la presidencia a Torra.
De momento, tanto en Moncloa como en la Generalitat insisten en que sus respectivos gabinetes “están concretando el orden del día y la fecha para esta nueva reunión”. Sin embargo, a nadie escapa que cada día se complica más, por mucho que ERC mantenga la bandera del diálogo y sea el principal valedor y beneficiado de esta Mesa.
Autodeterminación y amnistía
En su comunicado, Torra se enrocaba en que “el orden del día debe incluir el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía". Y le recordaba al presidente del Gobierno "las citas judiciales que tiene que afrontar los próximos 17 y 23 de septiembre" en el Tribunal Supremo sobre su inhabilitación.
La Mesa de Diálogo nunca ha sido una prioridad para JxCat. Todo lo contrario. El paso de la pandemia supuso un parón a este deshielo entre administraciones que, a ojos de Torra y su equipo, solo beneficia a ERC.
El próximo pronunciamiento del Supremo sobre la inhabilitación de Torra abre una nueva oportunidad para alimentar el discurso de la "represión del Estado" contra el movimiento nacionalista. Y de paso, esquivar un nuevo encuentro entre Ejecutivos.