El escándalo de la posible implicación de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en una operación policial destinada a eliminar las pruebas de la existencia de una caja B en el PP ha obligado a Pablo Casado a colocar todas las opciones sobre la mesa.

Según confirman a este diario fuentes cercanas a la cúpula del partido, esas opciones incluyeron, durante una reunión en Génova, la suspensión cautelar de militancia a Fernández Díaz.

La medida se desechó, finalmente, al considerarse prematura debido al todavía estado embrionario de las investigaciones. También pesó la inexistencia, por el momento, de imputaciones por parte del juez que lleva el caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

La suspensión de militancia de Fernández Díaz por su presunta implicación en el espionaje a Bárcenas llevado a cabo entre 2013 y 2015 también se descartó por tres razones más.

La primera de ellas, la dificultad que plantean los Estatutos y el Reglamento de Régimen Disciplinario y de Garantías del partido para ejecutar una acción de este tipo, al exigir como requisito previo para la suspensión de militancia que el acusado haya sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial.

En segundo lugar, la evidencia de que la suspensión de Fernández Díaz sería interpretada por los medios y por la opinión pública –y esgrimida por PSOE, Podemos e incluso por los partidos nacionalistas– como una confirmación de la culpabilidad del exministro o, en el mejor de los casos, como la prueba de la desconfianza en la inocencia de este por parte de la actual cúpula del partido.

En tercer lugar, porque la suspensión del exministro del Interior pondría el foco en la militancia de Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, transformando una medida destinada a reafirmar el compromiso del actual Partido Popular con la transparencia y la lucha contra la corrupción en una bola de nieve de consecuencias imprevisibles.

El regate de Casado

"En esos años, yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el partido". Así respondió ayer martes Pablo Casado a las noticias sobre la existencia de una posible trama delictiva en el PP destinada a eliminar pruebas de delitos anteriores consistentes, según el juez, en "material documental comprometedor para altos dirigentes" del partido.

El líder popular no negó los hechos, pero apeló a la presunción de inocencia de los implicados y optó por regatear cualquier posible responsabilidad personal aludiendo a un dato sobre el que no cabe duda alguna. Mariano Rajoy nombró vicesecretario general de comunicación a Pablo Casado el 18 de junio de 2015. Una fecha que dificulta sobremanera cualquier posible responsabilidad, aunque sea por conocimiento indirecto, de unos hechos que tuvieron lugar antes de la llegada de Casado a la cúpula del partido.

Pero el regate de Pablo Casado es, según fuentes del partido, algo más que un intento de sacudirse de la solapa un escándalo que no afecta tanto al actual presidente del partido como a la propia marca del PP. "No creas que en Génova están devastados por la noticia. En cierta manera, a Casado el escándalo le permite marcar distancia con el PP de Rajoy". 

El nuevo frente judicial abierto por la decisión del juez Manuel García-Castellón de levantar el secreto de sumario de la pieza Kitchen suma, en cualquier caso, un nuevo frente a los tres que ya tiene abiertos el líder del PP en el terreno político: el acuerdo supuestamente alcanzado con Pedro Sánchez –y supuestamente roto después por el propio Casado– para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la moción de censura de Vox y el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Un escándalo ambivalente

"El pasado nunca está donde lo dejaste", decía la periodista estadounidense ganadora del premio Pulitzer Katherine Anne Porter. "El pasado nunca muere. De hecho, ni siquiera es pasado", escribió William Faulkner en Réquiem por una monja. Ambas frases hablan del pasado, pero parecen describir el presente que le espera a Pablo Casado este otoño dada la coincidencia de varios temas candentes relacionados con el futuro del PP, pero también con ese pasado popular que se resiste a morir.

Sin embargo, y según explican fuentes del partido, la operación Kitchen no sería una mala noticia del todo para un Pablo Casado al que la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo ha dejado en una posición no del todo confortable. La de demostrar que sigue siendo el Pablo Casado que ganó la presidencia del partido en julio de 2018 prometiendo romper con el marianismo, pero al que se acusa ahora desde algunos sectores críticos del partido de haberse destapado como heredero de este. 

"El problema del giro hacia el marianismo que implica la destitución de Álvarez de Toledo es que devuelve al partido al punto en el que estaba en 2018" afirman fuentes del partido. "Y si el proyecto de Casado no es el que anunció entonces y que le sirvió para ganar el Congreso Nacional extraordinario… ¿para qué está él al frente del partido y no el original, es decir Soraya de Sáenz de Santamaría?".

"Así que, en ese sentido, el escándalo que implica a parte de la antigua cúpula del partido le sirve a Casado para marcar distancia con esta y reafirmar la idea de que el suyo es un PP nuevo, 100% comprometido en la lucha contra la corrupción y sin ataduras con el pasado".

Una carencia de ataduras de la que no pueden presumir sin embargo algunos barones regionales muy críticos en el pasado con el actual presidente, como Alberto Núñez Feijóo o Juan Manuel Moreno, y que podrían haber desafiado en un momento dado el liderazgo de Casado o impulsado una alternativa a este.

Las noticias que salpican los años de gobierno de Mariano Rajoy sitúan a esos barones en una posición incómoda dada su cercanía, tanto personal como ideológica, al expresidente del Gobierno. Y de ahí que esas noticias puedan ser, paradójicamente, un oasis –al menos en el plano interno– para Pablo Casado.