Normalmente, tal como andan los calendarios, nadie hablaría ahora de la reforma de las pensiones, que tenía José Luis Escrivá apuntada en su cuaderno de bitácora como prioridad número uno al llegar al Ministerio de Seguridad Social. Pero el 15 de octubre se acerca, y en esa fecha hay que llevar el plan de reformas a Bruselas para que las instituciones de la UE den su visto bueno y puedan apretar el botón verde a los fondos de recuperación.
En la pelea que mantenía con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, designada en la cuota de Unidas Podemos, el ministro nombrado por Pedro Sánchez ha ganado el apoyo del presidente, y la reforma se hará a su manera.
La posición del Ejecutivo en el Pacto de Toledo será una sola: retrasar en todo lo posible la edad de jubilación en España. Y lo hará por dos vías, desincentivando las jubilaciones anticipadas e incentivando la prolongación del trabajo tras la edad legal de jubilación. Precisamente, lo que la ministra designada por Pablo Iglesias calificó como "el camino equivocado".
Se trata de acercar los 64,2 años de edad real media de jubilación a los 66 años legales establecidos para el año 2021. Ahora, en el equipo de Escrivá se confía en que el acuerdo en la comisión "sea pronto", porque se tienen que acelerar los trabajos a partir del inicio de octubre, "para poder abordar la reforma bajo las líneas que se anunció hace un par de semanas".
Condiciones europeas
Según confirman fuentes de Moncloa, la Comisión Europea comunicó la semana pasada a todos los Estados miembros que las recomendaciones de política económica que cada año les envía, en esta ocasión serán condiciones de obligado cumplimiento para acceder al fondo Next Generation EU. "Y todos los años nos dicen lo mismo, que urge la reforma de las pensiones", admite un portavoz del equipo de Presidencia.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Bruselas.
En su viaje a Bruselas, el pasado miércoles, Pedro Sánchez se reunió con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, entre otros altos mandatarios.
La misión del jefe del Gobierno español era, principalmente, influir lo más posible en el debate que continúa abierto para ver qué condiciones se le colocan al fondo de recuperación de la UE del que España debe recibir 140.000 millones de euros que la saquen de la crisis causada por la Covid.
Y una de esas condiciones, que la Comisión lleva años enviando al Gobierno español a modo de recomendación y ya se va a convertir en perentoria es la reforma de las pensiones: Bruselas quiere ver equilibrio en un sistema que hoy en día presenta un agujero anual de unos 17.000 millones de euros... y subiendo. Baste el dato de que el gasto total en pensiones en 2018 -que superó los 144.000 millones- es un 45% mayor que sólo 10 años antes -98.000 millones en 2008-.
Escrivá, el elegido
De hecho, ese cometido, que ya abordó a modo de estudios y propuestas cuando presidía la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), fue el que motivó el nombramiento de Escrivá a principios de año.
El vicepresidente Pablo Iglesias, junto al ministro José Luis Escrivá, en una sesión de trabajo sobre el Ingreso Mínimo Vital.
La misma pandemia de coronavirus que cambió el orden de los proyectos a su departamento y le obligó a sacar primero el Ingreso Mínimo Vital, también influye ahora en los numerosos asuntos atascados.
El ministro está centrado en negociar con los agentes sociales, mano a mano con Yolanda Díaz, para cerrar la nueva prórroga de los ERTE. Pero al mismo tiempo, el ministro de Sánchez ha tenido que lidiar con el desacuerdo básico que mantenía con la designada por Iglesias en lo tocante a las edades de jubilación.
"Alargar el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo de las personas mayores afecta a la entrada de los jóvenes en el mercado laboral", sostiene Díaz. "Decir eso es lo mismo que afirmar que los inmigrantes le quitan el trabajo a los españoles", responde una fuente desde el otro lado del Ejecutivo. "El mercado laboral no funciona así. No es verdad y punto".
"No hay café para todos"
En todo caso, el empeño de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, es equilibrar cuentas, y a fe que lo sabe Escrivá. De ahí su advertencia, en la mañana de este jueves, asegurando que no puede haber "café para todos" en el acuerdo de los ERTE porque la pandemia "no afecta a todas las empresas por igual". Y de ahí que por la noche, patronales y sindicatos se levantaran de la mesa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Tanto las fuentes de Moncloa como las de su departamento confirmaban que el martes se aprobará en Consejo de Ministros la prolongación de este instrumento, "esperemos que con acuerdo", según Seguridad Social, y "de un modo u otro", según la oficina del presidente. Fuentes de Economía ya anticipaban a este diario que la pelea en el caso de los ERTE sería larga "por complicada". La ministra de Economía quiere "casi ir caso a caso más que por sectores".
Tanto sabe el ministro de Seguridad Social que debe aplicar las directrices de Calviño que el pasado martes salió de Moncloa con menos mejoras al Ingreso Mínimo Vital de las que se llevaron a Moncloa. El Consejo de Ministros aprobó sólo que servían para agilizar la gestión de expedientes.
Pero según fuentes del lado morado del Gobierno, él e Iglesias habían acordado ampliar los plazos retroactivos y facilitar la entrada de nuevos colectivos, como mayores de 65 años sin pensión. Como afirman las fuentes de Moncloa, "hay muchos números en los Presupuestos y tienen que cuadrar".