Sánchez, decidido a impedir con el estado de alarma un éxodo masivo de la capital en el puente

Pedro Sánchez hará lo que haga falta para evitar el éxodo masivo de los madrileños este viernes por el Puente del Pilar. La casualidad temporal del calendario y el galimatías normativo por no haber abordado una reforma legal en los siete meses que han pasado desde el inicio de la crisis sanitaria han querido que la capital despierte este viernes sin restricciones a pesar de la "grave situación de la pandemia en Madrid", en palabras del ministro Salvador Illa.

A mediodía del jueves, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegaba la ratificación de las medidas impuestas por Sanidad a la Comunidad el pasado 30 de septiembre: decaía el confinamiento perimetral de Madrid ciudad además de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

En la noche del jueves al viernes, Sánchez e Illa estaban cerraban las alternativas jurídicas para controlar la emergencia que se les abría y que podría "poner en riesgo sanitario a las regiones limítrofes a Madrid", según fuentes del Gobierno. Y así, después de toda una tarde dando largas a las llamadas de Sanidad, a las 22.15 horas, Ayuso se ponía al teléfono ante la llamada de Sánchez.

Según fuentes oficiales de Moncloa, ambos tuvieron dos conversaciones. Tras regresar de Argelia y reunirse con su equipo, el jefe del Ejecutivo llamó a la presidenta regional para "abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas" revocadas por el TSJM.

En su primera conversación, siempre según Moncloa, Sánchez trasladó a Ayuso que "en este momento existen tres posibilidades".

1. Que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

2. Que Ayuso solicite la declaración del estado de alarma "para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare" y ratifique las medidas en cuestión.

3. Que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

Largas de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ante esa tesitura y en una segunda llamada, le contestó que "necesita tiempo". Fuentes de la Comunidad explicaban a este periódico que los técnicos del gobierno regional aún estaban preparando la nueva orden de medidas sanitarias, y que por eso no habían fijado la reunión del Grupo Covid-19 que comparten ambas administraciones.

En todo caso, el presidente le dio un ultimátum y le concedió solamente "hasta este viernes por mañana". Eso sí, el gabinete de Presidencia insiste, en todo caso, en que -más allá de lo que proponga Ayuso este viernes- "las medidas que se impongan serán exactamente las mismas que ya se venían aplicando". Y es que Moncloa remarca que los jueces sólo las revocaron por una deficiente "cobertura jurídica".

Así, y a falta de hora definitiva, el Consejo de Ministros extraordinario sigue convocado para este viernes por la mañana. Moncloa daba por hecho que antes habría una reunión con Madrid, mientras que el Ejecutivo regional no era capaz de confirmarlo. Según fuentes del Gobierno, Sanidad hizo "todo lo posible" por reunirse en la tarde del jueves con la Comunidad, pero tanto silencio y la actitud de sus responsables llegaron a alimentar las sospechas en Moncloa de que Ayuso buscaba forzar la situación y llegar precisamente a este desenlace: el ultimáutum.

En principio, la cita en Moncloa estaba convocada para las 8.30 horas. La premura se explicaba en la urgencia de volver a decretar unas medidas que aclaren la situación a los madrileños y limiten sus movimientos por razones sanitarias. Pero también en que inmediatamente después del Consejo extraordinario, Sánchez mantiene su viaje a Barcelona con el Rey, para la entrega de premios de la nueva edición de BNEW, Barcelona New Economic Week.

Reproches del TSJM

Fuentes del departamento de Salvador Illa explicaron a este periódico que habían estado pendientes toda la tarde de cerrar una cita con Madrid, después de que a mediodía ambos gabinetes se comunicaran. Todo esto ocurría mientras el ministro comparecía en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Allí, el ministro recibió en lenguaje político los mismos reproches que acababa de leer en terminología jurídica en la resolución judicial. Los magistrados de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM argumentaban que su orden del 30 de septiembre era "una injerencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare". Y allí escuchó a su antecesora popular, Ana Pastor, exigirle su dimisión. Entre muchos otros.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había tumbado la orden impuesta por Illa para cerrar la capital y otras nueve ciudades que cumplían ciertos requisitos sanitarios. A saber: una incidencia acumulada de más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad por PCR mayor del 10% y una ocupación por coronavirus en las UCI superior al 35%.

El error de Illa

Después de una semana de advertencias públicas de "una situación muy grave en Madrid" y de asegurar que "ya vamos tarde", y ante su insatisfacción con las primeras medidas decretadas por el Gobierno de Ayuso -el cierre perimetral de 37 áreas sanitarias y, una semana después, de ocho más- el ministro impuso su criterio en el Consejo Interterritorial de Sanidad con el voto en contra de todas las CCAA del PP menos Castilla y León.

Pero el auto judicial del jueves -en un lenguaje lleno de reproches durísimos- recordaba que el confinamiento perimetral y la consiguiente limitación de la movilidad se habrían podido haber impuesto basándose en los artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.

A esa norma se habían acogido hasta ese momento todas las CCAA al decretar confinamientos perimetrales. Sin embargo, Illa había tratado de no darle a Ayuso la baza política del victimismo por una intervención: siguió los pasos de su Plan de Respuesta Temprana -acordado con las autonomías en julio-, que prevé la aplicación de "medidas coordinadas de obligado cumplimiento en materia de salud". Pero olvidó que la reforma del artículo 65 de la ley de 2003 en que se basan éstas no puede afectar a derechos fundamentales.

Y es que él mismo lo admitía en el preámbulo del real decreto con el que había reformado la ley, el 21/2020, de 9 de junio, que en su preámbulo reconoce que "ninguna de las medidas del presente real decreto-ley afecta [...] al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos".

La solución

Como informó EL ESPAÑOL, la resolución judicial no le había dejado a Illa más camino que el estado de alarma. Los jueces le afeaban al ministro haber invocado el artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que no le otorgaba "habilitación legal alguna para el establecimiento de medidas limitativas del derecho fundamental a la libertad de desplazamiento y circulación de las personas".

En realidad, sí tenía otra salida el ministro, pero para eso le hacía falta el acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es decir, reuniendo al Grupo Covid-19 -formado tras la cumbre entre la presidenta regional y Sánchez de hace ya casi tres semanas- o habiendo logrado el consenso en la Interterritorial.

Pero, ya en vísperas del Puente del Pilar y con milies de madrileños sin saber a qué atenerse, pero con la tentación de aprovechar una última escapada en libertad, el presidente del Gobierno ha dicho basta. "Tarde" o no -como dijo Illa hace ya dos semanas-, se acaba la guerra política, se ponen por delante las medidas sanitarias y este viernes se cierra Madrid. O lo hace Ayuso o lo hace Sánchez.