La prueba del algodón de que Iglesias no respeta la democracia: sus ataques a jueces que le incomodan

No es la primera ni será la última vez que Pablo Iglesias ataca a los jueces que le incomodan con los más gruesos calificativos. 

La noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que defiende la existencia de indicios de criminalidad contra Pablo Iglesias ha desatado las iras del vicepresidente segundo del Gobierno hacia el magistrado instructor de su caso. Algo que ya viene siendo habitual en la carrera política del líder de Podemos. 

"Saben que por medios democráticos no van a hacer caer el Gobierno y juegan todas las cartas" dijo Iglesias ayer jueves durante una entrevista en RAC1. No resulta difícil interpretar sus palabras como una acusación implícita de prevaricación contra el juez García-Castellón.

A nadie han pillado sin embargo por sorpresa los ataques del vicepresidente segundo. Iglesias ha hecho de los ataques al Poder Judicial, al que desde distintos sectores de Podemos se suele identificar con el franquismo cuando no gustan sus sentencias, uno de los ejes de su actividad política.

En su cruzada contra los jueces y la separación de poderes, el líder morado suele contar con el apoyo de Juan Carlos Monedero, Irene Montero, Isa Serra, Pablo Echenique y otros escuderos del partido. Lawfare, un término anglosajón traducible por guerra jurídica, es su palabra fetiche.

Los ataques de Podemos a algunos jueces en concreto y al Poder Judicial en general han sido tantos que resulta legítimo preguntarse, un año después de constituido el gobierno de coalición, por el compromiso de Pablo Iglesias con la democracia. ¿Es su respeto al Estado de derecho sincero?

¿O es ese un respeto puramente instrumental del que el vicepresidente se desprenderá, como si se tratara de la piel de una serpiente, en cuanto la democracia deje de ser útil a sus fines? 

La que sigue es una lista de los principales choques, cada vez más frecuentes y también más agresivos, de Pablo Iglesias con los jueces y los tribunales.

Unos choques que, por primera vez en cuarenta años de democracia, enfrentan de forma abierta a dos Poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, frente a la pasividad de un presidente del Gobierno ocupado en su batalla contra el principal partido de la oposición por el control, precisamente, del Consejo General del Poder Judicial.

1. Compromiso ideológico (febrero de 2016)

Las verdaderas intenciones de Podemos en relación al Poder Judicial quedaron claras en 2016, durante las negociaciones entre PSOE y Podemos para la formación de Gobierno.

Por aquel entonces, Iglesias le exigió a Sánchez que el fiscal general del Estado, la Abogacía del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el fiscal del Tribunal de Cuentas, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueran escogidos por su "compromiso ideológico con el programa del Gobierno".

Es decir, en base a su obediencia a lo que Podemos llamó "el gobierno del cambio". 

Los jueces calificaron la propuesta, más propia de dictaduras como la venezolana o la cubana, de "aberrante". También la interpretaron de forma unánime como un claro intento de controlar al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo. Algo que no se había planteado en España, al menos de forma tan explícita, en 40 años de democracia. 

2. Humillados por el procés (enero de 2020)

Recién nacido el gobierno de coalición, Iglesias arremetió contra los jueces con una mentira. El vicepresidente segundo afirmó que "muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces" y dijo que estos habían sido "humillados" por Europa. Ambas falacias son puntos clave del argumentario nacionalista catalán.

Iglesias también despreció lo que él llamo "la judicialización" del conflicto catalán y comparó el caso de un prófugo de la Justicia como Carles Puigdemont con el de un Oriol Junqueras que en ese momento ya estaba en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Según dijo Iglesias, es "absurdo" que Puigdemont pueda ejercer de eurodiputado y Junqueras no cuando "ambos han hecho lo mismo".  

La Comisión Permanente del CGPJ respondió a Iglesias con una declaración institucional, aprobada de forma unánime por jueces de todos los signos ideológicos, en la que llamaba a la "prudencia, mesura y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de los miembros del Poder Judicial. 

3. Corruptos impunes (abril de 2020)

Tras la condena en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de Isa Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, Podemos se conjuró para desprestigiar la sentencia a base de insultos. 

"Me invade una enorme sensación de injusticia" dijo Pablo Iglesias. "En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". 

Pablo Echenique afirmó que Isa Serra había sido condenada "sin pruebas", lo que en términos estrictamente jurídicos equivale a acusar al juez de prevaricación. "Pensaba que los jueces estaban para impartir justicia" añadió luego. 

También Irene Montero e Ione Belarra salieron en defensa de Serra con el argumento de que sus delitos se produjeron mientras intentaba detener el deshaucio de una persona con discapacidad.

"Otros tienen corruptos. Nosotras a ti" dijo Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030. "Isa Serra actuó en defensa de los Derechos Humanos" afirmó la ministra de Igualdad Irene Montero.

4. Segunda amonestación del Poder Judicial a Pablo Iglesias (abril de 2020)

Poco después de la condena de Isa Serra, la Comisión Permanente del CGPJ amonestó, por segunda vez en pocos meses –algo inédito en democracia– al vicepresidente del Gobierno por sus críticas al Poder Judicial. 

Lejos de serenar los ánimos de un Podemos acosado judicialmente en varios frentes, la amonestación del CGPJ sólo hizo que exacerbar los ánimos de los muy inflamables dirigentes morados. "Cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo" dijo Jaume Asens, líder del grupo parlamentario morado en el Congreso de los Diputados. 

También Pablo Echenique cargó contra los jueces. En esta ocasión, contra Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, al que acusó de ser "habitual de bien pagados cursos en FAES" y al que espetó un "lecciones de pulcritud democráticas, las justas". 

5. Investigaciones prospectivas (agosto de 2020)

El juez Juan José Escalonilla, el encargado de investigar –a raíz de las denuncias frente a la Guardia Civil del exabogado del partido José Manuel Calvente– la supuesta caja B de Podemos con la que este se habría financiado irregularmente, decidió el pasado mes de agosto imputar al partido morado.

También llamó a declarar a Juan del Olmo, número dos de Iglesias, y a Daniel de Frutos, el responsable de finanzas de la formación.

Tras conocerse la noticia, Podemos acusó a la Justicia de lawfare, de difamación y de llevar a cabo una causa general y una investigación prospectiva.

"El juez llama a declarar hasta al apuntador y pide hasta la documentación de la vacuna del perro del primo tercero de Pablo Iglesias sin ninguna prueba más que la declaración de uno que 'escuchó' y 'sospecha' cosas y encima van y 'se pierden' 2h de esa declaración. Todo correcto" dijo Pablo Echenique. 

En la misma línea, Rafael Mayoral, uno de los portavoces del partido, acusó al juez Escalonilla de estar haciendo "cosas extrañas". También relacionó la actuación del juez con la moción de censura de Vox: "La moción necesita aderezo".   

Los jueces respondieron a los ataques de Podemos diciendo que estos sólo eran "un síntoma del miedo de los morados a la Justicia". 

6. Equipo a sueldo "para cargarse a jueces" (septiembre de 2020)

Lo afirmó Juan José Calvente en su declaración frente al juez García-Castellón. Podemos cuenta con un "equipo a sueldo" del partido cuyo objetivo es "cargarse" a los jueces y a las personas que suponen un peligro para ellos.

En ocasiones, y siempre según Calvente, esos ataques se orquestan desde La última hora, el blog dirigido por Dina Bousselham y desde el que Podemos difunde el argumentario oficial del partido y ataca a los discrepantes, ya sean estos periodistas, jueces o políticos de la oposición.

7. Un Poder Judicial "ilegítimo" y "golpista" (septiembre 2020)

La frustrada renovación de los vocales del CGPJ ha llevado a Podemos a calificar de "ilegítimo" al órgano de gobierno de los jueces.

"Tenemos un órgano de gobierno de los jueces que ahora es ilegítimo" ha dicho Jaume Asens. Asens también invitó al PSOE a no aprobar ningún nombramiento realizado por el CGPJ mientras este no sea renovado de acuerdo a los deseos de la coalición de gobierno. 

"Estamos hablando de golpismo constitucional; estamos hablando de una estrategia para derrocar al Gobierno, una operación para subvertir el orden constitucional" dijo también un Asens frustrado por la negativa del PP a poner en manos de PSOE y Podemos un Poder Judicial que se enfrenta durante los próximos meses a decisiones clave que afectarán tanto al Gobierno como a sus socios de gobierno nacionalistas.

8. Amenazas de muerte a Manuel García-Castellón (octubre de 2020)

Es el último capítulo de la conflictiva relación de Podemos y el Poder Judicial. La Policía Nacional estudia las amenazas de muerte al juez Manuel García-Castellón a raíz de su petición al Tribunal Supremo para que este investigue al vicepresidente Pablo Iglesias en relación al caso Dina.

Las amenazas al magistrado de la Audiencia Nacional proliferaron en Twitter tras conocerse su decisión de elevar el caso Dina al Supremo y fueron descubiertas por la Policía, que dio aviso al juez.

El modus operandi, habitual cuando los medios publican alguna noticia negativa sobre Podemos, coincide con el denunciado por Calvente frente al propio juez García-Castellón. El de un grupo de secuaces digitales a sueldo del partido que trabajan coordinados para desprestigiar informaciones incómodas e intimidar a los discrepantes.