Uno de los exdirectivos de la empresa malagueña de Isofotón ha dado plantón este jueves a la jueza de Sevilla que investiga la concesión de casi 38 millones de euros. Estas ayudas fueron tramitadas, entre 2010 y 2012 en avales y préstamos, desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la Junta de Andalucía, a la citada compañía, que acabó arruinada y cerrada.
En concreto, ha alegado en un recurso que tenía un viaje de negocios de Panamá (país donde reside) a México D.F, una circunstancia que la jueza había rechazado en una primera instancia al no constituir "una causa legal de suspensión".
El montante total de estas ayudas asciende a 80 millones de euros entre los años 2005 y 2012, a través de avales e incentivos directos a fondo perdido, cuando gobernaban Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos están condenados por el caso ERE por la Audiencia de Sevilla. Los investigados ascienden a 40 personas, 37 de ellos exresponsables y ex altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos exconsejeros, exviceconsejeros en materia de Economía y un sobrino de Felipe González.
Ángel Luis S. S., estaba citado desde finales de julio para declarar como investigado en esta causa, fecha en la que presentó un primer escrito justificando su ausencia. Ante la negativa judicial, según reza en el documento consultado por EL ESPAÑOL, el expresidente de Isofotón interpuso un recurso de reforma en la que solicitaba que pospusiera su declaración al 1 de noviembre. Como la jueza no ha resuelto aún esta petición, no se ha personado en el juzgado.
Junto a su hermano Diego S.S., exvicepresidente de la empresa, ambos han sido los dos primeros en ser citados para declarar, pero este tampoco ha comparecido y no ha presentado ningún justificante sobre su ausencia. Quien sí ha declarado este jueves ha sido Óscar L., apoderado de la compañía.
El 'dumping' chino
Durante su comparecencia el apoderado de la compañía ha defendido que entre 2010 y 2011, cuando la agencia IDEA le concedió los casi 38 millones, la situación de la empresa era viable, "facturaba muchísimo". Es más, la confianza en su continuidad era "plena", según han informado fuentes judiciales.
A preguntas de las defensas, el investigado ha señalado que las expectativas de facturación se fueron al traste a finales de 2011, cuando China empezó a practicar dumping -esto es, a vender por debajo del precio de mercado para eliminar a los competidores- a las empresas europeas con una producción masiva de paneles solares.
Tras ello la empresa malagueña presentó un concurso voluntario de acreedores en junio de 2013 ante la negativa de las entidades financieras a refinanciar la deuda. No obstante, ha asegurado que entre sus funciones no estaba la negociación con la agencia IDEA ni con la Junta de Andalucía."Era un mero administrativo".
Por último, ha asegurado que los avales se utilizaron para "la finalidad para la que fueron solicitados" en un contexto de crisis general en el año 2008.
Sin embargo, la jueza considera que presentaban "graves irregularidades" relativas a la inadecuación del procedimiento en la concesión de tres de los avales, todos ratificados por el Consejo de Gobierno de la Junta. De ahí que haya solicitado sus actas entre 2005 y 2015 a la Consejería de Presidencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción.