La reforma del CGPJ que impulsa Podemos traiciona el programa con el que Iglesias pidió el voto

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que registraron PSOE y Unidas Podemos en el Congreso el pasado martes no sólo es una vuelta de tuerca a la politización de la Justicia que amenaza la separación de poderes. También es una traición de los de Pablo Iglesias a los postulados que lleva defendiendo desde su fundación y, concretamente, a la propuesta que consignaba en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones del 10-N de 2019.

La formación morada siempre criticó "el reparto de sillones entre la casta política". El ahora vicepresidente segundo pasó de calificar al "régimen del 78" como "un candado" que había que romper a defender la Constitución como base de su programa electoral, cuyo peso principal estaba en los llamados "derechos sociales" que ahora dan nombre a su Ministerio.

Sin embargo, su lucha contra el bipartidismo que "se repartía los sillones" se ha convertido en una participación interesada en la distribución de puestos por designación, ahora que está en el poder. El programa electoral de Podemos planteaba una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, pero para "reforzar su independencia". Así el modelo con el que Iglesias pidió el voto era "un sistema de elección directa por la ciudadanía", y no el reparto por cuotas en las dos Cámaras del Parlamento. Y menos rebajando la mayoría necesaria de tres quintos a la mitad más uno. 

De hecho, según fuentes del Gobierno, lo más curioso es que ha sido la "mucha presión de Podemos" la que ha impulsado esta iniciativa en la que el PSOE está siendo igual de infiel a lo que propuso a sus electores. El PSOE planteaba simplemente "promover los acuerdos parlamentarios que permita la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes".

Fuentes de la formación morada explican a este periódico que su propuesta se basa en que "la Justicia emana del pueblo" y que éste "está representado por las Cortes Generales". En todo caso, admiten que Iglesias y los suyos habrían querido sacar adelante su propuesta "pero el peso de 35 diputados sirve para esto".

"Pluralidad y transparencia"

Lo cierto es que el programa de Podemos ya admitía que su idea requiere de una "necesaria reforma constitucional". Y que entretanto "mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales". Y las fuentes consultadas apuntan a que "ahí encaja lo que hemos hecho". Pero lo cierto es que la frase continuaba explicando que esa mejora sería para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las 12 vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía".

Nada de esto está recogido en la proposición de ley presentada este martes por Adriana Lastra y Pablo Echenique. 

Otras fuentes de Podemos consultadas por este diario niegan de todo punto que esta reforma vaya contra el concepto de la democracia liberal. Su razonamiento, tras poner su firma en esta proposición de ley, es el siguiente: "La Justicia debe emanar de la soberanía popular, que está representada en el Congreso". Cuando, ante esta respuesta, se inquiere acerca de la posibilidad de que un Gobierno -sea cual fuere su color- controle siempre la Justicia, rebaten: "Ocurriría igual que con el Ejecutivo".

Estas mismas fuentes confirman que la coalición PSOE-Podemos no tendrá, a priori, dificultades para sacar adelante esta reforma gracias a los votos de los partidos nacionalistas. "Ya hemos testado la buena predisposición de Esquerra Republicana y Junts". Y es que, tal como informaba EL ESPAÑOL este miércoles, Sánchez ha negociado con las formaciones separatistas el apoyo a esta reforma.

Mayoría cerrada

En la tarde del miércoles, este diario confirmó el apoyo del PNV también a la proposición de ley. Los nacionalistas vascos, que tradicionalmente ha contado con un asiento en el reparto -actualmente, Enrique Lucas se sienta entre los 20 vocales a propuesta del partido peneuvista-, hacían "un llamamiento al sentido común para que pueda pactarse la renovación de los órganos constitucionales, en especial del CGPJ, de acuerdo al sistema actual".

Pero aunque no considera del todo "idóneo modificar las mayorías para renovar el órgano de gobierno de los jueces", sí apoyarán el texto "para acabar con el obstruccionismo y bloqueo al que algunos han abocado al órgano de gobierno del Poder Judicial".

Y todavía no se ha producido la negociación con Errejón ni Equo, aunque Compromís ya ha comprometido su voto.

La cuestión es: ¿Sánchez realmente está dispuesto a sacrificar el consenso para lograr desbloquear la renovación del CGPJ a su libre albedrío? Los de Iglesias no tienen duda. Un dirigente de la formación morada, en charla con este periódico, insiste en que la reforma no es un chantaje al PP: "Ellos no quieren hablar. No están dispuestos". Por su parte, Pablo Casado ya ha aclarado que no se dejará "chantajear".

Sobre el precedente de Polonia, la dirección de Podemos tampoco se muestra preocupada. Reiteran que no hay peligro de que Europa reaccione igual que lo hizo ante el Gobierno de Varsovia: "No sabemos lo que pasó allí, pero no hay peligro". La Unión, si considerada vulnerados sus principios, a largo plazo, podría castigar a España con la privación de voto en el Consejo y, a corto, con la negación de ayudas del fondo de recuperación.