Expertos remunerados e independientes que juzguen la gestión política de la Covid: el plan de Cs

"¿Por qué España es el sexto país del mundo con más muertes por coronavirus en relación al millón de habitantes? Sólo nos superan Chile, Brasil, Bolivia, Bélgica y Perú. ¿Por qué nuestro país lidera el número de casos en la Unión Europea y, además, se sitúa entre los Estados con más contagios durante el mes de agosto? ¡Nueve de las diez regiones europeas más afectadas por la pandemia son españolas!".

Estos son algunos de los interrogantes que guían la última propuesta de Ciudadanos: diseñar un comité de expertos que audite la gestión del Gobierno y las Comunidades Autónomas.

La iniciativa, que se votará tanto en el Congreso como en el Senado, es cristalina: aunar científicos nacionales e internacionales de primer nivel para escudriñar las políticas públicas llevadas a cabo por Moncloa y los Ejecutivos autonómicos en relación a la Covid-19.

Por tanto, Ciudadanos también aceptaría auditarse a sí mismo, teniendo en cuenta que forma parte, en coalición, de los gobiernos de Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León.

"Somos el país con más casos de contagios entre el personal sanitario debido a la falta de protección durante la primera ola de la pandemia y tenemos menos de la mitad de los rastreadores que los organismos sanitarios recomiendan", aduce el texto remitido por los liberales a las Cortes.

Marina Bravo es secretaria general de Ciudadanos y una de las mentes pensantes tras esta propuesta. En conversación con EL ESPAÑOL, señala que el objetivo primordial de la auditoría "no es la búsqueda de culpables", sino el "hallazgo de soluciones".

De sus palabras se desprende que Ciudadanos no busca sancionar a los gobernantes: "Queremos que los expertos detecten los fallos cometidos hasta ahora y alumbren propuestas que los corrijan".

"No, no habría mecanismos sancionadores. Para eso ya está la justicia. El comité estudiaría las compras de material sanitario, el número de rastreadores y todo lo que tenga que ver con la gestión", aduce.

Con un comité de expertos de este calado, por ejemplo, se podría diagnosticar qué ha ocurrido con aquel acuerdo anunciado por Sanidad en agosto según el cual iban a dedicarse 2.500 millones de euros a la compra de batas, mascarillas, guantes y test.

El sistema de elección de este tipo de órganos es una de las claves. Véase lo que ahora sucede con los vocales del CGPJ. Bravo especifica que la intención de Ciudadanos pasa por que sea la propia comunidad científica quien los escoja, aunque no se opondría a que la terna fuera luego ratificada por las Cámaras.

"La proporcionalidad y las propuestas de los partidos deberían ser secundarias. No estamos en eso. No se trata de que cada uno tengamos nuestra cuota, sino de que estén los mejores", apostilla Bravo.

¿Y qué hay de la financiación? La secretaria general de Ciudadanos se inclina por huir, en este caso, de la colaboración desinteresada: "Por un lado, el trabajo de investigación requiere de recursos. Y por otro, lógicamente, habría que pagar a los investigadores para que, así, en última instancia, pudiera evaluarse su trabajo".

De momento, ninguna formación ha desvelado el sentido de su voto a la propuesta de Ciudadanos. ¿Tienen esperanza en aprobarla? "Es muy difícil que un partido, en esta situación, pueda oponerse a una auditoría independiente".