La Comisión Europea redobla la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que retire definitivamente su proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una iniciativa que a juicio de Bruselas aumentará la influencia del poder legislativo sobre el poder judicial y politiza todavía más el órgano de gobierno de los jueces.
El comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, ha trasladado personalmente su inquietud a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Le pide además explicaciones adicionales sobre la reforma promovida por el PSOE y Unidas Podemos, que rebaja de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los vocales procedentes de la judicatura.
La conversación telefónica se produjo el miércoles por la tarde a petición de González Laya, según ha informado el Ejecutivo comunitario. Apenas unas horas después, Sánchez ha anunciado, durante el debate de la moción de censura de Vox, que congela temporalmente la reforma para negociar con el PP la renovación del CGPJ con las reglas vigentes. La presión de Bruselas empieza a surtir efecto, aunque sea de forma parcial.
Durante la conversación telefónica, González Laya explicó al comisario de Justicia el proyecto del PSOE y Unidas Podemos. "El comisario le recordó nuestra posición clara sobre la necesidad de reforzar la independencia judicial y garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización y le pidió más información", ha confirmado a EL ESPAÑOL el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wiegand.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, conversa con su homólogo italiano durante su última reunión en Bruselas
El Ejecutivo comunitario ha insistido además en que cualquier reforma del sistema judicial debe hacerse consultando con todos los actores relevantes, incluido el Consejo de Europa. "Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida", resaltó la Comisión la semana pasada.
El Consejo de Europa, en contra
Precisamente, el GRECO -el organismo del Consejo de Europa creado para mejorar la lucha contra la corrupción en los Estados miembros- envió este miércoles una carta al Ministerio de Justicia en la que indica que la iniciativa legislativa que ha presentado PSOE y Podemos va en la dirección contraria a las recomendaciones que se vienen dando a España desde hace años.
La reforma propuesta "se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos de la judicatura y la elección de sus miembros y puede dar lugar a una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa", asegura la carta, firmada por Marin Mrčela, el presidente del GRECO.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido con "preocupación" las amonestaciones de Bruselas y Estrasburgo por la reforma del CGPJ. Pero considera que se deben a una mala interpretación de la iniciativa legislativa, que "cumple los estándares europeos sin ninguna duda", explican fuentes gubernamentales.
Además, la congelación anunciada por Sánchez este jueves no es definitiva. El Gobierno tiene previsto reactivar de nuevo el proyecto de ley si las negociaciones con el PP de Pablo Casado fracasan. Su prioridad sigue siendo renovar el CGPJ, cuyo mandato lleva ya dos años caducado.