Pablo Iglesias ha logrado la triangulación del círculo. Después de liar al PSOE en dos "manifiestos" en los que trataba de acogotar al PP, apelando a bellas palabras como "desbloqueo" y "democracia", el vicepresidente segundo del Gobierno ha impulsado un tercer papel que busca acorralar al presidente Pedro Sánchez. En plena negociación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el líder morado vuelve el instrumento recién inventado en contra de su socio socialista para presionarle con una intervención del mercado libre que permita la fijación de precios máximos en los alquileres.
La propuesta, ya de por sí polémica y sobre la que los expertos advierten de que podría lograr el efecto contrario al buscado -en lugar de detener la subida de los pagos a los arrendadores, impulsarla además a través de economía sumergida-, es una bandera de Unidas Podemos desde su fundación.
Lo cierto es que el PSOE firmó apoyar esta idea en el pasado. Tanto en el borrador de los Presupuestos no natos de 2019 -los bautizados como los más de izquierdas de la historia- como en el acuerdo de coalición de enero de 2020. Pero ya se negó a cumplir en la anterior legislatura y ahora, tras la pandemia, los socialistas alegan que "España no es la misma que antes del virus". Fuentes del lado morado del Gobierno admiten ese diagnóstico, pero explican a este periódico que "por eso mismo, ésta es una de las medidas que más urge cumplir".
Esta coalición de partidos favorable a la regulación urgente de los alquileres, explican las fuentes de Unidas Podemos, se suma al manifiesto que acaban de impulsar más de 9.000 organizaciones, que representan a sectores muy diversos de la sociedad civil. Entre ellas figuran algunas como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, FACUA, la Confederación de asociaciones vecinales o el Consejo de Juventud de España.
Este viernes, se ha presentado un manifiesto que une a toda la llamada "mayoría de la investidura" sumando al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, y restando al PSOE, en apoyo de una reivindicación que ya la semana pasada dejó caer Iglesias que sería la piedra de toque de su acuerdo con el PSOE.
El líder morado se reunió con su secretaria de Estado, Ione Belarra, y representantes del citado sindicato, en la sede de la Vicepresidencia y le dieron carácter público a la cita.
Los PGE, encallados
Durante la semana se han sucedido las reuniones del otro secretario de Estado del vicepresidente segundo, Nacho Álvarez, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero no han avanzado en "ese 10% de flecos" que ya hace tres semanas decía la también portavoz que quedaban por cerrar: los impuestos.
Unidas Podemos quiere cumplir lo firmado en el acuerdo, y hacerlo ya. El PSOE sigue mirando a Ciudadanos, como vía para rebajar las pretensiones moradas y como aval ante Europa, ahora que los socios de la UE elevan sus dudas sobre España y prometen imponer condiciones más duras a la libración de fondos de las ayudas a la reconstrucción. Y la cosa no avanza. Así que Iglesias ha vuelto en contra de Sánchez un invento al que le invitó en sus dos primeras ediciones: el "manifiesto".
Unidas Podemos, Esquerra, Bildu, Junts, PNV, la CUP, Compromís, BNG, Más País... todos los grupos con los que Sánchez prometió a Iglesias sacar adelante los PGE "como plan A", se han unido a este documento para reclamar la intervención del mercado del alquiler. "La medida no sólo es buena y urgente para muchos españoles", aclaran desde el lado morado del Gobierno, "es que políticamente es conveniente, porque también acercará a muchos de estos socios estratégicos al acuerdo".
Los antecedentes
Pero es, sobre todo, una jugada a tres bandas de táctica negociadora por parte de Iglesias.
Hace ahora casi un mes, y por iniciativa de Unidas Podemos, "una mayoría parlamentaria" exigió al PP el "desbloqueo de las instituciones". Se inauguraba un artefacto político extraño, el del "manifiesto" de partidos políticos parlamentarios para tomar posición política... y por primera vez, el PSOE unía su sello al de Esquerra, Bildu y JxCat, es decir, independentistas de todo pelaje, entre el golpismo y la herencia etarra.
La cosa se tradujo, inmediatamente, en una iniciativa conjunta de los de Pablo Iglesias y los de Pedro Sánchez para modificar la ley del Poder Judicial. Pero una reforma en sentido contrario al indicado por la Comisión Europea, en su informe sobre el cumplimiento del Estado de derecho, o por el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.
A pesar de ello, la presión recíproca desde el lado del Gobierno a los populares y desde los de Pablo Casado al Ejecutivo movilizando incluso al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders -que pidió explicaciones-, la reforma se "detuvo" este jueves.
Hace ahora dos días, el papel se reprodujo en mitad de la moción de censura de Santiago Abascal al presidente. Tras la primera mañana de debate, y tras una semana de trabajos, Jaume Asens lograba que la llamada "mayoría de la investidura" atara un cordón sanitario en torno a Vox, PP y Ciudadanos "en defensa de la democracia". El histórico PSOE unía su destino a los mismos grupos -sumando incluso a las CUP- y desde las filas de Unidas Podemos se filtraba a la prensa que este segundo "manifiesto" consolidaba "los socios que sacarán adelante los Presupuestos".
Iglesias lo recordó en alto, en el turno de palabra que se guardó para intervenir en "la guerra civil de las derechas" en la mañana del jueves de la moción. Pero al tiempo que instaba a estos firmantes a "la verdadera transición que democratice este Estado", se daba cuenta del error de cálculo al mezclar ambas cosas. Porque Casado tuvo la oportunidad de demostrar su centralidad, lanzando las mismas invectivas hacia su extrema izquierda que acababa de derramar sobre su derecha extrema.
Y así, aunque se trataba de acorralar al PP de Casado, ahora el gran atrapado es el PSOE de Sánchez. Cierto que tiene el BOE en las manos, y el colchón de la Moncloa bajo sí, pero tras colocar el logo del partido en esos dos "manifiestos", Iglesias ahora le saca un tercero, con los mismos firmantes menos él y le presiona para que los Presupuestos sean los que quiere Unidas Podemos y no los que le permitirían a Sánchez contar -como quiere- con Arrimadas... única vía -de forma y contenido- para recibir el aval de la Unión Europea, aun escamada por lo del CGPJ.