El juez imputa un delito al administrador de Unidas Podemos por distraer dinero en el 'caso Neurona'

Al día siguiente de que José Manuel Calvente lograra que Podemos admitiera que nunca hubo acoso sexual y que, por tanto, su despido hace ahora un año fue improcedente, este periódico ha podido confirmar la imputación del administrador de la coalición electoral de los de Pablo Iglesias por un delito de distracción de dinero en el llamado caso Neurona.

Concretamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado llamar a declara en condición de investigado a Carlos García Ramos, en tanto que administrador de esta formación el próximo 13 de noviembre.

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad SL [...] no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las Elecciones Generales del 28 de abril de 2.019 y calificable como gasto electoral".

"Delito electoral"

Se basa Escalonilla en el contrato formalizado con el partido político Podemos en fecha 6 de mayo de 2019. Pero sobre todo en que el borrador del contrato tiene fecha de 25 de febrero, a pesar de que la empresa no se constituyó mediante escritura pública hasta el 19 de marzo de 2019. Es decir, tres semanas después.

Según el auto, "consta indiciariamente acreditado que el precio fijado en dicho contrato, por importe de 363.000 euros, fue satisfecho desde la cuenta electoral de la Cuenta de Ingenieros [número], titularidad de la coalición electoral Unidas Podemos". Y que por tanto, "dichos hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral". 

José Manuel Calvente, excoordinador del equipo legal de Podemos, y Pablo Iglesias, líder del partido.

Así, García Ramos sería presuntamente autor de "un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General". Éste es un delito especial, explica el juez, "que sólo puede ser cometido por los administradores generales de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales".

Se da la circunstancia de que esta investigación en el 42 de Instrucción de Madrid tiene su origen también en una denuncia de José Manuel Calvente. El excoordinador de los servicios jurídicos de Podemos fue despedido a finales del año 2019 del partido, cuando según su versión, trataba de investigar irregularidades internas y la dirección del partido le negaba los documentos requeridos. 

Acumulación de casos

La razón alegada por Podemos para resolver su contrato fue una acusación de acoso laboral con motivación de género -acoso sexual- a una compañera del servicio jurídico.

Concretamente a Marta Flor Núñez, que es la actual letrada de Dina Bousselham en la investigación del caso Dina, que se ha vuelto en contra de Pablo Iglesias, por el robo de la tarjeta del móvil de la exasesora del vicepresidente segundo del Gobierno. Núñez era también la abogada de Iglesias hasta que el magistrado les obligó a separar sus representaciones leglaes.

Ahora, Podemos ha admitido que nunca hubo ese acoso y que el despido de Calvente fue improcedente. El letrado renunciará a pedir la nulidad del despido y finalizará así su relación con el partido liderado por Iglesias, del que recibirá una indemnización. "Finalmente Podemos ha reconocido que mi despido fue improcedente y que no existían las causas que alegaron para cesarme, es decir, que el acoso sexual contra mi excompañera de trabajo jamás existió", explicó el abogado en un comunicado.

Y todo ocurre en los mismos días en los que el secretario de Acción de Gobierno de Podemos y portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ha sido condenado en firme por la contratación irregular de su asistente.

Según avanzaba este martes El Heraldo y han confirmado fuentes del Tribunal Supremo y del equipo de Echenique, éste decidió acumular estas noticias jurídicas perjudiciales para el partido, desistiendo del recurso antes de que se hubiera decidido sobre su tramitación, con lo que deberá pagar la multa, que asciende a 11.040 euros.