Iglesias encarece la factura a Sánchez con otro "escudo social": no más desahucios ni cortes de suministros

El final del confinamiento supuso la hora en la que Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno, llamó al orden y empezó a trabajar en la recomposición de las cuentas del Estado. Con Pablo Iglesias de frente, el Consejo de Ministros del 29 de septiembre empezó a recortar el "escudo social" porque, aunque en el Ministerio de Economía se da por bueno un curso absolutamente desequilibrado, "esto sólo se puede sostener si es temporal".

Ahora, el vicepresidente segundo quiere buscar resortes legales para parar los desahucios "que se siguen produciendo, aunque están prohibidos", según recuerdan fuentes de su entorno; estudia cómo forzar incluso a la Sareb a que entregue sus pisos a los servicios sociales; y presiona para volver a prohibir los cortes de suministros. Además, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, ha diseñado un nuevo subsidio para parados sin prestación.

El año 2020 se cerrará con un déficit histórico y una deuda disparada, sin reglas fiscales por mor de la manga ancha concedida por la Unión Europea con la cláusula de salvaguarda, y con unos datos de paro maquillados porque ni el SEPE ni la Encuesta de Población Activa (EPA) incluyen a los más de 700.000 españoles que están todavía en el limbo de los ERTE... pero su liderazgo en el equipo económico de Moncloa la coloca en la posición de "señora del no".

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. EP

En las últimas fechas, la tensión tradicional entre su equipo y el que lidera Iglesias se ha reproducido, recrecido y convertido en un "verdadero enfrentamiento". Así lo refieren fuentes del Gobierno a este periódico desde que, hace ahora un mes largo, la desescalada llegó a la protección social, tal como interpretan desde el lado morado del Ejecutivo.

Pero Iglesias está decidido a redoblar la ofensiva, más ahora que Pedro Sánchez ha declarado un nuevo estado de alarma. E incluso con más razones cuando el toque de queda amenaza con quedarse corto, como ya ha demostrado la petición de Asturias -con Gobierno socialista-, reclamando la vuelta al confinamiento domiciliario.

"Proteger más"

Después de trabajarlo con el propio Iglesias durante el fin de semana, Díaz llevará al Consejo de Ministros de este martes un nuevo subsidio para parados. La idea, según fuentes de Unidas Podemos, es "proteger" a quienes han perdido sus derechos de desempleo durante la pandemia con una ayuda de 430 euros mensuales.

Al cierre de esta edición aún no estaba claro que la medida tuviera el consenso del lado socialista. El Consejo de Ministros estudiará si debe cubrir desde marzo a junio o llegar hasta finales de septiembre. Si hay acuerdo, habrá subsidio; si no, bronca.

Ése es el primer paso, y la primera pelea después de que, a un día de que caducaran algunas de las medidas excepcionales ideadas durante el confinamiento, el Gobierno renovara a la baja su decreto de medidas socioeconómicas. Estaban las cifras de Incidencia Acumulada en 294,04 de media en España, y ya anunciando -con una curva al alza- el octubre que se nos vino encima. Pero los focos del Ejecutivo se centraban en la disputa con Madrid. 

Mientras Salvador Illa daba un ultimátum y se peleaba con Isabel Díaz Ayuso saliendo a todas horas en televisión, en los despachos del Gobierno se libraba una batalla a escondidas. Representantes de Unidas Podemos presionaban a los del PSOE, pero fracasaban en su empeño. El "escudo social" aguantó sólo seis meses, pero desde ese día, se redujo: se acababa la prohibición a los cortes de suministros domésticos y la moratoria a los créditos hipotecarios.

Rápido y confuso

Aquel día, el decreto se aprobó en una rápida lectura en el seno del Consejo de Ministros, según revelan fuentes conocedoras de lo acontecido en la reunión del Gobierno. Y el propio vicepresidente segundo creyó que había ganado alguna de las batallas libradas, hasta que se percató, ya al final de la cita en Moncloa.

Incluso, la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, dio lectura a los acuerdos de un modo muy confuso, dejando para el final el cambio en el "escudo social", y dando a entender que se mantenían las prohibiciones de corte de suministros a "aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social" que no paguen sus facturas.

Pablo Iglesias, separado por María Jesús Montero de Nadia Calviño, en la Moncloa. Efe

La prohibición se había decretado en el Real Decreto 8 /2020 del 31 de marzo en que Iglesias y Calviño comparecieron juntos con los periodistas confinados en sus casas y la Secretaría de Estado de Comunicación, todavía, filtrando las preguntas que se pasaban a los representantes del Gobierno. Después, se amplió a todos "los consumidores personas físicas en su vivienda habitual" en el Real Decreto 26/2020 del 7 de julio "excepcionalmente, hasta el 30 de septiembre de 2020".

A partir de entonces, el equipo de Iglesias se puso a trabajar en un plan para recuperarlos. "Es una locura, justo ahora que llega el invierno, permitir que a los más vulnerables se les corte la calefacción a gas o electricidad, o incluso el suministro de agua", apuntan las fuentes. E Iglesias ya está presionando para revertir la decisión. 

Ataque por los flancos

Este lunes, los portavoces de Podemos lanzaban el ataque en rueda de prensa. Rafa Mayoral e Isa Serra sólo comparecen cuando toca un ataque por los flancos. Y como habían hecho a finales de agosto -"somos incompatibles con unos Presupuestos en los que esté Ciudadanos y el PSOE lo sabe"-, esta vez tocaba cercar al Ejecutivo por "los desahucios sin alternativa habitacional y los cortes de suministros".

Para el diputado de Unidas Podemos, "nuestro socio de Gobierno debe reflexionar para dar pasos, y que las instituciones se pongan del lado de las mayorías sociales". En el mismo discurso, instaba "al conjunto de las entidades financieras y fondos", en este caso no los llamó buitres, "para que renuncien a la violencia contra la población vulnerable".

Según Mayoral, no tiene un pase que "los colectivos estén rellenando los huecos del escudo social poniendo sus cuerpos", intentando evitar desahucios y reclamando la protección de quienes no pueden pagar el gas, la electricidad y el agua. "Si hay que lavarse las manos, si hay que estar en casa para evitar los contagios, no se pueden hacer desahucios ni cortar suministros".