El Boletín Oficial del Estado del 5 de noviembre trajo consigo una medida inesperada. El texto anunciaba un plan de actuación del Gobierno contra la "desinformación" a través del control de distintos canales de comunicación: medios digitales y redes sociales entre ellos.
El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Carmen Calvo, fue quien redactó la orden. Ésta señala que los ciudadanos deben tener acceso a una "información veraz y diversa que se ve cada vez más amenazada por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de información falsa que quiere influir en la sociedad".
De este modo, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se arroga la potestad de luchar contra las fake news y las campañas de desinformación que busquen "desestabilizar las instituciones o procesos electorales". Una tarea para la que Moncloa no cuenta con los miembros de Unidas Podemos.
Y es que, si se atiende a la composición del comité contra la desinformación, los socios del PSOE en el Gobierno de coalición han sido excluidos. Premeditadamente. De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la formación de extrema izquierda no tenía conocimiento de que se fuese a crear dicha comisión.
La estructura del comité contra la "desinformación" es la siguiente: Consejo de Seguridad Nacional, Comité de Situación, Secretaría de Estado de Comunicación, Comisión Permanente contra la desinformación, Autoridades públicas competentes y el sector privado.
De todos estos órganos, ninguno es competencia directa de Podemos, que ni siquiera estará presente en la Comisión Permanente contra la desinformación que el Gobierno de España creará ex nihilo.
En esta comisión, compuesta por órganos exclusivamente gubernamentales, sí está el Centro Nacional de Inteligencia. Y recordemos que el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, forma parte de la comisión que controla el CNI desde el pasado mes de febrero, gracias a un decreto ley del Gobierno en pleno estado de alarma.
Sin embargo, fuentes de la formación morada admiten que el propio Iglesias no tendrá voz ni voto en esta Comisión Permanente, en la que presumiblemente estará la directora del CNI Paz Esteban López.
Iglesias y el control de medios
La decisión de Pedro Sánchez de no informar a Podemos de la creación de una comisión de control a los medios no ha sentado bien en el seno de la formación. Sobre todo, teniendo en cuenta que esa es una de las obsesiones monolíticas de Pablo Iglesias.
En una entrevista concedida en 2013 a GalizaAnoZero.tv Iglesias defendía así el control del Estado sobre los medios de comunicación: "Si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados".
Para más inri, cuando Iglesias se refiere a la desinformación suele ser para atribuírsela exclusivamente a la "ultraderecha". En otra entrevista concedida en abril a La Sexta, el vicepresidente segundo aseguraba que "la mentira el bulo y la manera en la que está actuando la ultraderecha política y mediática daña lo más valioso que tenemos que es lo común, la defensa de lo colectivo y la defensa de la legalidad y las reglas institucionales".
"Censura"
Desde Moncloa justifican la orden ministerial alegando que se enmarca dentro de las directrices europeas para combatir el fenómeno de las fake news. "El plan de la Unión Europea considera necesaria una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos de nuestras sociedades", sostienen fuentes gubernamentales.
"En ningún caso se vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer informaciones", aseguran desde Moncloa. Sin embargo, no son pocas las voces críticas que advierten del peligro de otorgar tales competencias al Gobierno.
La Asociación de Prensa de Madrid ha emitido un comunicado que expresa su preocupación por "dejar en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos".
La mayor asociación de periodistas de España señala que "el riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad": "Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos".
"La APM siempre ha defendido que la mejor ley de prensa es la que no existe, es decir, que la excesiva regulación supone una merma de libertad, por lo que abogamos por la autorregulación", zanja el comunicado.
También la Asociación de Medios de Información (AMI) ha expresado su "profunda preocupación" por la noticia. En opinión de la asociación, la iniciativa del Gobierno podría suponer "en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución". Éste establece el "derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción".
El PP pide comparecencia
También el Partido Popular se ha manifestado contra lo que su dirigente Pablo Casado ha calificado como "una orden para vigilar a los medios" y para "perseguir" lo que el gabinete de Sánchez considere desinformación.
En este sentido, los populares han exigido la comparecencia urgente de Carmen Calvo e Iván Redondo para explicar la intención del Gobierno de controlar la "desinformación" a través del control de los medios de comunicación.
"Pedimos explicaciones en las Cortes y si no rectifican recurriremos a Europa", ha anunciado Casado. En esta línea, el europarlamentario popular Esteban González Pons sostenía que "es mentira que el control de medios de comunicación venga de Bruselas".
En oposición a lo que sostienen desde Moncloa, González Pons asegura que "la norma europea es contra el terrorismo" y que "está bloqueada precisamente por la oposición del grupo socialista". "La UE reaccionará", ha advertido.