Desde que el PSOE gobierna en coalición con Unidas Podemos, formación con la que Pedro Sánchez aseguró que jamás pactaría porque "no podría dormir por la noche", la política de los socialistas ha ido tomando una deriva que se ha materializado en pactos antes impensables.
El Partido Socialista ha adoptado como compañeros de viaje no sólo a la izquierda radical, también a los nacionalistas y a Bildu, una formación que aúna las dos características previas pero que cuenta con la particularidad de acoger en su seno a quienes no condenan el terrorismo de ETA.
De este modo, y a base de concesiones, el PSOE de Pedro Sánchez ha erigido un bloque de izquierdas difícilmente espugnable, que cuenta con la mayoría del Hemiciclo para sacar adelante sus propuestas contra la voluntad -en la mayoría de las ocasiones- del centro-derecha y de los partidos regionalistas.
La presencia en el Gobierno de Unidas Podemos ha propiciado esta deriva, ejerciendo de pegamento entre los socialistas y las formaciones más radicales. Esto se evidenció en la reforma del CGPJ: cuando el Gobierno se aseguró los votos de PNV, Compromís, ERC y JxCat para controlar el nombramiento de jueces sin contar con formaciones constitucionalistas. Sólo ante el tirón de orejas de Bruselas, Sánchez reculó y ofreció a Casado un acuerdo.
Ahora, tras el reciente pacto con ERC para eliminar el castellano como lengua vehicular en Cataluña, EL ESPAÑOL recoge nueve acuerdos con los radicales que demuestran que el PSOE de Sánchez es otro PSOE.
1. Suprimir el español
El pacto más reciente y uno de los que ha suscitado mayor polémica. El Gobierno, conformado por PSOE y Unidas Podemos, ha acordado con ERC suprimir el español como lengua vehicular de la enseñanza. Una medida incluida en la ley Celáa que viene a derogar la Ley Wert.
La enmienda se votó este pasado jueves en el Congreso, cuando tuvo lugar la ponencia de la Lomloe. Entonces, los proponentes defendieron que se elimine la redacción original de la ley aprobada por el Partido Popular, que rezaba: "El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares".
El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez la cambiará por otra más ambigua. Todo ello en aras de satisfacer a los separatistas ahora que Moncloa quiere asegurarse su voto favorable de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
La fórmula ambigua que el Gobierno ha pactado con ERC.
Esto, a pesar de que los tribunales llevan desde 2014 exigiendo que se cumpla el mínimo obligatorio de 25% de horas lectivas en castellano. Para más inri, los juristas consideran que la medida es "inconstitucional", una "barbaridad" y un "ataque a la lengua común".
2. Suspensos sín limite
Otro acuerdo del Gobierno con ERC. De nuevo, enmarcado dentro de la ley Celáa. En esta ocasión, para rebajar la exigencia académica y que los estudiantes de la ESO puedan pasar de curso sin límite de suspensos.
Ahora, cuando un alumno reprueba tres asignaturas, debe repetir. Esto no debería ser así para Esquerra, impulsora de la propuesta. Según los independentistas catalanes, es "anticuado" medir la evolución del alumno en base a sus suspensos. Por ello, los socialistas han apoyado que sean los profesores quienes decidan sobre cada caso atendiendo al "esfuerzo".
"Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estima que tiene expectativas favorables de recuperación", sostiene la transaccional aprobada este pasado miércoles por PSOE, Podemos y ERC.
3. Control de las redes
El PSOE, de nuevo junto a ERC, apoyó la semana pasada la petición de Unidas Podemos para perseguir los "mensajes de odio" en redes sociales, facilitando su vigilancia y eliminación inmediata.
De este modo, la propuesta de la formación de Pablo Iglesias quedó aprobada bajo el pretexto de que el dolor colectivo derivado de la pandemia se está "instrumentalizando con fines ideológicos" en los espacios digitales.
Una medida que, sin embargo, ha sido criticada por la oposición (PP, Cs y Vox) por entender que puede facilitar abusos de poder. El diputado popular, Eloy Suárez, calificó la norma de "disparate" y criticó que fueran precisamente los adalides de los escraches quienes la impulsaran: "Ustedes pueden criticarlo todo pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra".
4. Homenajes a etarras
En la misma sesión en la que el Congreso aprobó el control de redes sociales, también rechazó una iniciativa de Vox para prohibir los actos de enaltecimiento del terrorismo, así como los que conlleven "humillación" a las víctimas de ETA.
Lo que los de Abascal pedían al Gobierno era que instase a sus delegados de gobierno en País Vasco y Navarra a que llevaran a cabo las actuaciones necesarias para impedir la celebración de este tipo de actos proetarras -los Ongi etorris- incluyendo un régimen sancionador para quienes incumplieran la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
La propuesta de los de Abascal fue respaldada tanto por el PP como por Ciudadanos, pero rechazada por PSOE y Unidas Podemos. La oposición criticó al Ejecutivo su "pasividad" para con estos homenajes, que rondan el centenar en los últimos años.
Macarena Olona achacó al Gobierno su "permisividad" con este tipo de actos "ignomiosos" como "concesión" al PNV y Bildu, de cuyos votos depende su permanencia en el poder: "Etarras, no; víctimas, sí".
5. Manifiesto por "la democracia"
La moción de censura fallida de Vox nos dio la imagen que retrata la tesis de este artículo. La firma, estampada en un documento, del PSOE junto a Unidas Podemos, Bildu, la CUP y el resto de partidos nacionalistas del Congreso de los Diputados.
Todos ellos, unidos en un "manifiesto en favor de la democracia" para rechazar "los discursos de odio" de la "extrema derecha y la derecha extrema".
El documento en cuestión contituyó una respuesta al discurso de Santiago Abascal e Ignacio Garriga en la moción de censura presentada por Vox este pasado mes de octubre. Éste expresaba el "compromiso" de los diez grupos parlamentarios firmantes con "los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas".
Toda una paradoja. El documento, que decía censurar "actitudes radicales e intolerantes", estaba firmado por un grupo antisistema como la CUP y por los herederos de Herri Batasuna -brazo político de ETA-, que siguen utilizando ambages para no condenar el terrorismo de ETA.
6. 'Caso Dina' y 'Kitchen'
PSOE y Unidas Podemos, que suman mayoría en la Mesa del Congreso, han impedido hasta en dos ocasiones que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comparezca en la Cámara Baja para explicar el caso Dina.
Pese a las solicitudes insistentes de PP, Vox y Ciudadanos para que Iglesias compareciera en el Congreso, los partidos que conforman el Gobierno de coalición desestimaron la petición por considerar que se trata de "un asunto privado" y, por tanto, ajeno al control parlamentario.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, sí que votaron a favor de crear una comisión de investigación por la Operación Kitchen. Ese es el nombre para referirse a la supuesta trama del Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con la información que tenía el extesorero del PP acerca de la financiación ilegal del partido y el cobro de sobresueldos.
La comisión fue aprobada con los votos favorables de PSOE, UP, Ciudadanos, PNV, JxCat, Más País, Compromís, BNG, Bildu, CUP, UPN y Nueva Canarias.
7. Contra el legado español
El pasado mes de julio, el PSOE se unió a los grupos separatistas y nacionalistas para rechazar la iniciativa de "defensa del legado español" en Estados Unidos. La propuesta del PP tenía como objetivo denunciar la vandalización sufrida por las estatuas de Cristóbal Colón o Junípero Serra, entre otras, durante el periodo estival.
El grupo socialista en la Cámara Alta alegó que los ataques sufridos por estas estatuas en América "no son un ataque contra España", sino que eran la expresión de un problema de "racismo e identidad social" que ha de resolverse con "respeto a los derechos humanos".
De este modo, el PSOE volvió a preferir ir de la mano de los nacionalistas -JxCat, PNV y ERC- antes que votar junto al Partido Popular, que defendía una propuesta para "proteger" la herencia española en el continente americano y condenar la "hispanofobia" que, a su juicio, se había producido a raíz de los ataques a las estatuas, como la de Cristobal Colón, durante las manifestaciones en Estados Unidos.
8. La reforma laboral
La derogación de la reforma laboral marcó un antes y un después en la política de pactos del PSOE, que hasta el momento jamás había estampado su firma en un documento junto a Bildu. Este fue, en cierto modo, un punto de no retorno en el blanqueamiento de la formación heredera de Herri Batasuna.
No en vano, el acercamiento de los socialistas a Bildu se ha producido en contra de las advertencias de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Desde Covite, han alertado con insistencia del peligro que supone dar carta de normalidad a un partido político "que se niega a condenar el terrorismo y que mantiene vivo el discurso totalitario y excluyente de ETA".
AVT, tras el pacto del PSOE con Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral, apuntó que "no todo vale por conseguir los apoyos necesarios para gobernar". Además, señaló al PSOE que "o se está con las víctimas del terrorismo o con los verdugos y quienes les apoyan".
Hasta la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, se opuso al pacto. Esto, unido al rechazo de formaciones necesarias para que saliera adelante como PNV o Ciudadanos, provocó que el PSOE rectificara y diese marcha atrás al pacto suscrito con Podemos y Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral.
9. Estado de alarma
El empecinamiento del Gobierno de España en sacar adelante las sucesivas prórrogas al estado de alarma cuando ya había perdido el apoyo parlamentario de la mayoría de los grupos -incluido el PP, que dio el sí a las tres primeras prórrogas y se abstuvo en la cuarta- fue el detonante de lo que vino después.
Esto empujó a Sánchez a recurrir voluntariamente a las formaciones nacionalistas para sacar adelante la sexta y última prórroga al estado de alarma. Entonces contó con la abstención de ERC y los votos favorables del PNV.
Pedro Sánchez, exultante en su escaño durante el debate de la sexta prórroga del estado de alarma.
Unos apoyos que no fueron a cambio de nada: los independentistas catalanes pidieron "el retorno de las competencias", y los nacionalistas vascos, que el lehendakari pudiera decidir cuánto dura la Fase 3. Porque Sánchez incluyó en el último decreto una disposición que hace que "pasemos del mando único a la cogobernanza, y ahora a la gobernanza plena de las Comunidades Autónomas".
Desde aquella sexta prórroga al estado de alarma, la mayoría Frankenstein que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa el día de la investidura se ha ido recomponiendo poco a poco. Ahí están los pactos. Y por sus pactos los conoceréis.