Un puñal contra la concertada: la Ley Celaá esquiva la libertad de enseñanza constitucional

No ha tenido éxito Isabel Celaá en sus intentos de tranquilizar al sector de la educación concertada. "La Lomloe no ataca a las escuelas concertadas", ha dicho una y otra vez durante los últimos meses la ministra de Educación, conocida por haber llevado a sus hijas al elitista colegio bilbaíno concertado Bienaventurada Virgen María-Irlandesas.

Pero los esfuerzos de la ministra han sido en vano. El sector de la concertada cree que la Ley Celaá supone el inicio de la cuenta atrás para su definitiva erradicación. Una atenta lectura de las enmiendas aprobadas por PSOE, Podemos y ERC parece darle la razón.

En España hay más de dos millones de alumnos que estudian en alguna de las 3.500 escuelas concertadas españolas, el 28% de la oferta educativa nacional. En ellas dan clase más de 130.000 profesores. 

Las escuelas estatales, mal conocidas como "públicas" –puesto que también las escuelas concertadas son públicas–, suponen el 69% de la oferta. El restante 3% corresponde a escuelas privadas.

Amparadas por la Constitución

Las escuelas concertadas están amparadas por el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a recibir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con las convicciones de las familias, y el derecho de las personas físicas y jurídicas a crear nuevos centros docentes.

Pero las enmiendas pactadas por PSOE, Podemos y ERC en la Ley Celaá han sido interpretadas por el sector de la concertada como una enmienda a la totalidad del artículo 27 de la Constitución. Es decir, como una reforma constitucional por la puerta trasera.

El punto clave del radical cambio de eje que supone la Ley Celaá es la modificación del artículo 109.2 de la Lomce, del que se elimina la referencia a la "demanda social".

La ministra Celaá ha llegado, de hecho, a negar que el derecho a la elección de centro sea constitucional, algo que hasta ahora sólo había sostenido en España el populismo de extrema izquierda.

"De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo pueda ser parte de la libertad de enseñanza", dijo la ministra el pasado 26 de octubre durante la inauguración del congreso nacional de Escuelas Católicas. Algo que fue interpretado por muchos de los presentes como una declaración de guerra del Gobierno al sector de la concertada y a las familias que hacen uso de esas escuelas.

Las pistas están por doquier. En julio de este año se conoció que PSOE y Podemos habían excluido a las escuelas concertadas de los planes de recuperación del coronavirus y reservado el 100% de las ayudas de 2.000 millones de euros para la educación pública "de gestión directa". Es decir, para las escuelas del Estado.

En contra de la Ley Celaá se han posicionado las dos mayores patronales del sector de la concertada –Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)–, junto a sindicatos del sector educativo y otras entidades y colectivos ciudadanos de profesores, familias y alumnos agrupados en torno a la Plataforma Concertados.

De acuerdo a este artículo del diario El Mundo, una parte del propio PSOE cree que esa parte de la Lomloe será derogada sin duda alguna por el Tribunal Constitucional. A pesar de ello, el PSOE habría aceptado arremeter contra la concertada a instancias de Pablo Iglesias en la creencia de que, para cuando el Tribunal Constitucional derogue esa parte de la ley, sus consecuencias ya serán irreversibles. 

Educación "pública" 

La Lomloe, que sustituirá a la Lomce, la ley educativa precedente, elimina el concepto de demanda social, relega a la intrascendencia las preferencias de los padres y se inventa un derecho "a la educación pública" que no aparece como tal en la Constitución. También hace un insistente hincapié en los "derechos de la infancia" para omitir a los principales garantes de esos derechos, los padres, y sustituirlos por el Estado.

Las protestas de los sectores educativos afectados por la Ley Celaá han sido catalogados de fake news por el entorno del Gobierno basándose en las declaraciones de Isabel Celaá en las que esta niega los ataques a la concertada. 

Pero Carmen Pellicer, pedagoga, teóloga, presidenta de la Fundación Trilema y directora junto con José Antonio Marina de la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Nebrija, no cree que esas informaciones sean fake news. 

"¿Fake news? ¿Quién dice eso?", se sorprende Pellicer. "Aquí en España hay una confusión de base entre educación pública y educación estatal. La concertada es tan educación pública como la estatal, sólo que la gestionan otros grupos: cooperativas de profesores, cooperativas de padres, ONG, fundaciones, entidades religiosas, también entidades seculares o familias con una vocación educativa de generaciones".

"La sociedad civil tiene el mismo derecho a gestionar los bienes públicos que el Estado", añade Pellicer. "Y el monopolio estatal de los bienes públicos es un mal que provoca e incrementa el enfrentamiento entre las dos redes. Si entendiéramos que la educación también puede ser gestionada por la comunidad educativa, llegaríamos a más acercamientos de los que hay hoy en día".

Según Pellicer, que como presidenta de Trilema gestiona siete escuelas concertadas en diferentes ciudades españolas, la Ley Celaá hace una apuesta clara por la gestión estatal directa y descalifica el derecho de la sociedad civil a gestionar ese bien público que es la educación. "Eso estaba claro en la Ley Celaá original, y lo está todavía más en las enmiendas que se han aprobado luego. Enmiendas que acrecientan la demonización de la enseñanza concertada usando argumentos un poco naif".

"La educación concertada tiene una larga tradición en este país de atención social, de inclusión y de oferta plural de modelos educativos, y no responde a la demagogia que se ha utilizado en algunos medios de comunicación", finaliza Pellicer.

Una ley de Podemos

Es probable que la Lomloe, la novena ley educativa de la democracia, no pase a la historia como una victoria del PSOE, sino de Podemos y ERC. Las reacciones de los tres partidos tras la publicación de las enmiendas más polémicas de la Ley Celaá, y entre ellas las alusivas a la concertada, son una pista de quiénes han acabado imponiendo sus planteamientos durante las negociaciones de las últimas semanas.

Mientras Pablo Iglesias y Gabriel Rufián han reaccionado con entusiasmo a un pacto que supone una radicalización del proyecto anunciado por el PSOE en marzo de este año, los socialistas han preferido mantener un perfil relativamente bajo.

Algo tanto más llamativo si se tiene en cuenta que, a la vista de su importancia política, la promulgación de una nueva ley educativa suele ser considerada como un hito de cualquier gobierno.

Las conversaciones mantenidas por EL ESPAÑOL con miembros de la comunidad educativa, asociaciones civiles y partidos de la oposición evidencian que la Ley Celaá no ha sido recibida como una ley educativa más, sino como una herramienta cargada de ideología que subvierte de forma evidente el escenario y que obligará a millones de familias españolas a alterar de forma radical su modo de vida. 

El consenso parece claro. La Ley Celaá supone el paso de un sistema educativo público a un sistema educativo estatal donde toda la gestión de la educación recaerá en el Estado. La ley es interpretada además como el precio político que Pedro Sánchez pagará a Podemos y ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.  

La Ley Celaá consagra un escenario de sólo dos vías. Una vía privada, con escuelas de elite, sólo al alcance de una pequeña parte de la población, y una vía estatal donde la exigencia será menor y donde la educación clásica en distintas áreas del conocimiento será secundaria respecto a la educación en los "valores" determinados por el Gobierno. 

Nueve leyes educativas

No le ha sentado bien la llegada de la democracia a la educación española. Desde 1978, ningún gobierno, ya sea del PSOE o del PP, ha esquivado la tentación de promulgar su propia ley educativa. En cuarenta años de democracia, el sector de la educación ha visto pasar por delante de sus ojos nueve leyes distintas, a cual más cargada de ideología. 

No ha sido así en el pasado. España ha tenido dos grandes leyes educativas. La primera fue el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821. Derogado tras el final del Trienio Liberal, en 1823, el Reglamento fue la primera ley educativa española con vocación de generalidad y permanencia. Su corta vida no empaña la evidencia de que el Reglamento marcó la pauta para todas las leyes que llegaron después de él. 

La segunda fue la Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano. Considerada como una ley fundamentalmente liberal, la Ley Moyano estableció las bases del actual sistema educativo español y se mantuvo en vigor, en sus aspectos más básicos, hasta la década de los años 70 del siglo pasado. 

La llegada de la democracia acabó con la estabilidad de la Ley Moyano. A las nueve leyes educativas –contando entre ellas la Ley Celaá– de la democracia hay que sumar tres leyes de reforma universitaria. Ni una sola de esas leyes ha pasado sin polémica. Todas han sido utilizadas, al menos parcialmente, como una herramienta para la imposición de las prioridades ideológicas del partido promotor entre los alumnos españoles.

Radicalismo ideológico

La Ley Celáa no es una excepción a la regla, sino más bien un ejemplo corregido y aumentado de lo anterior. Su radicalismo ideológico permite prever que, al igual que sus antecesoras, tendrá una vida limitada y será sustituida por una ley de signo contrario en cuanto el PSOE pase a la oposición y el PP, o cualquier otro partido, llegue a la Moncloa. 

Ni una sola de las medidas más polémicas de la Ley Celaá –fin de la vehicularidad del español, exclusión de la concertada, eliminación del límite de suspensos para pasar de curso, politización de los inspectores de educación– estaba sin embargo incluida en el programa electoral del PSOE de 2019. Muchas de ellas son incluso contradictorias con este.

Sí anunciaba el programa del PSOE la promulgación de una nueva ley educativa que iba a derogar la ley precedente, la Lomce. Pero ninguna de las promesas hechas en ese programa electoral de 2019 –incluida la del mantenimiento de los Centros de Educación Especial, una promesa que ahora incumplirá el PSOE– era radicalmente incompatible con la ley orgánica 8/2013, la conocida como Ley Wert. 

Todas las novedades incluidas en la Ley Celaá –más alguna otra como el fin del distrito único, que parece diseñada con el único objetivo de atacar el sistema educativo de la Comunidad de Madrid– son, en fin, viejas aspiraciones de Podemos o de ERC.

La coincidencia de la Ley Celaá con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y las inminentes elecciones autonómicas catalanas han servido en bandeja las sospechas. La nueva ley educativa del PSOE sería sólo un pago del PSOE a Podemos y sus socios republicanos a cambio de su apoyo para el resto de la legislatura y un futuro tripartito en Cataluña de ERC, PSC y Podemos.