A José Luis Ábalos no le deja de perseguir su reunión clandestina con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Después de negarla, admitir un encuentro fortuito, reconocer que hubo tal reunión pero poco y, finalmente, señalar al ministro del Interior como instigador, el titular de Transportes logró echar tantos borrones que la pandemia se llevó la polémica por delante... o eso parecía.
El Parlamento Europeo pedirá explicaciones al Gobierno de España por haberse saltado las sanciones a la política venezolana, que tiene prohibida la entrada en cualquier país de la Unión Europea, e incluso sobrevolar el espacio aéreo. Las sanciones fueron impuestas por la UE desde 2017 a destacados miembros del régimen venezolano, por su vinculación con la violación de derechos humanos y el enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su cargo.
La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha tomado la decisión este martes, tras escuchar a los ciudadanos que habían presentado escritos sobre este asunto al Parlamento Europeo. Y después de conocer también la opinión del Servicio Europeo de Acción Exterior –que depende de la Comisión Europea- y las posiciones de los diferentes grupos políticos del Parlamento.
Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y Leopoldo López Gil, eurodiputado.
La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha concluido que este asunto requiere seguir siendo investigando. De esta manera, la Comisión de Peticiones se dirigirá al Gobierno español para conocer su posición sobre este caso. Le requerirá, entre otros detalles, que informe sobre qué medidas adoptó para evitar la entrada en el territorio español, y por tanto comunitario, de Rodriguez.
Hay que recordar que la Comisión Europea ya expresó su preocupación ante los hechos, en su momento, si bien dio por sentado que el Ejecutivo español había hecho todo lo necesario por hacer cumplir el ordenamiento comunitario. Según expresaron el pasado enero y febrero los portavoces de Bruselas, "son los Estados miembros los encargados de aplicar las sanciones".
Sin embargo, la Eurocámara también se dirigirá por carta a la Comisión Europea. Según Montserrat, es esta institución de la UE la "competente para asegurar el cumplimiento del derecho europeo". La intención es que la Comisión "recabe toda la información disponible para conocer que pasó". Además, se remitirá otro escrito al Gobierno alemán, que este semestre ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y es, por tanto, responsable del grupo de sanciones del órgano Relex comunitario.
Audiciones a eurodiputados
La Comisión de Peticiones, el órgano del que dispone el Parlamento Europeo para atender los requerimientos directos de los ciudadanos allí representados, recabó las posiciones de los diferentes grupos políticos antes de impulsar estas acciones. Así, durante el debate, los representantes del PPE pidieron seguir adelante con la investigación.
Leopoldo López Gil, eurodiputado del PP y padre del líder opositor del mismo nombre -recientemente escapado de las garras del régimen chavista hasta su exilio en España-, calificó de "grave" que no se tomaran las medidas necesarias para cumplir con las sanciones impuestas por la UE.
López Gil señaló que es "aún más grave" que esa actuación no tuviera respuesta por parte de Bruselas, porque "se puede interpretar como luz verde de las instituciones europeas a la falta de voluntad jurídica de los Estados miembros de aplicar la restricción de viajes" a los responsables de la represión afectados por las sanciones, "como Delcy Rodríguez".
Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, Caracas.
Según el eurodiputado español, defensor de los derechos humanos en suelo venezolano, "la UE no debe relajar un ápice su posición contra los violadores de derechos humanos, y debemos recordar que Delcy Rodríguez es colaboradora del dictador Maduro, cuyo régimen es perpetrador de crímenes contra la Humanidad, como ha documentado Naciones Unidas, y que por eso se encuentra sancionada".
¿Una cita con Sánchez?
El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha aplaudido también que el Parlamento Europeo vaya a investigar el Delcygate y que se llegue a exigir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez. "La Comisión no puede mirar a otro lado", ha dicho Cañas, que le ha exigido que “investigue de oficio si un Estado miembro voluntariamente ha decidido incumplir y vulnerar sanciones a un régimen dictatorial”.
Cañas ha cargado contra todo intento de blanqueo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y contra el Gobierno de PSOE-Podemos “porque ha quedado acreditado que el Gobierno permitió que se violase la decisión de la UE de impedir a determinados miembros del gobierno dictatorial de Venezuela pisar territorio Schengen”.
En su momento, el PP ya trató de investigar los hechos en España, pero se topó con la cerrazón del Gobierno para abrir una comsión de investigación y para contestar sus preguntas y requerimientos por vía parlamentaria. Así, una semana después de los hechos, los populares presentaron una batería de cuestiones exigiendo saber si en los días previos a la llegada de Rodríguez a España "existió algún tipo de comunicación entre algún miembro del Gobierno o del Servicio Diplomático español" al respecto.
El expresidente Zapatero se reúne con Nicolás Maduro en su visita a Venezuela.
La sospecha era que aquella cita se produjo por iniciativa o con la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo acceso al régimen chavista es conocido. Sin embargo, el contacto se filtró a los medios y hubo de suspenderse un encuentro que se habría previsto con la asistencia de "Pedro Sánchez la noche del 19 al 20 de enero".
El PP también reclamaba una respuesta del Ejecutivo sobre si lo que se buscaba era reactivar el Grupo de Contacto para Venezuela gestionado por el expresidente Rodríguez Zapatero. Finalmente, esas vías se reanudaron, ya con Josep Borrell al frente del Servicio de Acción Exterior de la UE, como Alto Representante.
Y esta es la razón por la que el eurodiputado Francisco Millán Mon señala al exministro: "Borrell y la Comisión Europea no dan información completa ni adecuada sobre el tránsito de Delcy Rodríguez por España, y rehúyen toda acción escudándose en argumentos jurídicos parciales", lamenta el político gallego.