El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido una buena y una mala noticia desde Bruselas. Después de una revisión preliminar de la orden ministerial que publicó el BOE el pasado jueves y un largo fin de semana de controversia, la Comisión Europea anunció este lunes que ya no "monitorea" el nuevo sistema del que se ha dotado Presidencia para perseguir las "campañas de desinformación".
Pero como en los chistes, también hubo una mala. Aunque en un formato con menos repercusión mediática, Bruselas avisó al Gobierno de que todavía lo tiene bajo advertencia. La Comisión no se termina de fiar de "las medidas que restringen los derechos fundamentales" que ha puesto en marcha el Ejecutivo español, y "seguirá supervisando estas medidas hasta que se levanten en su totalidad y se mantendrá muy atenta a si se eliminan de forma adecuada".
La Comisión está en guardia porque "la pandemia del coronavirus, que ha provocado un incremento dramático de información falsa o engañosa, incluidos los intentos por parte de actores extranjeros". Y entiende que los Estados miembros se parapeten, pero avisa de que no todo vale, y sobre todo, de que las medidas han de ser "temporales y proporcionadas", no tolerará que se derriben diques democráticos.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, durante la presentación del informe sobre el Estado de derecho en la UE
Eso sí, el aviso llegaba -al modo compensatorio que se hacen las cosas en diplomacia- con una de cal y una de arena. Por un lado, no se hizo pública como un anuncio con la cara y ojos de Johannes Barke, uno de los portavoces de la presidenta Ursula von der Leyen. Pero por el otro, el rango de la amonestación era mucho mayor que el del alivio: por escrito y con la firma de un funcionario de más alto nivel, el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders.
Ametralladoras y libertades
En estos tiempos de crisis sanitaria, y con la subsiguiente crisis socioeconómica, las primeras medidas de los Estados miembros de la Unión Europea pusieron en riesgo la misma esencia de los valores comunitarios.
Sin ir más lejos, el 14 de junio -mismo día en que se celebraba el 25º aniversario de la firma de los acuerdos de Schengen-, el puente sobre el Mosela que sirve de paso fronterizo entre Luxemburgo y Alemania "fue bloqueado por la policía alemana equipada con ametralladoras", tal como recordaba el expresidente Juncker en una reciente entrevista.
Muchos países suspendieron la libre circulación de manera intempestiva, y por la vía de los hechos. Sólo el verano sustituyó las barricadas por textos legales. Entre otras cosas, por la presión del Parlamento Europeo, que estudió, en un informe hecho público a finales de mayo, las "medidas excepcionales" aplicadas en diferentes países para combatir la pandemia.
Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).
"Incluso cuando existen mecanismos constitucionales de emergencia específicos, los Estados miembros han preferido no activarlos, ya sea por razones históricas (como en el caso de Alemania) o por miedo a desencadenar un mecanismo que se pudiera percibir como demasiado represivo (Francia). Con la excepción de España, la preferencia ha sido por medidas legislativas urgentes ordinarias".
El informe no investigaba la Hungría del populista Viktor Orbán. El caso de Budapest ya era tratado de un modo absolutamente excepcional, como su estado de excepción sine die aprobado en marzo, y sigue inmerso en un procedimiento de sanciones por la violación del Tratado de la UE... en lo tocante al Estado de derecho.
Proporcionalidad y advertencia
La misma presidenta Von der Leyen ha reclamado que "las medidas excepcionales, en caso de ser impuestas, no duren más de lo necesario, y siempre con respeto a las libertades públicas, específicamente las de expresión e información". En los mismos términos se expresó este lunes el portavoz Barke.
Y muy parecido, era la respuesta del comisario. Pero al tratarse de una respuesta específica a la situación de España -el único de los grandes que está causando quebraderos de cabeza en Bruselas, sobre todo tras el nuevo estado de alarma de seis meses y medio-, Reynders le añadía matices de advertencia al Gobierno Sánchez: "Las medidas de emergencia deben limitarse a lo que resulte necesario, ser estrictamente proporcionadas, estar claramente limitadas en el tiempo y ser acordes con las salvaguardias constitucionales y las normas europeas e internacionales".
Reynders, un liberal belga, será como titular de Justicia, quien deba fijar la posición de la Comisión a propósito de la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. En este caso, respondía en nombre de la Comisión a una pregunta por escrito de la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, de su misma familia política.
Marcha atrás
Bajo la supervisión del comisario ya se advirtió a España a finales de septiembre en el informe de la Comisión sobre el cumplimiento de los estándares del Estado de derecho. Hace mes y medio preocupaba en Bruselas la "percepción de independencia y la independencia efectiva de la Fiscalía" además de la falta de renovación del Poder Judicial.
La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, durante una intervención en el pleno
Dos semanas después, Reynders dejaba claro, con lenguaje exquisitamente diplomático, su malestar ante la maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez por ir en contra de las recomendaciones de la UE, que reclaman reducir la influencia del legislativo o el ejecutivo sobre el poder judicial y acabar con la imagen de politización del órgano de gobierno de los jueces. En cuanto pudo, Sánchez se hizo consciente del exceso y anunció que daba marcha atrás... aunque la reforma sigue su trámite en el Congreso.
Ahora el comisario contesta a Pagaza, interesada en "el buen gobierno y la transparencia en la gestión de la crisis de la Covid-19 en España". La cuestión es del pasado mayo, precisamente cuando Alemania tomaba a las armas su frontera luxemburguesa, y España y Hungría eran los únicos países de los 27 que llevaban más de dos meses en estado de excepción constitucional.
A la espera de más
La eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos -dentro del grupo de los liberales de Renew- inquiría específicamente sobre si España estaba vulnerando el derecho al buen gobierno de los ciudadanos e incumpliendo "el deber de transparencia de las Administraciones públicas, al no dar a conocer la identidad" de los expertos del Comité de desescalada. Y si la Comisión preveía incluir esta cuestión "en la evaluación de las medidas adoptadas por los Estados miembros en el marco de la Covid-19 que tiene previsto preparar".
En este tiempo el mismo Ejecutivo de Sánchez ha admitido que esos expertos nunca existieron -otra rectificación-, sino que se limitó a consultar "a los funcionarios del Ministerio de Sanidad y del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)" que dirige Fernando Simón. Quizás por eso o quizás por la labor de lobby de los representantes del Gobierno en Bruselas en estos días, la respuesta escrita de Reynders este lunes también incluye un doble lenguaje diplomático.
Así, después de la advertencia de que seguirá "supervisando estas medidas hasta que se levanten en su totalidad", obvia que la garantía de las libertades públicas "no sólo compete a los Estados miembros y a sus autoridades judiciales", sino a la Comisión, en cuanto que guardiana de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.
Eso sí, ante la acumulación de iniciativas dudosas del Gobierno Sánchez, que le han valido las sucesivas advertencias de las instituciones de la UE, Reynders añade que la Comisión "se mantendrá muy atenta a si se eliminan de forma adecuada" lo antes posible. Y a la espera de un nuevo paso atrás, recuerda que lo hará "en todos los Estados miembros, entre ellos España, y valorando sus repercusiones en el Estado de derecho".