Las hostilidades se han roto públicamente, eso es evidente. La guerra soterrada que Unidas Podemos lleva librando desde el inicio de la legislatura en el seno del Consejo de Ministros ha salido a la luz en la última semana, coincidiendo con los problemas judiciales acumulados de la cúpula del partido de Pablo Iglesias. Pero en el fondo del despliegue de reproches cruzados hay una causa mucho más de calado: los Presupuestos ya están casi asegurados y según fuentes de Moncloa, el día de su aprobación supondrá "un punto de inflexión en la coalición".
El pulso de Iglesias en la víspera del cierre del borrador de los Presupuestos sentó ya muy mal en Moncloa. Pedro Sánchez había anunciado a los presidentes autonómicos y a la de la Comisión Europea aquel lunes, 26 de octubre, que el martes se aprobaría en Consejo de Ministros el anteproyecto. Y el líder de Podemos aprovechó la premura para colar "dos exigencias de última hora", la mejora del Ingreso Mínimo Vital y un compromiso para intervenir el mercado del alquiler y fijar precios máximos.
"Hubo una bronca gorda", explican las fuentes. Y la negociación se alargó hasta la madrugada. Pero la enmienda firmada con ERC y Bildu fue la gota que colmó el vaso. "El objetivo es sacar los Presupuestos, sea como sea", aclara este funcionario de Moncloa, "y una vez que se consiga, tras sacar el Presupuesto, se romperán los platos... no se equivoca quien piense que las cosas van a cambiar".
Reuniones y traiciones
La relación personal de Sánchez con su vicepresidente segundo aún no se ha visto afectada, según explican desde los dos bandos del Ejecutivo. El líder socialista y el morado se siguen reuniendo mano a mano de manera regular, si no cada semana, casi todas, para repasar el rumbo de las estrategias, el curso de los proyectos, el estado de las iniciativas y, sobre todo, para lubricar las fricciones. Pero lo cierto es que el pasado martes la bronca dejó de librarse de puertas para dentro para dar el salto a los tuits y las declaraciones cruzadas.
Mientras se reunía el Gobierno, el presidente del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, firmaba y registraba una enmienda conjunta con Esquerra y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. Las tres izquierdas radicales tratan de introducir una disposición adicional -lo que se conoce como la ley de acompañamiento a los PGE- para prohibir los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2022. A todos, los que dejen de pagar hipotecas, los que no paguen su renta de alquiler, e incluso a los que vean cumplido su contrato.
La idea estaba discutida en las reuniones previas entre PSOE y UP. Y rechazada. El plan inicial de los morados, según las fuentes consultadas, era recuperarla con una ofensiva mediática, firmando un manifiesto con los dos partidos independentistas, el republicano catalán y el batasuno vasco. Y después se barajó la opción de llevarla directamente al Consejo de Ministros, para discutirla en su seno.
El viernes anterior, reunidos en Moncloa Sánchez e Iglesias acordaron la calma del segundo a cambio de la mediación del primero con su equipo económico. Pero el vicepresidente no cumplió.
Problemas judiciales
¿Por qué se impulsó a traición esta iniciativa? Volvemos a las dos razones del inicio: este viernes Juanma del Olmo y otros dirigentes de Podemos desfilaban por los juzgados, imputados por la presunta financiación ilegal del partido; y además, el escándalo dentro del socialismo por el acuerdo con Bildu fue visto como una oportunidad por los estrategas de Iglesias, para tirar del PSOE a la izquierda y terminar de echar a Ciudadanos de la foto de las cuentas públicas.
Y es que ésa es la madre de todas las batallas, la que se libra por si hay alguna línea naranja en los Presupuestos. Si es así, Iglesias se debilita a fondo; si no, a Sánchez sólo le quedará su compañía y la de "la mayoría de la investidura" convertida en el bloque de la "dirección de Estado"... o eso piensan en Podemos.
Pero la realidad es que Moncloa juega con las cartas marcadas. Para empezar, gana siempre: o tiene unos Presupuestos homologables en Europa -y gana- o tiene unos Presupuestos progresistas -y gana también-. Y en definitiva, porque el presidente es Sánchez y con las cuentas aprobadas, es él quien se asegura permanecer en el Gobierno, nadie más. "Cuando se publique la ley, ya no habrá tanto incentivo para calmar las aguas, ni de una parte ni de la otra", admiten en Moncloa.
Temas divisivos
Hasta ahora, Unidas Podemos admite que ha tragado sapos, y que los Presupuestos que se van a aprobar no son los acordados en el acuerdo de coalición, "ni de lejos". Esta actitud se ha mantenido, dicen, "por lealtad institucional" y por no erosionar una relación de estabilidad necesaria para llegar hasta aquí.
Del lado socialista, se celebrará la aprobación en el Congreso de las cuentas públicas "como una victoria del Gobierno de coalición, sin duda", pero también se asumirá como "el momento en el que acaba el objetivo común".
Esto significará, tal como explican fuentes del Ejecutivo, que los temas divisivos dejarán de estar aparcados. Y sobre todo, que podrán causar fricciones públicas tan o más llamativas como las de estos últimos días. Recuerdan desde las filas del PSOE y las de UP que no hay acuerdo ni se vislumbra en la Ley Trans -"el feminismo tradicional socialista no puede pasar por lo de la autodeterminación de género"- y, sobre todo, en el asunto del control de precios en los alquileres.
Para Unidas Podemos es una bandera cambiar de arriba abajo la política de Vivienda, y el cumplimiento de este objetivo se aplazó hasta la ley que redacta el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos aquella noche previa a la presentación del borrador, mano a mano, entre Sánchez e Iglesias.
"Es un acuerdo de la coalición y un compromiso de Presupuestos", recuerdan las fuentes moradas. Pero fuentes del departamento de Ábalos no aseguraron a este periódico que se fuera a cumplir, a la espera de "cómo estén las cosas en marzo". Y eso sí que sería un motivo de ruptura.