La carrera de los grupos políticos para llegar a acuerdos con el Gobierno está acelerando la semana de negociación de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado. Y aunque esto le está dando una ventaja inesperada al Ejecutivo más débil en sustento parlamentario de la democracia, lo más curioso es que los pactos que alcanza Pedro Sánchez no se están centrando en las partidas de las cuentas públicas, sino en concesiones políticas.
Así, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, ha anunciado este martes un "principio de acuerdo" en el que asegura que ha arrancado del Gobierno la creación de "un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas [sic], con el objetivo claro de acabar con el dumping fiscal en Madrid". Es decir, contra "el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora en este momento de crisis socioeconómica".
Este grupo de trabajo estaría incluido, de confirmarse el acuerdo entre los independentistas catalanes y el Ejecutivo, dentro de un "comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva".
Inmediatamente, desde Madrid ha contestado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty: "Es una vergüenza que un pacto entre socialistas e independentistas pretenda subir los impuestos obligatoriamente a los madrileños".
Para el miembro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, "si los socialistas y los independentistas pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, como Sucesiones o como Patrimonio, que sepan que van a tener enfrente, desde luego a la Comunidad de Madrid, pero sobre todo van a tener enfrente, directamente, a los madrileños".
Promesa a largo plazo
A lo que se ha comprometido Sánchez, en realidad, es a estudiar mano a mano con ERC el cambio fiscal que él mismo ha retrasado hasta dentro de unos años. Esa reforma fiscal "de arriba debajo" de los impuestos en España sólo se implantará "cuando hayamos remontado la crisis", si atendemos a la promesa del presidente del pasado mes de agosto.
Fue entones cuando el jefe del Ejecutivo marcó el terreno, todavía en pleno verano, pero cuando la segunda ola del virus acabó con las esperanzas de cerrar el año en las condiciones deseadas por su equipo económico.
Aquella victoria de Nadia Calviño sobre Pablo Iglesias se compensa ahora con una promesa a largo plazo que le asegura el apoyo de los 13 diputados republicanos. O casi, porque Rufián insistió mucho en que "esto es un principio de acuerdo, aún queda mucho po negociar", aunque dio por sentado que "en las próximas horas podremos dar cuenta de más pactos".
Carrera de promesas
Pero es cierto que las concesiones del Gobierno no están siendo en subidas o bajadas de partidas económicas eminentemente presupuestarias. Minutos ants que el portavoz de ERC había salido a la sala de prensa Edmundo Bal, número dos de Ciudadanos en el Congreso, a dar cuenta de otra promesa arrancada a Sánchez. En este caso, sólo a los socialistas, ya que Unidas Podemos no se apunta a negociar nada con los de Inés Arrimadas. Tal como explicó Bal, el PSOE y Cs han presentado una enmienda conjunta a los PGE para la creación de una "tarjeta sanitaria común para toda España".
Esta iniciativa es claramente incompatible con el apoyo de Esquerra. Ni los republicanos apoyarán la enmienda ni les gustará que lo haga el PSOE, pues precisaría del apoyo del PP para sacarla adelante. Y los de Oriol Junqueras ya han dejado claro que quieren que Pedro Sánchez decida entre "unos presupuestos progresistas" y otros "acordados con la derecha".
El resto de compromisos anunciados por Rufián fueron "la ampliación de la moratoria del pago de cotizaciones a la Seguridad Social hasta marzo de 2021", es decir, un trimestre más de lo vigente hasta ahora. Y, dijo, "con el compromiso de irlo ampliando en función de circunstancias". La enmienda, según el portavoz republicano, es una gran ventaja para Cataluña, "donde el 98,9% de las empresas son pymes y autónomos".
Carrera electoral
Además, el Gobierno se compromete a la liquidación de una "deuda existente por parte del Ministerio de Educación con la Generalitat en función de las becas al estudio vigente desde el año 2005". También celebró Rufián este punto como un avance para su región, porque "supone más recursos para combatir la desigualdad en el acceso a la educación pública y de calidad".
Pero el punto más importante para ERC, en esta carrera por los Presupuestos y, en su caso, para colocar sus mensajes de cara a la campaña electoral de las inminentes elecciones autonómicas en Cataluña, es "el fin del control financiero por parte del Estado a la Generalitat de Cataluña". Lo que Rufián llama "el 155 financiero aplicado por Rajoy y por Montoro" que, anunció, "se acaba aquí".
Esta medida tampoco supone ningún gasto nuevo, ni siquiera en tinta para cambiar una sola letra del anteproyecto de Presupuestos, pero le permite a ERC sacar la bandera de que gracias a su negociación "acaba la tutela y el abuso austericida e ideológico de Hacienda sobre la economía catalana".
El portavoz independentista añadió de su cosecha que esto supondrá "la liberación y la potenciación de algo que para nosotros es importante: más herramientas sociales para el futuro gobierno de la Generalitat surgido de las urnas de febrero que", dijo, "con toda probabilidad se enfrente a la mayor crisis económica de nuestro tiempo".