Existe un rincón de España impermeable a los juegos de manos de Moncloa. Es la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. El mismo que, en conversación con EL ESPAÑOL, se muestra convencido de que el asalto a la política fiscal madrileña no es una iniciativa de ERC, sino del PSOE.
Para demostrarlo, la Comunidad ha distribuido un documento que recopila decenas de declaraciones de altos cargos socialistas que, durante los dos últimos años, han arremetido contra la fiscalidad madrileña y acusado a la región de ser un paraíso fiscal.
"Estamos convencidos de que esto es una estrategia del PSOE, no de ERC", dicen desde el Gobierno madrileño. "¿Desde cuándo importa a los republicanos la armonización fiscal de las comunidades autónomas, si ellos lo que piden es la independencia? El PSOE sólo se está parapetando en ERC".
"Esto no es nuevo", añaden luego. "Llevan tiempo con este asunto. Sólo que ahora les interesa que sea ERC la que se ponga a la cabeza y capitalice el tema. Pero es el PSOE el partido al que le molesta Madrid y el que no puede consentir que la Comunidad tenga buenos resultados económicos".
Dumping fiscal
El documento que ha distribuido la Comunidad recoge declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la portavoz parlamentaria Adriana Lastra y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También de Javier Lambán, Emiliano García-Page, Ximo Puig y Adrián Barbón, presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia y Aragón respectivamente.
De Sánchez se citan frases como la que pronunció el 30 de octubre de 2019: "Mi intención es armonizar el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y acabar así con el dumping fiscal que, por ejemplo, existe en la Comunidad de Madrid, donde este impuesto está bonificado casi en su totalidad".
Ese mismo día, Sánchez dijo también que "los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por Sucesiones y se acaba así con fuentes de oportunidad en otros territorios". En realidad, resulta imposible conocer el motivo por el que los ciudadanos se mudan de una región a otra, pero el argumento ha sido utilizado una y otra vez por los líderes socialistas para acusar de dumping fiscal a Madrid.
El 6 de mayo de 2020, Sánchez insistió de nuevo en sus viejas tesis. "Creo que es el momento de pedir a las comunidades, a algunas de ellas, corresponsabilidad fiscal. El esfuerzo que necesitamos en los próximos años para superar este golpe no se puede hacer con regalos fiscales y menos aún con obsequios a los que más tienen".
Pero quizá la declaración más significativa sea la del 5 de noviembre, cuando el presidente amenazó con "renovar después de la pandemia nuestro sistema fiscal". Sólo tres semanas después de esa frase, el anuncio ha sido capitalizado por ERC con la clara intención de ser esgrimido frente a sus votantes en la campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas del próximo 14 de febrero.
Armonización fiscal
En el reparto de papeles decidido por Moncloa, a la ministra de Hacienda le ha tocado el de defensora de la armonización fiscal. Una armonización fiscal que se produce en un único sentido, el de las comunidades que más impuestos cobran a sus ciudadanos, y que deja fuera de su alcance el intocable régimen fiscal vasco y navarro.
"El Gobierno propondrá armonizar los impuestos cedidos a las comunidades. Es razonable y conveniente una armonización fiscal al igual que ocurre en la UE", dijo la ministra el 20 de febrero de 2020.
El 5 de junio, Montero cargó contra Madrid sin citarla explícitamente: "Algunas comunidades han ejercido su capacidad normativa a la baja, hasta una suerte de dumping fiscal, obligando al resto o bien a negociar a la baja o a que el gravamen quede deslegitimado".
Lo más relevante de la frase anterior es el uso de la expresión "una suerte de dumping fiscal". Un recurso que demuestra algo que es evidente para cualquier analista económico que conozca qué es el verdadero dumping. Porque la Comunidad sólo aplica medidas que pueden ser aplicadas por cualquier otra región que lo desee haciendo libre uso de las mismas competencias fiscales de las que disfruta Madrid.
El pasado 27 de octubre, la ministra de Hacienda pronunció una frase que hace años habría sido considerada casus belli por ERC: "La autonomía fiscal es algo que hay que perseguir". "La armonización fiscal es la voluntad de este Gobierno tras escuchar a las comunidades preocupadas por los agravios comparativos y por el efecto sede", añadió ese mismo día. Montero se refería a Madrid, no a Cataluña.
Barones contra Madrid
Los barones regionales del PSOE apenas se han salido de la línea marcada por Moncloa. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid es desleal e insolidario con el resto de España por la rebaja fiscal anunciada. Madrid perjudica los equilibrios que deben existir, tanto en la recaudación de la fiscalidad como en la prestación de servicios que llevan a cabo las distintas comunidades autónomas", dijo Javier Lambán el 28 agosto de 2019.
"Madrid se está convirtiendo en un agujero negro que absorbe todo y que pone en peligro el propio estado autonómico", dijo Adrián Barbón el 23 de febrero de 2020.
Emiliano García-Page arremetió contra Madrid a cuenta de la patria: "Se dan golpes en el pecho reclamando patria pero a nivel impositivo hacen lo contrario. No es lo mismo creer que practicar. No se hace más grande España buscando atajos fiscales".
La solución de García-Page a lo que él llama "guerra fiscal entre comunidades", y que no es más que el ejercicio de las competencias de las que disponen todas las comunidades del régimen común, es "una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes, los aprovechamientos y las trampas fiscales".
La mítica capitalidad
El presidente de la Comunidad Valenciana, uno de los tres infiernos fiscales españoles que más tasa a sus ciudadanos junto a Cataluña y Asturias, acusó el 16 de agosto de 2019 a Madrid de "demagogia fiscal, prepotencia e insolidaridad con el resto de autonomías que no tienen la capital de España".
"España no puede seguir potenciando un centralismo que no es inteligente ni ayuda a la cohesión del país", añadió ese mismo día. "Hay que poner fin a estas medidas adoptadas de forma unilateral sin tener en cuenta el estado deficitario de la Administración".
El 27 de enero de 2020, Ximo Puig dijo que "Madrid tiene un poder financiero y económico beneficiado por el efecto capitalidad, que se traduce en un dumping fiscal generador de asimetrías. Un dumping fiscal antipatriótico y perjudicial para el resto de comunidades".
A pesar de que el efecto capitalidad ha sido desmentido por la historia una y otra vez –Madrid sólo ha sido el motor económico de España en contados periodos históricos a pesar de ostentar la capitalidad desde 1561–, Puig insistió en el mito cuando dijo que "los abusos del efecto capitalidad han convertido Madrid en una gran aspiradora".
"Es el momento de acabar con los agravios y las asimetrías entre ciudadanos para evitar una recuperación a diferentes velocidades", añadió luego.
Adriana Lastra, correa de transmisión de los eslóganes más radicales del partido, dijo el 14 de agosto de 2019 que el Gobierno no puede permitir "que haya comunidades que eliminen su capacidad impositiva. Y cuando se debata la financiación autonómica pedir un reparto que a ellas les beneficie".
El 10 de febrero de 2020, Lastra afirmó que "no se defiende la unidad de España intentando convertir la política fiscal en una especie de subasta. Hay que legislar para que haya una armonización fiscal de ciertos impuestos y acabar así con esa diferencia entre territorios y ciudadanos".
A la expectativa
La Comunidad de Madrid se mantiene a la expectativa, convencida de que ni siquiera el mismo Gobierno sabe cómo puede imponer esa subida de impuestos a los madrileños. "Ahora mismo, ni siquiera ellos mismos saben cómo lo van a materializar, porque las cosas han ido cambiando con el paso de los días".
"El jueves pasado nos enteramos de la enmienda y estuvimos analizando qué se podía hacer si se armonizaban los impuestos vía enmienda a través de los Presupuestos Generales del Estado", dicen en la Comunidad. "Algo que es inconstitucional".
"La propia ministra Montero, cuando presentó los Presupuestos, habló de que iban a trabajar en la armonización del impuesto de Patrimonio, pero al margen de los Presupuestos. Ellos mismos saben que la Constitución no lo permite. Ahora la enmienda ha caído, y por eso se han descolgado con esta comisión bilateral".
La Comunidad afirma estar a la espera e insiste en que no van a consentir que el Gobierno meta la mano en el bolsillo de los madrileños. "Esto afecta a todas las comunidades, no sólo a la de Madrid, aunque ellos hayan puesto el acento en nosotros".
"Ahora nos ampara la ley y cada comunidad hace lo que considera mejor para sus contribuyentes. Cantabria, por ejemplo, gobernada por el PSOE -aunque el líder de la coalición es el PRC de Revilla-, tiene la bonificación más alta de España en Sucesiones y Donaciones, por encima de la de Madrid. Es un impuesto prácticamente exento".
"O Castilla-La Mancha, que también tiene su propia bonificación. Es que incluso las comunidades que tienen los tipos más altos, como Cataluña, Valencia o Asturias, están ejerciendo sus competencias. Si al final vienen el Gobierno y ERC a decir qué impuestos pagamos las comunidades, salen perdiendo todos", concluyen.