Bruselas desestima por enésima vez las peticiones del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont -fugado en Bélgica desde 2017- para que intervenga en la crisis catalana. El ahora eurodiputado de JxCat había presentado una interpelación a la Comisión Europea quejándose de que en su primer informe sobre el Estado de derecho en España, publicado el pasado 30 de septiembre, no aborda las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en Cataluña. El Ejecutivo comunitario considera infundadas sus denuncias.
"El Informe sobre el Estado de Derecho se centra en cuestiones sistémicas relativas al Estado de Derecho, relacionadas con el sistema judicial, el marco anticorrupción, algunos aspectos del pluralismo de los medios de comunicación y otros controles y equilibrios institucionales, y hace referencia a ellas", explica el comisario de Justicia, Didier Reyders, en una respuesta escrita a Puigdemont a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El informe sobre España habla del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, la falta de independencia de la fiscalía o los ataques a la prensa.
"Por lo que se refiere a la situación en Cataluña, la Comisión sigue considerando que es una cuestión interna de España, que debe ser abordada por las instituciones españolas de conformidad con el ordenamiento constitucional español, que la Comisión respeta plenamente", asegura Reynders.
En su interpelación parlamentaria, Puigdemont protestaba por el hecho de que el informe de Bruselas había desoído 12 un total de aportaciones enviadas por instituciones catalanas y organizaciones de la sociedad civil en las que se denunciaban "la parcialidad del poder judicial, las violaciones de la libertad de expresión y de reunión, en particular, la detención arbitraria de activistas y políticos, y la discriminación contra los catalanoparlantes en el sistema judicial".
"No obstante, no se tratan ninguna de estas cuestiones en el informe y ni siquiera se mencionan en el resumen de las contribuciones de ninguna manera que no sea a través de una referencia genérica a cuestiones que son específicas de las regiones", lamenta el eurodiputado de JxCat.
"Dado que el informe no ha reconocido adecuadamente las contribuciones de las partes interesadas catalanas y que la Comisión no se ha reunido con ninguna de ellas, ¿cree que tales acciones son coherentes con el valor del respeto de los derechos de las minorías?", le pregunta Puigdemont a Reynders.
El comisario de Justicia le contesta que "el Estado de Derecho es una condición previa para la democracia y los derechos fundamentales". "Al promover y proteger el Estado de Derecho, la Comisión también actúa para proteger los derechos fundamentales, como los derechos de las minorías", concluye Reynders.