Podemos y PSOE registran una ley para limitar las funciones del CGPJ cuando su mandato haya caducado

PSOE y Unidas Podemos han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley conjunta para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato haya caducado, como ocurre en este momento. Las formaciones del Gobierno redoblan, así, la presión sobre el PP, con el 15 de diciembre como fecha tope.

Este paso no afecta a la otra proposición de ley para modificar la orgánica 6/1985 del Poder Judicial, la que afecta al sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, que estas fuerzas también pretenden cambiar.  

La iniciativa, impulsada el 13 de octubre, tenía realmente el objetivo de presionar al PP para que desbloqueara el acuerdo. En la actualidad, el CGPJ presidido por Carlos Lesmes entró en funciones hace casi dos años, pero la ley actual no prevé limitaciones al ejercicio de sus funciones, lo que pretende cambiar esta proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos.

La nueva reforma [consúltela aquí] también busca presionar al PP, según las fuentes consultadas, ya que es el partido que se estaría beneficiando del bloqueo. Y lo hace con prisas: habilitando un procedimiento exprés, fechas en enero teóricamente inhábiles y su aprobación prevista para febrero.

El actual reparto es producto de la elección de jueces y juristas de la etapa en la que Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, de modo que el reflejo ideológico actual del CGPJ le es más favorable a los populares. Limitar su capacidad de acción busca eliminar parte del estímulo para mantener la situación tal como está.

"Es un paso muy importante. En los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado", aseguran fuentes de Unidas Podemos. "El Congreso de los Diputados y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección".

Doble presión

En todo caso, esta iniciativa no sustituye a la anterior. Aquella pretendida reforma, por la que bastaría mayoría absoluta -en segunda votación- en la Cámara Baja para la renovación del CGPJ, quedó "congelada", tal como anunció Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura de Vox, para dar un mayor margen para el acuerdo a los populares.

La realidad es que la Comisión Europea dio un toque de atención, tanto públicamente como en privado, al Ejecutivo español. Si de algo adolece la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial en España, según las instituciones europeas, es de mayor separación de poderes. Tanto en el último informe de la Comisión como en los del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, se hacía hincapié en el problema que supone esta interinidad y se pedía a España evitar la politización de la judicatura.

Socialistas y morados pretenden debatir la proposición de ley antes de que finalice 2020, restando competencias al CGPJ por ejemplo para que no pueda hacer nombramientos. Según las fuentes consultadas, la proposición entraría en el cupo de este año del Grupo del PSOE el próximo 15 de diciembre. Una fecha que coincide con el últimátum de dos semanas por el que presiona Pablo Iglesias, con el objetivo de que el Gobierno en su conjunto ponga ese límite a Pablo Casado para negociar.

Iglesias quiere la reforma

La realidad es que la rebaja de las mayorías cualificadas es un empeño personal de Iglesias desde el inicio de su carrera política. De hecho, según las fuentes consultadas, la reforma es más iniciativa morada que socialista. Y de hecho, fue potestad del presidente "congelarla" al acabar la moción de censura presentada por Vox, el 22 de octubre. No del ministro Campo. Ahora, Iglesias calienta la reforma para que se vaya descongelando, mientras el goteo de presiones consigue que el PP se siente a negociar. 

La intención de Iglesias es sacar la reforma principal adelante y, como mal menor, que el PP acabe claudicando y acepte negociar, ya se haga en público o en privado. La del partido de Pablo Casado, que PSOE y Unidas Podemos retiren primero la reforma del registro del Congreso. Y la de Pedro Sánchez, conseguir que todo cuadre.

Por ahora, va tomando forma un formato de negociación en el que los populares no se tengan que sentar a la misma mesa que los morados. Eso salvaría la exigencia del PP de que Unidas Podemos "no esté en la negociación". Del lado de Iglesias, sería aceptable esta opción si los representantes socialistas en las reuniones fueran, expresamente, "en nombre del Gobierno y no sólo del PSOE".