Marlaska realiza PCR a los inmigrantes que devuelve a sus países pero no a los que acaban en la Península

Desde hace unas tres semanas, España ha logrado que se reanuden los vuelos de devolución de inmigrantes llegados a las costas de las islas Canarias en pateras o cayucos. Los tres países emisores, Senegal, Mauritania y Marruecos, han aceptado la reapertura de sus fronteras negociando con el Ministerio de Asuntos Exteriores y, sobre todo, la Unión Europea, que ha prometido más fondos para financiar sus programas de seguridad y "más visados para migración regular".

Fuentes del Gobierno y del Ejecutivo autonómico canario coinciden en confirmar a este periódico que los ritmos de deportación aún son muy bajos. "Un vuelo semanal con unas 20 o 30 plazas ocupadas", aclaran. "Y todo porque, además, saben que las personas que regresamos van con la PCR hecha y resultado negativo", añaden desde el Ministerio de Inclusión.

A los migrantes que se deporta de vuelta se les realiza una prueba diagnóstica, antes de embarcarlos. Viajan a Marruecos, Mauritania o Senegal con el resultado negativo en un informe clínico y, en su caso, con el formulario sanitario relleno. Pero esto no pasa con las personas que acaban en la Península, al menos 2.000 en el último mes.

De hecho, la prueba está en el pasado puente de la Constitución, en el que la Policía Nacional detuvo a 16 inmigrantes indocumentados en Valencia, tras su llegada al aeropuerto de Manises. Formaban parte del grupo de más de 400 personas enviadas a la capital valenciana y Alicante sólo en cuatro días del que ya dio cuenta EL ESPAÑOL. Todos ellos fuerion trasladados a la comisaría de Zapadores.

Pues bien, fuentes policiales confirmaron a este periódico que dos de ellos dieron positivo por Covid: "A todos, al detenerlos, les hacemos el test, y dos estaban infectados", explica un agente a este diario. Ahora, estos dos migrantes están ingresados en el Hospital La Fe, y los otros 14, bajo cuarentena en instlaciones del mismo centro médico.

"PCR por lotes" de 10 o 20

El pasado 25 de julio, el Ministerio de Inclusión se dotó de un Protocolo de actuación ante posibes casos importados de Covid-9 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular [consúltelo aquí]. "Será urgente la realización de una prueba PCR a cualquier persona sintomática a la llegada", dice el texto. "Será necesario, además, realizar una prueba diagnóstica para COVID-19 a todas las personas asintomáticas que llegan a España por una vía irregular".

El documento, efectivamente, prevé "test diagnósticos" para las personas llegadas en estas circunstancias a las costas españolas. Y marca las garantías para la "trazabilidad" de cada grupo llegado "en la misma patera" durante su estancia bajo control de las autoridades.

Es cierto que "en función del contexto y las posibilidades a nivel logístico se establece" la posibilidad de "realizar pruebas PCR por lotes", es decir, "mezclando 10-20 muestras" para un cribado más rápido. Y que no hay manera de asegurarse de que quienes salen de Canarias no se hayan contagiado después, ya viajen por propia voluntad a la Península o sean trasladados en vuelos fletados por el Gobierno.

¿Y cuánto tiempo pasa un migrante en Canarias desde que toca tierra hasta que sale hacia la Península? "Eso es imposible saberlo, salvo que pasan al menos 72 horas bajo custodia de Interior, para que se tramite su filiación legal". Es decir, para comprobar su documentación si la porta o proporcionarle un salvoconducto con los datos que aporte. Después, si quieren -y aunque se les abra un expediente de expulsión-, son libres. 

Normativa anti Covid

Sólo a los que van a ser deportados se les hace una nueva PCR antes de montarlos en el avión. Así lo exigen las reglas anti Covid de Marruecos y Mauritania, que piden un test con resultado negativo "realizado dentro de las 72 horas anteriores a llegar al país". Y también la normativa de Senegal, que en este caso amplia el plazo hasta los "cinco días previos". En el primero y el último caso, además, se debe rellenar un formulario sanitario en origen.

¿Y qué pasa con los migrantes "vulnerables" que son trasladados a emplazamientos distintos de los canarios, en la Península? ¿Y con los que deciden no acogerse a los programas de atención humanitaria y gozan de su libertad deambulatoria? 

"Cuando se trata de personas migrantes que han llegado por vía irregular", insisten desde el Ministerio de Escrivá, "es preciso subrayar que se les ha hecho PCR en costa como bien indica nuestro protocolo de atención en costas". Efectivamente, la prueba se realiza "a las pocas horas de llegar", aclaran desde el Ejecutivo canario. Pero ninguna prueba más antes de viajar a la Península.

Opacidad en la información

Los ministerios se pasan el uno al otro la patata caliente y evitan informar a los alcaldes, a las CCAA y a la prensa. La misma ministra portavoz, preguntada por esta negativa a informar de los dos ministerios implicados, se limitó a plantearse en alto si es que "no tienen esa información o si es que no se están realizando esos traslados". María Jesús Montero prometió que cuando el Ejecutivo cuente con los datos "los hará saber".

"El Ministerio del Interior no gestiona, ni financia ni organiza los traslados de inmigrantes a la Península", asegura un portavoz de Fernando Grande-Marlaska a preguntas de este periódico. 

Entonces, ¿hay traslados? Efectivamente, sí. "La Secretaría de Estado de Migraciones contempla entre sus actuaciones la reubicación de personas con perfiles vulnerables a plazas de atención humanitaria en la Península", aporta una fuente oficial de José Luis Escrivá. ¿Y se están haciendo? "No en los últimos días".

Es decir, que los que están llegando por cientos a casi una decena de ciudades españolas no son "vulnerables", ¿no? "Inclusión no aporta información sobre reubicaciones", responde la portavoz, "pero todos los traslados que se producen se enmarcan dentro de la legalidad y las Fuerzas de Seguridad los están controlando"... pero de nuevo, para más información, hay que preguntar a Interior.

Este jueves, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido amparo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -el mismo organismo estatal independiente que ordenó a Sanidad hace una semana que revelara los nombres de su comité de expertos- para acceder a los datos sobre los vuelos en los que "cientos de ciudadanos" subsaharianos y magrebíes llegados a Canarias en patera en los últimos meses que están llegando a ciudades de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia.