Los letrados del Congreso aceptan por primera vez investigar a Juan Carlos I por las tarjetas opacas

Los servicios jurídicos del Congreso han informado a favor de que la Mesa de la Cámara admita a trámite la comisión de investigación registrada por Unidas Unidos y otros ocho partidos para abrir pesquisas sobre el uso de 'tarjetas black' por parte de Juan Carlos I.

Según el informe que este miércoles estudiará la Mesa del Congreso y que recoge Europa Press, los letrados son partidarios de que el escrito se califique y se traslade a la Junta de Portavoces "para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria". Es la primera vez que los servicios jurídicos del Congreso no informan en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa al Rey emérito.

El PSOE, el socio de Gobierno mayoritario, ha indicado que votará en contra de formar una comisión de investigación en la Junta Portavoces, según ha adelantado la Cadena Ser. Por su parte, Podemos, el otro miembro del ejecutivo, ha celebrado la decisión en su cuenta de Twitter: "Ya no hay excusas: o se está con la verdad o se está con la impunidad. Todos los partidos del arco parlamentario deberían apoyarla por higiene democrática".

Así las cosas, la creación de esa comisión de investigación no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso, como proponen los letrados de la Cámara Baja.

Las tarjetas

Entre los distintos frentes judiciales que acechan al monarca, los letrados del Parlamento se han pronunciado sobre el que atañe al uso de fondos provenientes del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2017 y 2019.

Este dinero habría sido utilizado por don Juan Carlos a través de una tarjeta de crédito a nombre del coronel Nicolás Murga, antiguo ayudante de campo del Emérito. Según publicó EL ESPAÑOL, sería Murga quien pagase los gastos directamente y no el padre de Felipe VI.

El rey emérito Juan Carlos I regularizó a principios de diciembre su situación fiscal en lo relativo a las donaciones de Sanginés-Krause. El valor de estas ascendía a más de 800.000 euros y fueron recibidas entre 2017 y 2019.

Don Juan Carlos presentó en la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid una "declaración fuera de plazo sin requerimiento previo" y satisfizo una deuda tributaria de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos.

El importe abonado lo dio a conocer el abogado del rey emérito, Javier Sánchez Junco, que hizo público un comunicado en el que señalaba que "en cualquier caso S.M. el Rey Don Juan Carlos continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno".

El grueso de los fondos de Sanginés fueron recibidos en 2017 y 2018 y una cantidad menor en 2019. Se trata, por tanto, de un período de tiempo posterior a la abdicación, en el que la eventual responsabilidad penal del rey emérito no estaría cubierta por la inviolabilidad.

Reacciones al PSOE

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha criticado este martes que el PSOE vaya a volver a rechazar que el Congreso admita a trámite la creación de la comisión de investigación.

"Qué vergüenza", ha escrito Rufián en su cuenta personal de Twitter nada más conocer que el PSOE se mantendrá en su negativa a que la Cámara investigue al Rey emérito, en contra del informe favorable que han emitido los letrados del Congreso.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha celebrado este martes que los letrados del Congreso hayan informado por primera vez a favor de que la Mesa de la Cámara admita a trámite una comisión de investigación sobre el Emérito. De "buena noticia" ha calificado su socio electoral y diputado de Compromís, Joan Baldoví, esta decisión.

"Cada vez hay más motivos y menos excusas para que rinda cuentas ante la sociedad", ha escrito Errejón en su cuenta personal de Twitter nada más conocer el contenido del informe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, que la Mesa estudiará en su reunión de este miércoles.

Mesa del Congreso

El pasado mes de diciembre, la Mesa del Congreso, amparándose en la opinión de los letrados, vetó esta misma petición por un defecto de forma, ya que únicamente se había presentado con la firma de Unidas Podemos, que no cuenta con diputados suficientes para solicitar por sí misma una comisión de investigación.

El grupo confederal de UP volvió a registrar la solicitud añadiendo también la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromis, CUP y BNG, un texto cuyo contenido sí ha sido ahora analizado por los letrados, que le han dado su visto bueno.

Eso sí, en su informe, los letrados, especifican como es habitual que, en el caso de que el Pleno dé vía libre a esa comisión de investigación será ella la que elabore su propio plan de trabajo y decidir sobre la celebración de comparecencias "sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquéllas".