Carmen Calvo desoye las denuncias y da dinero a las fundaciones de Baltasar Garzón y Largo Caballero

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo ha hecho oídos sordos a las alegaciones presentadas por una asociación de memoria histórica en contra de una partida de subvenciones que beneficia, entre otras entidades, a la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Fundación Largo Caballero.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la vicepresidenta primera del Gobierno resolvió en tan sólo cuatro días la concesión de 750.000 euros para su plan de "memoria democrática". Ese plan motivó la denuncia de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que solicitó una "auditoría y fiscalización de todo el procedimiento" para asegurarse de que había transcurrido conforme a los cauces legales y no se había favorecido a "asociaciones afines".

Carmen Calvo ha decidido seguir adelante con el procedimiento sin dar parte a los denunciantes. Así, el Ministerio de la Presidencia resolvía finalmente el pasado 10 de diciembre entregar las subvenciones previstas.

Por ello, desde la Asociación Raíces anuncian ahora a EL ESPAÑOL que han interpuesto un recurso y que están dispuestos a llevar el asunto al Tribunal de Cuentas "con el fin de revisar las subvenciones concedidas indebidamente a entidades cuyo objeto no es el estipulado".

Motivos del recurso

La Asociación Raíces es conocida por haber conseguido que el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, se comprometiera a exhumar la fosa de Moncada y Reixac, que alberga los cadáveres de centenares de víctimas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil.

Esta entidad tiene como principal objetivo reivindicar que la Ley de Memoria Histórica se aplique también a los crímenes del bando republicano. Es decir, que se exhumen los cadáveres de ambos bandos.

El Ministerio de la Presidencia desestimó las alegaciones de Raíces por considerar que no es una asociación legítima para presentarlas. Esto ha motivado el recurso de reposición, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que la asociación esgrime cuatro motivos en contra de la resolución del pasado 10 de diciembre.

1. Acerca de la legitimación de la Asociación recurrente. Entienden que Raíces sí está legitimada para formular el presente recurso pues su finalidad es la "lucha por la justicia para las víctimas de la Guerra Civil, mediante cualquiera de los medios permitidos por la Ley", así como la "defensa de la verdad de la memoria histórica".

2. Acerca del impedimento para acceder al expediente administrativo y la indefensión ocasionada. Aquí, la asociación recurrente arguye que la denegación del acceso al expediente administrativo de las subvenciones por parte de Presidencia "transgrede un derecho básico de todo interesado en un procedimiento administrativo" y "ocasiona también a la recurrente una típica situación de indefensión al cercenarle cualquier posibilidad de obtener una información que resulta imprescindible para hacer valer sus legítimos derechos".

3. Sobre el indebido otorgamiento de subvención a entidades que no persiguen la dignificación y reconocimiento moral de todas las víctimas de la Guerra Civil y la recuperación objetiva de la memoria histórica y democrática, o que quedan expresamente excluidas por las bases de la convocatoria.

Aquí está el punto clave del recurso, puesto que desde Raíces entienden que la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Fundación Largo Caballero no pueden ser destinatarias de subvenciones relativas a la memoria histórica porque no encajan en el perfil del beneficiario.

En el caso de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, consideran que tiene "un claro sesgo ideológico marxista y totalitario". Además, está "auspiciada y dirigida por un juez expulsado de la carrera judicial por sentencia firme".

En cuanto a la Fundación Largo Caballero, defienden que sus fines no son los recogidos en la convocatoria ("ayudas para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura"), sino simplemente "la defensa de la figura de Largo Caballero".

Lo mismo sucede con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). El artículo 3.2 de la convocatoria establece que "quedan excluidas como posibles beneficiarias las entidades societarias con ánimo de lucro, las entidades de derecho público, los partidos políticos, los colegios profesionales y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente".

Este párrafo sería incompatible, arguye la asociación recurrente, con la concesión de subvenciones de Memoria Histórica al CSIC, pues se trata "de un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia" y, por tanto, "una entidad de derecho público" que "queda expresamente excluida como beneficiaria de las subvenciones, infringiendo con ello la resolución de las bases de la convocatoria".

La asociación denunciante sostiene que las subvenciones "deben ir destinadas a localizar a las víctimas para entregarlas a sus familiares". En este sentido, resaltan que sólo 450.000 euros de los 750.000 contemplados en la partida están destinados a exhumaciones. "El dinero hay que dárselo a quien hay que dárselo, no a chiringuitos", zanjan en conversación con este medio.

Falta de paridad

Por último, el cuarto motivo/argumento del recurso contra la resolución de la concesión de subvenciones de Memoria Democrática hace relación a que la Comisión de Valoración de las subvenciones incumple la paridad al estar compuesta por siete mujeres y un sólo varón. Algo que ya denunció en su día este periódico.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Efe

De este modo, la comisión incumple la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que recoge en su artículo 51.d la obligación que tienen las Administraciones Públicas de "promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración".

Pero es que además la Asociación Raíces denuncia otra irregularidad relativa a la incompatibilidad de cargos. La presidenta de la Comisión de Valoración de los proyectos que aspiran a las subvenciones, María Jesús Gabín López, forma también parte del Grupo de seguimiento del plan estratégico de subvenciones. 

"Es obvio que quien valora los proyectos no puede ser la misma persona que efectúa el seguimiento de los mismos , debiendo establecerse una rígida separación orgánica", denuncian los recurrentes, que ya amenazan con llevar todas las irregularidades ante los tribunales.