El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Junta de Castilla y León en el que adelanta el toque de queda en la región a las 20.00 horas.
El Ejecutivo central ya había advertido de que esta modulación no tiene encaje en el actual estado de alarma pero este sábado el Gobierno regional presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco constató el órdago con la publicación de la medida en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).
El texto armado por la Administración castellano-leonesa plantea la "limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno" y se agarra a que, si bien el decreto del estado de alarma establecía la horquilla de entre las 22.00 y la medianoche para comenzar el toque de queda, en una modificación posterior permite a las autonomías "modular" las limitaciones en "horario nocturno".
El Gobierno, con el ministro de Sanidad a la cabeza, ha rechazado de plano esta lectura y considera que, al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20.00 horas, la Junta de Castilla y León "infringe nítidamente" la regulación, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de modulación que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación "comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no, como es el caso, de intensificarlas o agravarlas".
Para el Ejecutivo central, se trata, en resumen, de "una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2000".
Salvador Illa, defendió este sábado que "todas las medidas se tienen que adoptar con la correcta cobertura legal" y con las "máximas garantías jurídicas", aunque se abrió a plantear el debate en el seno del Consejo Interterritorial.
"Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo", apuntó ayer, al tiempo de constatar que "el Gobierno de España siempre va a estar a favor de cualquier medida que sea eficaz para doblegar la tercera ola", aunque estas, matizó, "se tienen que adoptar con la adecuada cobertura legal".
La sitiación es "extrema"
Tras conocer la decisión del Ejecutivo central de recurrir la medida, la Junta de Castilla y León ha emitido un comunidad en el que subraya que la situación epidemiológica y sanitaria en la región "es de extrema gravedad" y lamenta que el Gobierno "trate de obstaculizar" su gestión, "que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía".
En la notal, el Ejecutivo presidido por Mañueco asevera en su defensa del encaje legal de la medida. "Está amparada, según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León", reitera aludiendo a los mismos artículos que menciona el Ejecutivo central para justificar el recurso.
Sea como fuera, la Administración regional constata que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo y "reclama una vez más al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas".
"Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías", señala en la nota, en la que asegura que el toque de queda "sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley".