El Gobierno se va a autoadjudicar parte de los fondos europeos para contratar personal y digitalizar la Administración central. El Ejecutivo admite que necesita "modernizar la gobernanza" entre el Estado, las autonomías, las diputaciones y los Ayuntamientos, "dada la compleja articulación de sus acciones entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas".
Moncloa incluye esta reforma entre las propuestas a la Comisión Europea para la reconstrucción de la economía española tras la pandemia. Este periódico ha tenido acceso en exclusiva al documento final enviado por el Ejecutivo a Bruselas, en el que explica este plan. Una "condición", según fuentes gubernamentales para acceder a los 140.000 millones de euros previstos en los fondos europeos para España.
El gabinete de Pedro Sánchez ya aprobó en el último Consejo de Ministros de 2020 un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son 61 páginas llenas de cambios legales para agilizar los trámites legales, una medida "necesaria", según fuentes de Moncloa, si el Estado quiere tener capacidad de asumir y ejecutar esa inmensa cantidad de dinero.
Encabezamiento de la ficha 30 enviada a la Comisión Europea: Reformas en el ámbito laboral y de pensiones.
El documento remitido a Bruselas, fechado el 18 de enero, -"fue enviado en la tarde noche del lunes", explicaban a este diario fuentes de Presidencia-, se titula Plan de recuperación, transformación y resiliencia: reformas en el ámbito laboral y de pensiones.
Las instituciones europeas exigen a cada Estado miembro una serie de "fichas" con todas las reformas y modernizaciones concretas de la economía nacional que se pretende abordar con el fondo Next Generation EU, negociado en el histórico Consejo Europeo del pasado mes de julio. En su texto de respuesta, Moncloa reconoce que tendrá que gastar parte de los fondos europeos en "mejorar los instrumentos y la evaluación de las políticas activas".
La ficha número 30, remitida por el Gobierno a Bruselas con más de un mes de retraso respecto a las anteriores, explica en 13 folios las 26 reformas que -en el ámbito laboral y de pensiones- pretende abordar el Ejecutivo en los próximos seis años. Pero sobre todo, para agilizar ya el plazo de entrega de los primeros 27.000 millones de euros a los que aspira España este año... que por ahora han sido adelantados en los Presupuestos vía deuda pública.
El nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, será el encargado de gestionar la negociación con las CCAA y los entes locales, a partir del veredicto que Bruselas dé al documento enviado desde Moncloa.
Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la que asuma dentro de su departamento las inversiones en material y personal. Para ello, deberán implementar las políticas recogidas en ese decreto 36/2020, de 30 de diciembre [consúltelo aquí en PDF].
Gasto en personal y material
De cara a la ejecución del plan, explica el Ejecutivo, "se reforzarán las capacidades humanas, materiales y organizativas del centro directivo competente del Ministerio de Hacienda (actualmente Dirección de Fondos Europeos)".
Es decir, que el Gobierno se adjudica a sí mismo parte de los fondos europeos para dotarse de "una estructura adecuada" que le permita "la adopción de las medidas administrativas necesarias". Esta estructura dentro de Hacienda será designada como "autoridad responsable ante las instituciones europeas" de cara a la rendición de cuentas y el control de los mecanismos del Instrumento Europeo de Recuperación.
La Comisión Europea lleva años reclamando a los diferentes gobiernos españoles que "profundicen" en la flexibilidad de sus últimas reformas laborales y que busquen cuanto antes el modo de hacer "sostenible" el sistema de pensiones. Lo hace en las recomendaciones de política económica, que anualmente envía a cada Estado miembro, y que en este curso se han convertido en "condiciones", tal como admite Moncloa, para poder acceder a las ayudas europeas.
El Ejecutivo necesita agilizar la ejecución de los fondos de la UE y eliminar los "obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e instrumentos de gestión pública" de la Administración. Y para eso, llevará a cabo una profunda transformación del funcionamiento del sector público.
Así, el Gobierno reconoce ante la Unión Europea, por ejemplo, la "ineficacia" del 25% de los fondos que dedica anualmente a las políticas activas de empleo. Es decir, que de los 7.405 millones presupuestados este curso, este año irían a la basura 1.850 millones de euros.
Pedro Sánchez y Ursula Von der Leyen.
Moncloa entra en detalles más generales en la página 4 del documento remitido a la Comisión de Ursula von der Leyen. Concretamente, en la Reforma 10. Modernización y mejora de la gobernanza y recursos del Sistema Nacional de Empleo se explica que es necesario "reforzar la coordinación de las acciones del Estado y las Comunidades Autónomas e integrar a las administraciones locales".
Unidades, comisiones, comités...
Para ello, el Ejecutivo prevé "crear instrumentos e incentivos adecuados para orientar las acciones de apoyo al empleo". Pero sobre todo -y aquí viene el gasto de fondos europeos que la propia Administración se adjudica a sí misma-, "reforzar y modernizar los recursos humanos y tecnológicos", explica el decreto, "para posibilitar la atención eficiente y personalizada".
Así, a la nueva Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, que dirige Manuel de la Rocha en Moncloa, se añadirá la creación de "unos órganos de gobernanza que garanticen un proceso participativo que incorpore las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos".
El Gobierno ya ha dado la orden de crear la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el presidente Sánchez. Asimismo, se ha creado un Comité Técnico que "dará apoyo a esta Comisión".
Se contratará personal de gestión y se comprarán equipos para la nueva Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las comunidades y ciudades autónomas. Esta conferencia será presidida por María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, con el objetivo de "canalizar la gobernanza multinivel territorial" y de "establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan".
Finalmente, se crean foros y consejos de alto nivel con los principales sectores implicados en el plan, con el objetivo de que "la colaboración entre el Gobierno y el resto de los actores implicados en la ejecución del Plan sea fluida y regular".