El Gobierno está incumpliendo hasta tres leyes al ocultar el dictamen que solicitó al Consejo de Estado para su decreto sobre los fondos europeos. Y no tres normas cualesquiera, sino la Ley Orgánica del Consejo de Estado, al no hacer constar en el texto del decreto que se pidió ese informe; la Ley del Gobierno, al no enviarlo al Congreso de los Diputados; y la Ley de Transparencia, al no publicarlo -al menos, todavía- en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado.
Así lo defienden prestigiosos juristas consultados por este periódico. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, denunció el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno, que el presidente del Gobierno "oculta" al Congreso el dictamen emitido por el máximo órgano consultivo del Estado sobre el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Un texto que el Ejecutivo había salvado la semana anterior por los pelos, gracias a la abstención de Vox.
Casado señala a Sánchez por los fondos europeos y éste le pone de ejemplo a Abascal
"Hoy hemos registrado una petición de información oficial", advirtió el líder de la oposición. Fuentes de la dirección de los populares aseguran que el documento "era contrario a sus intereses" y que por eso el Gobierno "lo eliminó". El Gobierno alega que "atendió las recomendaciones" del informe, pero lo cierto es que si el PP y Ciudadanos no lo hubieran denunciado, no habría rastro siquiera de que se pidió.
No era preceptivo
La realidad es que el informe del Consejo de Estado no es preceptivo para la aprobación de un Real Decreto-Ley. Pero es cierto que este texto legal no sólo es el que crea todas las estructuras de la Administración para "absorber los fondos europeos" -es decir, hasta 140.000 millones de euros en seis años-, sino que reforma por completo la Administración y sus procesos de contratación con el objetivo de agilizar las licitaciones, crea instrumentos nuevos y "otorga a Moncloa el control discrecional de todas las ayudas aprobadas por la UE".
Según el doctor en derecho y experto en transparencia, lucha contra la corrupción y lavado de dinero negro de la Comisión Europea Miguel Ángel Blanes, es precisamente la trascendencia de la reforma la razón por la que el Ejecutivo esta vez sí pidió el dictamen a la institución presidida por María Teresa Fernández de la Vega. Algo que no había hecho en ninguno de los otros 38 aprobados durante 2020.
Por otro lado, un número récord que lo convierte en el Gobierno que más ha abusado en democracia de esta figura legislativa, inicialmente pensada para legislar sólo en caso de "medidas urgentes y excepcionales".
La Ley de Gobierno
Pero una vez solicitado el dictamen, "éste forma parte del expediente y hurtarlo al Congreso es un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo el decreto", sostienen fuentes parlamentarias del PP y de Ciudadanos.
En conversación con EL ESPAÑOL, Blanes sostiene, a este respecto, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha violado la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Según el también experto del Parlamento Europeo para asuntos relativos al Derecho Administrativo, el precepto vulnerado es el artículo 26.8), relativo al procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley, que dictamina cómo ha de ser la "remisión" de un proyecto de ley "al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado". Y determina que sea siempre "acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración".
Pedro Sánchez y Carmen Calvo en el Congreso de los Diputados.
Explica este jurista que aunque el texto sólo cita expresamente los "proyectos de ley" no es menos cierto que "es evidente que un Real Decreto-ley es una norma con rango de Ley".
Ley de Transparencia
Pero no sólo debería el Ejecutivo haber remitido el dictamen al Congreso, "es que también debería estar publicado en el Portal de Transparencia", añade Blanes.
En este caso, la norma vulnerada es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En su artículo 7.d) que versa sobre la "Información de relevancia jurídica" el texto determina que "las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos".
Es decir, que ya fuera el dictamen preceptivo o facultativo -como es el caso-, "es clara la obligación de publicar el dictamen del Consejo de Estado en el Portal de Transparencia", concluye este jurista.
Ley del Consejo de Estado
Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de haber "arrancado del decreto" el dictamen del Consejo de Estado. El verbo, muy sonoro, buscaba la trascendencia política que el asunto ha alcanzado, pero no era jurídicamente correcto. El propio texto del Real Decreto-Ley no debía recoger el informe del máximo órgano consultivo para las Administraciones.
En puridad, bastaba con que el texto legal hiciese mención a que el Ejecutivo, en este caso, sí había decidido recabar la opinión de sus más prestigiosos juristas. Pero es que esto es ley, y dada la redacción de la norma aplicable, "no interpretable", explica Blanes.
La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, dispone en su artículo 2.2) lo siguiente: "Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula 'de acuerdo con el Consejo de Estado'; en el segundo, la de 'oído el Consejo de Estado'".
Y el Real Decreto-Ley 36/2020 sobre los fondos europeos no menciona si se pidió o no el dictamen, no se informa si éste fue favorable o no, ni con esas fórmulas que determina la ley ni por ninguna otra.
El texto sólo hace una mención al Consejo de Estado. Y es en el artículo 45.2.a) para ordenar que se requieran sus dictámenes "en aquellos expedientes en que, de conformidad con la normativa aplicable, sea preceptivo". Pero sólo se pedirán informes de manera temporal, "en tanto no se apruebe" un acuerdo en el Consejo de Ministros que "determine" unas nuevas directrices. Y en todo caso, con posterioridad a la emisión del dictamen del Consejo de Estado, éste tampoco se publicará, "únicamente se constará su existencia material y su carácter favorable".
El "sentido común"
Curiosamente, la web del Boletín Oficial del Estado sí tiene un apartado específico para la publicación de los dictámenes del Consejo de Estado. En ella se reúnen aquellos que son preceptivos "y siempre se acaban publicando los que son a instancia de parte", explica el experto en transparencia Blanes, como es el caso que nos ocupa. "Pero la ley no marca un plazo, así que el Gobierno puede dilatarlo cuanto quiera".
Lo cierto es que decreto de los fondos europeos ya había sido protagonista de la polémica la semana anterior, cuando el Gobierno tuvo que "agradecer el sentido de Estado" de Vox, cuya abstención permitió que fuera convalidado. "Es evidente que el Gobierno pidió el dictamen para armarse de argumentos jurídicos ante Europa", explica Blanes, que sólo encuentra una explicación para que un texto tan importante no haya llegado siquiera al Parlamento. "Si Moncloa lo oculta es porque el Consejo de Estado no avalaba algún precepto clave".
Los votos en contra de PP y Ciudadanos, además del de Esquerra Republicana dejaron al Ejecutivo en minoría, y sólo la extrañísima alianza de la formación de Santiago Abascal -que incluso votó al unísono con Bildu, su némesis- permitió salvar la norma de 61 folios con que se ha dotado el Gobierno para gestionar todos los proyectos que debe presentar a la Comisión Europea para acceder a las ayudas de la UE hasta 2026.
De haber estado informados, los diputados de una oposición como la de Vox, tan beligerante con Sánchez e Iglesias, ¿habrían podido cambiar el sentido de su voto?
Este experto en buen gobierno, evidentemente, no entra en el fondo de la pregunta, pero sí se permite plantearse la duda: "El sentido común indica que la sede de la soberanía debe tener toda la información posible antes de votar, sin duda en el caso del informe de un órgano tan prestigioso en una materia, y cuánto más tratándose del destino de 140.000 millones de euros, ¿no?".