Iglesias plantea ahora que la Ley de Vivienda defina como "gran tenedor" a quien tenga cinco pisos

Si en el Ministerio de Vivienda de José Luis Ábalos se pensaba que suspender las negociaciones con el de Derechos Sociales de Pablo Iglesias iba a proporcionar una campaña electoral catalana en calma, no podía equivocarse más. Según ha podido saber este periódico de fuentes de Unidas Podemos, la negociadora Ione Belarra planteará a su contraparte, David Lucas, que la nueva Ley de Vivienda defina como "gran tenedor" a quien posea cinco o más pisos, la mitad que en la actualidad.

Éste es un nuevo paso en la estrategia de los morados, que la semana pasada plantearon que la ley debe forzar a los "grandes tenedores a sacar el 30% de sus viviendas vacías al mercado de alquiler social". Aunque fuentes del entorno morado confirman a este periódico que "esto se ha puesto encima de la mesa en negociaciones anteriores" y que, por tanto, más allá de lo que diga ahora el PSOE, no debería suponer ninguna sorpresa.

Tal como informaba EL ESPAÑOL este mismo lunes, el equipo de Ábalos se niega en redondo: "No vamos a obligarles por ley", advierten fuentes del lado socialista, "en una democracia, lo lógico es negociar para lograr tus objetivos, y no expropiar derechos para imponerlos".

Según explicó Belarra la semana pasada en el Congreso, las cuentas de Unidas Podemos les llevan a concluir que expropiando ese 30% de pisos a los grandes propietarios de vivienda, en España "sacaríamos de inmediato al mercado entre 140.000 y 150.000 casas en alquiler social" sin necesidad de acudir a la construcción. Los morados creen que la "emergencia habitacional" exige soluciones "inmediatas" y que no se puede esperar a los planes que impulsa el ala socialista de Ábalos.

"Campaña electoral"

Belarra compareció ante la comisión mixta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como secretaria de Estado para la Agenda 2030. Sin embargo, centró su discurso en propuestas para la Ley de Vivienda. Ella es la negociadora jefe de Iglesias para esta norma, en la que Transportes y Derechos Sociales actúan como "coproponentes", tal como accedió Pedro Sánchez durante otra negociación interna del Gobierno, la de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

"Es pura campaña, no podemos aceptar negociar con ese ambiente", explican fuentes del Ministerio de Ábalos. "Nos pondremos las pilas desde el lunes siguiente al 14-F", aseguran. Y aunque admiten que puede haber retrasos, asegura este portavoz que, "con voluntad política de las dos partes, Lucas y Belarra lo cierran todo en una semana, seguro".

Aquello fue un empeño personal de Iglesias en la noche final de la negociación de las cuentas públicas. Cuando Sánchez ya había anunciado a los líderes autonómicos -en su última conferencia de presidentes- que al día siguiente serían llevados al Consejo de Ministros, el vicepresidente segundo se enrocó y alargó la negociación hasta la madrugada en el empeño de que Sánchez debía firmar que la Ley de Vivienda incluiría la intervención de los alquileres.

Para calmar las aguas internas de la coalición, Sánchez aceptó que el PSOE incluiría en la Ley la intervención del mercado del alquiler "para que el Gobierno haga políticas que bajen el precio de los pisos, incluso con contrato en vigor". E Iglesias logró, como garantía por escrito, que su Ministerio sería coautor y "coproponente" de la norma, que ésta se llevaría al Consejo de Ministros en tres meses y al Congreso en cuatro.

Se cumplen los plazos

El primero de esos plazos se cumple en apenas tres semanas. Pero la negociación fue suspendida por orden de Ábalos hace una semana, para enfado infinito de Unidas Podemos. 

La puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, como reclama Unidas Podemos, "es un objetivo compartido 100% por el PSOE", explican fuentes cercanas a la negociación. Pero lo que los socialistas no aceptarán "de ningún modo" es el planteamiento que lanzó Belarra hace una semana en la comisión parlamentaria. La dirigente morada habló de "la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique un 30% de sus viviendas al alquiler social".

Actualmente, es el decreto antidesahucios -otra medida arrancada por Iglesias en aquella negociación- el que define a los grandes propietarios como los que acumulan, al menos, 10 viviendas.

Ese decreto, por otra parte, sólo está vigente hasta que decaiga el estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Y Unidas Podemos también exige que la Ley convierta en permanente "la prohibición de cualquier desahucio sin alternativa habitacional". Tal como adelantó EL ESPAÑOL, Ábalos ya ha dicho también que eso no es posible.