Pedro Sánchez mantendrá el estado de alarma definitivamente hasta el 9 de mayo. Lo hará sin haber consultado con la Conferencia de Presidentes, a pesar de que se comprometió a ello cuando a principios del pasado noviembre solicitó al Congreso una prórroga de seis meses para la situación de excepcionalidad constitucional. Entonces, sólo logró el acuerdo con los grupos políticos a cambio de una revisión cumplidos los primeros cuatro meses y una decisión conjunta con los presidentes de las Comunidades Autónomas.
Cuando el Ejecutivo decretó el tercer estado de alarma de la pandemia por la Covid -el segundo, se le impuso a Madrid durante la peor racha de enfrentamientos con la presidenta Isabel Díaz Ayuso-, anticipó su plan de que, pasados los primeros 15 días de vigencia que le permite la Ley, la prórroga que le otorgara la Cámara Baja fuese de seis meses.
Entonces, todos los grupos, desde el PP hasta sus propios socios parlamentarios de ERC, se rebelaron contra la petición y llegaron incluso a negociar el no en el pleno del Congreso. Finalmente, el Gobierno se comprometió a que Sánchez sólo mantuviese la alarma, una vez cumplidos cuatro meses, si el Consejo Interterritorial de Salud así lo estimaba y la decisión se convalidaba en una Conferencia de Presidentes.
María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno, entrando en la sala de prensa de Moncloa.
Además, el presidente prometió comparecer cada dos meses en la Cámara para dar cuenta de la situación epidemiológica, que su ministro de Sanidad -ahora ministra- lo hiciera cada mes y que la duración de seis meses quedase en manos de la llamada "cogobernanza" con las CCAA. Pero tal como ha confirmado la ministra portavoz, María Jesús Montero, "no hay nada que aconseje el levantamiento del estado de alarma, y no podemos precipitarnos en la desescalada".
Sánchez ante el Congreso
Esa comparecencia se celebrará este miércoles, antes de la sesión de control semanal en el Congreso. El presidente Sánchez "dará cuenta de la situación epidemiológica y el estado de alarma decretado hace cuatro meses", admitió la portavoz.
Cuando se decretó, a finales de octubre, "teníamos 362 casos de incidencia acumulada", y ahora estamos en 252. "El decreto reforzó la cogobernanza del Consejo Interterritorial y le dio capacidades a los presidentes autonómicos para restringir la movilidad". Según el Gobierno, "ha costado mucho trabajo estabilizar los casos, pero ahora no podemos bajar la guardia".
El Gobierno celebra que España está "saliendo del riesgo extremo", pero la actual sostiene que "todavía es una cifra que preocupa a la comunidad científica". Por ese motivo, este Consejo de Ministros ha servido para anunciar que el Gobierno ya ha decidido seguir adelante con el estado de alarma, saltándose sus compromisos de control democrático.
"Hasta que no lleguemos a menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes no podemos tomar medidas de relajación en nuestra movilidad y convivencia", ha defendido Montero.
Según Montero, el objetivo es "consolidar la bajada de las cifras de contagios" y no anticipar una "relajación de las medidas restrictivas" hasta que España no alcance los 50 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 15 días. "Sólo entonces tendrá sentido retirar los poderes para restringir la movilidad que tienen ahora mismo las autoridades delegadas competentes, que como marca el decreto de alarma son los presidentes autonómicos".
40 años del 23-F
La ministra portavoz también ha hecho referencia a los actos del 40 aniversario del 23-F este martes en el Congreso. Según el Gobierno, aquel golpe de Estado "nos quería retrotraer a un pasado que algunos todavía añoraban". Pero los españoles de entonces no querían "y siguen sin querer". Para el Ejecutivo, en estas décadas "se ha reforzado la democracia, se ha extendido el Estado del bienestar, que nos permite ser iguales a menos en lo básico, y hemos convergido con Europa".
En todo caso, "no podemos ser autocomplacientes, porque hay cosas que mejorar y nuevos retos que afrontar, más aún tras la pandemia que tanto impacto ha tenido en lo social y en lo económico".
En ese sentido, Montero ha defendido la fortaleza de las instituciones y, sin hacer referencia ni siquiera velada al golpe del 1-O de 2017 en Cataluña, sí ha expresado que "con orgullo", que "nuestra arquitectura constitucional ha demostrado fortaleza". Y que las instituciones están haciendo ahora frente a "la peor crisis tras la Guerra" y que eso "pone en valor la salud democrática del país y de las instituciones que lo integran".
Pero tanto en su intervención inicial como en las preguntas de la prensa, la portavoz ha vinculado los disturbios de estos días "sobre todo en las calles de Barcelona" a las algaradas independentistas "que pretenden dar esa imagen en esa ciudad", precisamente en las fechas en las que, por ejemplo, el Parlamento Europeo debe decidir sobre el suplicatorio de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí: "Las escenas vandálicas de estos últimos días no son reflejo de los jóvenes de España ni tienen nada que ver con la libertad de expresión", ha dicho "y sí recuerdan a otros disturbios en la misma ciudad en los que el modus operandi era el mismo".
Este Gobierno, ha dicho, "condena los actos de pillaje y traslada su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".