Los 52 diputados de Vox en el Congreso utilizaron para atender la petición de la Cámara Baja sobre las declaraciones de intereses económicos una planilla idéntica con la que evitaron desglosar sus actividades. Ahora, la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes se predispone a supervisar todas las declaraciones de intereses económicos de los representantes públicos, diputados y senadores.

El Congreso publicó esta semana las declaraciones de intereses económicos de todos los parlamentarios a través de un formulario en el que debían señalar las actividades realizadas en los cinco años anteriores a ser elegidos y que les pudieran condicionar en su trabajo o que les hubieran proporcionado ingresos económicos.

También debían dar cuenta de las donaciones, obsequios y beneficios obtenidos en esos años así como de las fundaciones u asociaciones a las que hubieran contribuido. Todos los diputados y senadores en el Congreso desglosaron sus aportaciones a diferentes entidades así como los trabajos públicos desarrollados.

Los 52 parlamentarios del partido de Santiago Abascal se convirtieron, como ya contó este medio, en la excepción. "Ninguna de las actividades desarrollada por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política, en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles, con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente, tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados", contestaron invariablemente los parlamentarios de Vox.  

En cuanto a los obsequios y donaciones, todos los parlamentarios de Vox en la Cámara Baja utilizan la misma fórmula: "Ninguno de especial consideración y valor. Exclusivamente los obsequios propios de la relación familiar, amistosa o social sin alcance material o económico relevante".

Estas declaraciones idénticas, así como las del resto de los parlamentarios tendrán que ser revisadas a partir del 1 de marzo por la nueva Oficina de Intereses creada en diciembre del año pasado y que dirige el letrado del Senado José Javier Ballarín en calidad de secretario general. 

La declaración de intereses se suma a la de actividades y bienes y rentas que también señalan los diputados cuando entregan sus credenciales al inicio de la Legislatura y se enmarca dentro del Código Ético aprobado recientemente por las Cortes para mejorar la transparencia en los cargos públicos.

El nuevo código de conducta de las Cortes aprobado en octubre de 2020 y que sustituyó al de 2019 mandata que la Oficina de Conflicto de Intereses elabore con carácter anual un informe sobre el cumplimiento de las normas de conducta de los parlamentarios e incluso pueda hacer recomendaciones. No obstante el reglamento de este Código señala que "deberá mantener la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación".

El Código de conducta fue aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado con los votos favorables del PSOE, el PP y Unidas Podemos y el rechazo de Vox, que se mostró en contra de publicar los datos personales, académicos y profesionales de todos los parlamentarios así como su agenda institucional.

La declaración de intereses, de actividades y de bienes y rentas aparece en las fichas de cada diputado y senador y trata de dar un paso mas para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que planteó la necesidad de que el Parlamento español redactara y se guiara por un Código que salvaguardara de posibles malas praxis.

El Código Ético tiene carácter vinculante y regula qué hacer cuando determinadas actuaciones o decisiones de los diputados pudieran cuestionar su objetividad e independencia. La Oficina de Conflicto de Intereses tiene como meta resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del código.

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