La campaña de Podemos para cambiar la actual composición del Consejo General del Poder Judicial se basa en dos pilares. Uno, la ley marca que este órgano constitucional lleva ya más de dos años en funciones, incumpliendo los plazos de renovación. Dos, la deslegitimación a la que la formación de Pablo Iglesias lo somete, que no consiste en hacer hincapié en esta circunstancia, sino en desacreditar todas las decisiones del Poder Judicial que no le gustan, atribuyéndolas a intereses políticos.
Así, si no se investiga al Rey Emérito, es culpa de un sistema que "cierra filas en torno a a corrupción de la Monarquía" con la "pasividad de la Fiscalía y el Tribunal Supremo". Si se acerca la semana del 8-M, que el año pasado protagonizó no sólo el inicio de la pandemia sino el primer enfrentamiento en el Gobierno coalición a cuenta de la "deficiente técnica jurídica" de la ley del sólo sí es sí, se acusa a los vocales del CGPJ de "regresivos" y de que "si por ellos fuera, no habría avances feministas".
Y eso es lo que ha hecho Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos, en la rueda de prensa semanal con la que el partido de Pablo Iglesias trata de marcar los debates tras la reunión de su dirección.
Serra ha acusado al CGPJ de "haber retrasado tres meses el informe". Cuando la realidad es que el texto llegó eso, hace tres meses, a las oficinas del órgano de gobierno de los jueces, a pesar de haber sido tramitado hace un año... porque hubo que sacarlos del Consejo hasta dos veces para reescribirlo otras tantas.
Torpedeo a Irene Montero
"Queremos el informe completo, no sólo una nota de prensa, porque todavía no ha llegado al Ministerio de Igualdad el dictamen", acusó Serra. Y tras construir una supuesta actitud de torpedeo al departamento de Irene Montero, aseguró que ésta responde a una intención "de los jueces" por "bloquear los avances sociales en este país".
Isa Serra: "Cerrar filas con Juan Carlos I es cerrar filas con la corrupción de la monarquía"
Lo cierto es que el CGPJ plantea graves dudas jurídicas sobre la inversión de la carga de la prueba y la dificulta de demostrar ese "consentimiento expreso". Para Serra ésa es la clave de la "regresión", que los vocales del CGPJ por unanimidad, aprueben un dictamen cuya ponencia es responsabilidad esencialmente de dos jueces progresistas y que las "dificultades" que detecta en la redacción de una ley son interpretadas con un deseo de "rechazar que el consentimiento sea puesto en el centro".
Según Podemos, el Gobierno debe seguir adelante con la ley, sin importar las salvedades que plantee el CGPJ. "Porque si por ellos fuera tampoco habría una ley de matrimonio igualitario o una ley que protegiera a las mujeres de la violencia machista".
La realidad es que en 2005 y en 2004, respectivamente, el Consejo también detectó problemas en los anteproyectos de ambas normas, sometidos a su dictamen preceptivo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lo cierto no es que entonces el Ejecutivo siguiera delante sin atender esas advertencias, sino que introdujo "numerosos cambios", según las fuentes consultadas, para aprobarlas después de atender los informes.
"Ésta es una ley hecha de acuerdo al Convenio de Estambul, que es un escándalo que no se esté cumpliendo en España", defendía Serra. Precisamente, el CGPJ critica en su informe que el preámbulo de la norma plantee ciertos preceptos del convenio como obligatorios, y les dé una interpretación concreta que el órgano de gobierno de los jueces no comparte. "Lo que hay es una voluntad inequívoca e impedir los cambios sociales", fue la respuesta de Serra.
"Criminalizar el feminismo"
Pero en realidad, su comparecencia era una enmienda a la totalidad del Consejo del Poder Judicial: "El 8-M es un día central para nuestro país, porque el feminismo está cambiando el mundo, frente a quienes nos lo quieren impedir". Que para Podemos son los jueces "y la ultraderecha". Serra destacó cómo "se quiere criminalizar el feminismo e impedir nuestras movilizaciones mientras Macarena Olona lidera manifestaciones, como este mismo fin de semana".
Y al ataque "pasividad con los delitos del Emérito" contra el Supremo -que preside Carlos Lesmes, al tiempo que el CGPJ- y la Fiscalía -que lidera Dolores Delgado, a la que Podemos acusó de "amistades con la basura de Villarejo"-, unió "el cierre de filas institucional que vimos la semana pasada alrededor de la corrupción del ex jefe del Estado". Para Serra, "todas las instituciones se deslegitiman" si Hacienda y el fiscal no investigan al Emérito.
Porque, además, es un Consejo "sin legitimidad democrática" que el PP quiere mantener tal cual "bloqueando su renovación" y "chantajeando al Gobierno", para "salir impunes de todos sus delitos".
Según Serra, el partido de Pablo Casado actúa con "técnicas mafiosas" en la renovación de los órganos constitucionales, por "querer ascender a un juez que les está investigando". Unidas Podemos, dijo, "no va a aceptar ni tolerar que el PP siga comprando jueces y bloqueando avances sociales".