El Gobierno asume el plan de Iglesias para garantizar el "suministro mínimo vital" de agua, luz y gas

Este diario ya informaba en primicia, nada más acabar la reunión del Gobierno, de que el líder morado se había salido con la suya, logrando que el Ejecutivo asumiera la intervención del mercado para "bajar los precios abusivos". Amparándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en contra de lo defendido por la ministra portavoz, María Jesús Montero, el Ejecutivo ya anticipa en ese informe que la manera de abordar "la crisis habitacional" no es "ampliar el parque de viviendas en alquiler social", como predica José Luis Ábalos, sino regular los precios por ley.

Pero es que las 140 páginas de ese documento [consúltelo aquí en PDF], que el mismo Iglesias presentará en Naciones Unidas el próximo mes de julio, está lleno de postulados en los que fija compromisos que se salen de su ámbito de competencias... salvo que es él quien marca las directrices prácticas de cómo implantar en España los ODS.

Dentro del primer "Objetivo país" del informe, Acabar con la pobreza y la desigualdad, el texto estudia la situación de "11,8 millones de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, el 25,3% de la población española", en datos de 2019. De las cuales, "el 4,7% -2,2 millones de personas- estaban afectadas por situaciones de carencia material seve­ra".

Así, el documento prevé decenas de medidas para combatirlo.

Desahucios con realojo

Una de las más destacables es, por ejemplo, el anuncio como "necesaria" una nueva Ley de Diversidad Familiar. Esta norma servirá para "adaptar la protección jurídica, económica y social de las familias a las transformaciones demográficas y sociales que se han producido en nuestro país durante las últimas déca­das".

Otra es "la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social". Y que ningún lanzamiento se lleve a cabo sin el "establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social".

Pero la medida estrella, demás de la ya referida de la intervención del mercado del alquiler de viviendas, es el "suministro mínimo vital".

A imagen y semejanza del "nuevo derecho subjetivo" impulsado por el Ministerio de Inclusión de José Luis Escrivá, fuentes del departamento de Iglesias confirman a este diario que han negociado con Teresa Ribera esta nueva medida social para que la impulse Transición Ecológica.

Sin luz no hay dignidad

El documento argumenta la necesidad garantizar el agua, la electricidad y el gas a todos los ciudadanos, aplicando este SMV aunque no puedan afrontar su pago, en que no se puede hablar de derecho efectivo a la vivienda, "como establece la Constitución Española", si ésta "no es digna".

Así, y partiendo de que "España es el quinto país de la UE con la factura eléctrica más cara", según el último informe de Eurostat en 2020, el Gobierno asume como compromiso "prote­ger a los consumidores vulnerables de los cortes de suministro, a través de figuras como el suministro mínimo vital y el principio de precaución".

Además, se añade "un modelo automático en la concesión de la prestación del bono social". El objetivo de esta otra iniciativa, basada en el compromiso de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, es evitar "que medie la necesidad de hacer frente a los costosos trámites burocráticos actuales que suponen una barrera para el acceso", a este instrumento.

"Urgente reforma fiscal"

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son, para muchos, un pin circular de colores en la solapa. Pero para Pablo Iglesias suponen una palanca de entrada a toda la acción del Gobierno. 

Así, por mucho que su papel sea de vicepresidente segundo para Derechos Sociales, dentro de las competencias que negoció en el pacto de coalición se quedó esto, la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y el líder de Podemos ha sabido cómo exprimir en su provecho la ambición de los postulados de la ONU y la amplitud de los ámbitos que tocan.

De este modo, el líder de Podemos incluso marca el paso a la ministra de Hacienda en la subida de impuestos que el verano pasado quedó postergada. Así lo anunció el presidente del Gobierno en la última rueda de prensa antes de las vacaciones. “Ya ha comenzado la recuperación económica”, dijo entonces. “En 2021 alcanzará un ritmo mayor y en 2022 se acelerará”. Pero no será hasta entonces que el Gobierno aborde "la necesaria reforma estructural del sistema fiscal”.

Sin embargo, para el documento aprobado en el Consejo de Ministros de este martes "resulta urgente revisar nues­tro sistema tributario para dotarlo de mayor progresividad y capacidad recaudatoria y redistributiva".

Deuda desbocada

Y es que "el esfuerzo público sin precedentes para poder amortiguar los efectos sociales y económicos" de la pandemia, "ha provocado que las previsiones actuales apunten a un déficit público superior al 11% del PIB en 2020 y una ratio de deuda de en torno al 117% del PIB".

Y para "fortalecer los recursos públicos resulta clave", asegura, "garantizar la gestión sostenible de los niveles de deuda a los que tendremos que hacer frente.

Y eso sólo se puede acometer, afirma el informe del Ministerio de Iglesias, es imprescindible corregir "el elevado peso de la imposición sobre las rentas del trabajo frente a las de capital". Además de revertir "el cada vez mayor peso de los impuestos indirectos frente a los directos, que provoca una mayor regresividad del sistema impositivo" y frenar "la extensión de los beneficios fiscales (deducciones, bonificaciones y exenciones)".