El Gobierno ofrece "diálogo para arreglar Cataluña" tras perder Puigdemont la inmunidad

Por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, el Parlamento Europeo ha levantado definitivamente la inmunidad de Carles Puigdemont. Pero el Gobierno de España ha reaccionado, a través de su ministra de Exteriores, Arancha González Laya, tratando de rebajar posibles tensiones con el independentismo: "Seguimos tendiendo la mano para buscar una solución a los problemas de Cataluña a través del diálogo y del acuerdo".

El Gobierno de España ha compartido un vídeo con declaraciones oficiales de la titular de la diplomacia española, precisamente en ese tono diplomático muy cuidado: tras ella, estaban los rótulos de "la Moncloa". González Laya ha celebrado "la muestra de solidez y del Estado de derecho español" que demuestra esta resolución del Europarlamento, "del respeto al trabajo de la Justicia de nuestro país".

Pero ha insistido en que "la Eurocámara también ha mandado un mensaje de que los problemas de Cataluña se resuelven en España, y que eso es lo que ha mantenido siempre este Gobierno, una mano tendida al diálogo con las fuerzas independentistas".

González Laya cree que la votación que ha dividido a los grupos del Gobierno de coalición -el PSOE ha votado a favor de levantar la inmunidad y Unidas Podemos, en contra- "se manda este triple mensaje", que se completa con la evidencia de que "un eurodiputado no puede valerse de su condición para protegerse de comparecer ante Justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales".

"Que Podemos se explique"

Según fuentes de la Eurocámara, que tiene 751 escaños, la votación ha sido muy similar para Toni Comín y Clara Ponsatí, los otros dos prófugos de la Justicia Española a los que se sometía a este proceso: un total de 404 eurodiputados han apoyado levantarles la inmunidad, 247 se oponen y 42 se han abstenido.

Aunque el voto es secreto, los cuatro grandes grupos políticos de la Eurocámara han comunicado su apoyo a levantar la protección a Puigdemont: los populares (en el que está el PP español), los socialistas (incluido el PSOE), liberales (Ciudadanos) y el grupo de derecha radical al que está adscrito Vox.

Por su parte, el socio de Pedro Sánchez en la coalición gubernamental, Unidas Podemos, votó en contra de retirar la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí. "Podemos tendrá que explicar por qué ha hecho lo que ha hecho", ha reaccionado Iratxe García, líder de la delegación del PSOE y del grupo de los socialistas en el Parlamento Europeo.

Y es que la líder socialista ha sido mucho menos condescendiente que la ministra González Laya, en una entrevista en Onda Cero. "La Eurocámara no juzga a nadie, pero tampoco puede amparar a quien la utiliza para darse privilegios, las leyes hay que cumplirlas", ha dicho García.

La formación dirigida por Pablo Iglesias no sólo ahondaba así en la desunión interna del Ejecutivo y manchaba la imagen democrática de España en un asunto central, sino que lo hacía traicionando su doctrina de que los aforamientos son "privilegios de casta" con el argumento de que el "conflicto político en Cataluña" no debe "judicializarse" sino "resolverse por vías políticas y mediante el diálogo".

Quien ha liderado todo el proceso ha sido el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

Vázquez ha luchado por mantener el proceso fuera de toda soflama partidista, con una pulcritud cercana a la obsesión, según declaraciones de él mismo a este periódico "por respeto a las instituciones" y, además, por evitarse cualquier acusación del populismo independentista y su propaganda.

A partir de ahora, el juez Pablo Llarena, instructor del caso en el Tribunal Supremo, puede volver a solicitar la Euroorden contra los tres procesados. Antes, se prevé que dé la batalla en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la interpretación que la Justicia belga hizo de la euroorden y que condujo a la denegación de la entrega del exconsejero Lluis Puig para ser juzgado en España por presuntos delitos de malversación de fondos y desobediencia a la autoridad judicial.

Ésta sería su vía para cercar a la Justicia de Bélgica, país que habitualmente no colabora con la española, y evitar un nuevo fracaso de la Euroorden.