Montero insinúa que Podemos miente a la prensa sobre el decreto de los 11.000 millones a pymes

"Cuando el Gobierno habla, lo hace esta ministra portavoz aquí y en esta sala. O lo hace el presidente o lo hacen los ministros... es aquí, no en los teléfonos de las personas con las que ustedes hablan: ésta es la verdad, la de aquí". La ministra portavoz, María Jesús Montero, lo sugirió todo. Y lo dijo menos la palabra "mentirosos" para calificar a los dirigentes de Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, al tratar de explicar el retraso del decreto de los 11.000 millones de ayudas directas a las pymes y los autónomos.

"No es que ustedes mientan, es que lo que han publicado no se corresponde con la realidad", había expresado la ministra. "No dudo de sus fuentes y de que ustedes les dan credibilidad, pero el retraso se debe a cuestiones técnicas, no a que haya discrepancias entre los socios de Gobierno". 

Unidas Podemos maniobraba el lunes por la tarde para que Moncloa hiciera entrar a Economía por el aro de que no fueran 5.000 sino 8.000 los millones de ese montante dedicados a "inyecciones directas" en dinero contante y sonante a las pymes afectadas.

Y no sólo eso, la enmienda a la totalidad al plan de Calviño, elaborado por Nacho Álvarez, brazo económico de Iglesias, incluía también la exclusión de las Comunidades Autónomas como gestoras de esas ayudas y una reorientación en sus destinatarios. Los morados no quieren que se priorice por sectores, "más allá de que haya unos más afectados que otros", admitían, sino que se concedieran por "pérdida de facturación", cuantificando la frontera en caídas de entre el 30% y el 40%.

Tres semanas después del anuncio de la vicepresidenta, y pasados 15 días desde que el presidente le puso cifras e "inminencia", el Consejo de Ministros pasó este martes por encima del plan de 11.000 millones de euros en "ayudas directas" a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. La pelea interna en el Ejecutivo forzó un aplazamiento a última hora del decreto previsto, que finalmente será aprobado el viernes que viene en un Consejo extraordinario.

El ambiente en Moncloa no es el mejor. Todavía pendiente esa reunión eternamente postergada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para limar asperezas, el Gobierno se reunía este martes con el presidente flanqueado por los dos líderes más enfrentados en el seno de la coalición: Nadia Calviño y Pablo Iglesias.

Quién miente

Nadie le había preguntado por la discrepancia en torno a las medidas propuestas por Unidas Podemos, sino por los motivos del retraso. Pero la ministra portavoz dijo que era falso que las medidas propuestas por los morados hubieran retrasado el decreto.

Total, que se armó un bucle con hasta tres intervenciones seguidas de la prensa tratando de aclarar si la ministra llamaba mentirosos a los periodistas o a sus compañeros de Gobierno.

Al final, quedó claro que Montero sugería que los morados aprovecharon el retraso "en la resolución de las sugerencias de los órganos consultivos" para colar un documento lleno de discrepancias con el decreto de Calviño. Según las fuentes consultadas en el entorno de Iglesias, la vicepresidenta económica ha elaborado un decreto "que más parece de una coalición del PSOE con Ciudadanos o con el PP que con nosotros".

Preguntada insistentemente por eso, y provocando las carcajadas de la prensa, Montero aclaró a los reporteros: "Lo que he tratado de hacer es salvaguardar su profesionalidad, ustedes no mienten, son sus fuentes las que les han dicho cosas que no se corresponden con la realidad... y ya terminen ustedes la frase. Si alguien cuenta o no, ha mentido o no, no me corresponde a mí decirlo. No quiero más polémica".

"Yo soy testigo"

Según Montero no es cierto que haya discrepancias, no es cierto que éstas vayan a verse reflejadas en el decreto final que se apruebe el viernes y, además, ella es testigo de sí misma: "Se lo aseguro, porque soy yo la que está trabajando en el decreto", dijo.

Lo cierto es que fuentes del Gobierno habían aclarado a este diario que, este lunes a última hora, fueron las reticencias en Economía a asumir determinadas exigencias de Podemos las que retrasaron el decreto. Y aunque que se estaba "terminando de perfilar" al caer la tarde del lunes, no hubo modo de que estuviera preparado para ser elevado a la reunión semanal del Gobierno.

Y así, a última hora de la noche, Moncloa trató de calmar las urgencias de las empresas que necesitan esos fondos para evitar quiebras y concursos de acreedores, anunciando el Consejo del viernes. Al mismo tiempo, fijaba una fecha final y forzaba, así, un acuerdo obligado entre las dos facciones del Ejecutivo. 

Lo normal no son esas prisas: que Moncloa convocara un Consejo extraordinario el día anterior a celebrar el ordinario indica que una disfuncionalidad en el seno del Ejecutivo. Y eso Montero no supo aclararlo.

Un 8-M de tregua

Lo menos polémico de este martes en Moncloa fue la aprobación del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. En la semana del 8-M, éste ha sido el único motivo de unión entre PSOE y Unidas Podemos, que critica a los socialistas por tener "intervenido" el departamento de Irene Montero, "bloqueando" las leyes que impulsa la ministra morada. 

Después de un 8-M de tregua, tras los enfrentamientos entre las dos facciones del Ejecutivo, la desunión de los dos socios de la coalición se evidenciaba, y aumentada, el mismo lunes -y proclamada este martes por la mañana- con la votación para el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo.

El PSOE votó en Bruselas junto al PP, Ciudadanos y Vox por aceptar el suplicatorio reclamado por el Tribunal Supremo. Mientras, su socio morado en el Ejecutivo votaba en contra, de la mano de todos los socios parlamentarios de Pedro Sánchez -PNV, EH Bildu, ERC, IU y Junts-. En un intento de rebajar tensiones, el Gobierno reaccionó con un vídeo de Arancha González Laya, ministra de Exteriores -curioso-, ofreciendo "diálogo para arreglar Cataluña".