Cs pidió en septiembre que los tránsfugas como la vicepresidenta de Murcia no pudieran ocupar cargos

La combustión política vivida en Murcia esta semana, que se ha dejado notar en otras partes de España, no terminará de prender. La moción de censura anunciada por Ciudadanos y el PSOE en la Región para desbancar a Fernando López Miras no tendrá lugar después de que el PP maniobrase para impedirlo.

El secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, aterrizó en la comunidad levantina para, uno por uno, convencer a tres diputados de Cs para que votasen en contra. La recompensa sería ocupar un sillón en el nuevo equipo de Gobierno de Miras. El precio a pagar, el transfuguismo, un calificativo poco honroso para los militantes políticos de largo recorrido.

En España los partidos llevan luchando contra este fenómeno, formalmente, desde el 7 de julio de 1998. Entonces se selló un pacto para combatir este fenómeno en las administraciones locales.

En el año pandémico se retomó la actividad de la Comisión que vela por “la Estabilidad Institucional y lucha contra el Transfuguismo Político” tras una década de inactividad. Se sumaron entonces 22 partidos políticos, fruto de la irrupción de pequeñas formaciones que hace 10 años no existían.

Era septiembre y las administraciones gobernadas por coaliciones apenas cumplían un año de vida. Ciudadanos entonces pidió, como medida correctiva, que los tránsfugas no pudiesen acceder a cargos de responsabilidad en caso de cambiar el color del sillón en las cámaras regionales.

Esta semana se ha podido comprobar que los acuerdos de la nueva política pueden convertirse en papel mojado si una mariposa bate las alas en Murcia y provoca que un huracán azote Madrid. Algo similar parece ocurrir con las convicciones y los ideales.

Según lo propuesto por Ciudadanos en septiembre (en noviembre se decidió que el Pacto cubriese el resto de administraciones y no sólo a las municipales), sus ya antiguos cargos Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez no podrían acompañar a López Miras en la nueva senda política que se dispone a recorrer en caso de que la moción no saliese definitivamente el próximo jueves.

"Estos planteamientos tienen como objetivo garantizar que el tránsfuga no pueda verse recompensado por traicionar la voluntad de los ciudadanos y que los partidos políticos no puedan beneficiarse de esta situación. Por este motivo, el partido liberal considera que el Pacto Antitransfuguismo debe plantear que los miembros nos adscritos no puedan disfrutar de los derechos económicos y administrativos que les corresponde a los grupos políticos", explicó entonces el partido de Arrimadas y, hasta este viernes, el de tres los políticos murcianos que ya han sido expulsados.

Críticas tras el trasvase

"Es un comportamiento mafioso". Así definió el número dos de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, el cambio de decisión de los tres implicados en el asunto.

Para el dirigente de Ciudadanos, el Partido Popular ha "comprado tres bocas con dinero, cargos y poder", en referencia a Franco, Miguélez y Álvarez, los tres parlamentarios que han boicoteado las aspiraciones de Ana Martínez Vidal de convertirse en presidenta de Murcia. "Nadie puede tener la más mínima duda de que se han vendido, el PP ha comprado su silencio", ha señalado Bal.

La comparecencia de Bal, que ha tuvo lugar este viernes por la tarde, fue la primera explicación que se ofrece desde la dirección nacional del partido a lo sucedido en las últimas horas.

"Tránsfugas" y "corrupción"

Según ha recordado, estos tres "tránsfugas" firmaron la moción de censura y, por tanto, no era posible prever que se saltaran su compromiso, preguntándose de este modo "con qué bola de cristal" se puede pronosticar que "no iban a ser leales a la palabra dada".

A quien debe culparse, subrayó Bal, es a los que "han realizado los actos de corrupción, a los que han comprado y han vendido voluntades" y ha criticado al PP por no respetar el Pacto Antitransfuguismo que firmaron hace unos meses la mayoría de las fuerzas políticas.

Para Bal, el PP de Murcia ha vuelto a confirmar con esta maniobra "sus comportamientos mafiosos", mencionando las vacunaciones ilegales o la corrupción denunciada en el Ayuntamiento de Murcia que es, entre otras cosas, ha señalado Bal, lo que motivó que Cs planteara con el PSOE esta moción de censura.

Sobre los otros acuerdos de gobierno que Cs tiene con el PP en Castilla y León, Andalucía y varios ayuntamientos, Bal ha asegurado que la voluntad de Cs es mantenerlos y pide al PP de Murcia y de Madrid "que vuelvan al sentido común" y cumplan con sus promesas