El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha entregado este jueves su acta de diputado en el Registro Congreso con efectos a mañana viernes para poder votar la convalidación del decreto de ayudas directas en el Congreso y no arriesgar que el texto no pase la votación.
Según fuentes de Unidas Podemos en el Congreso, la sindicalista Mercedes Pérez Merino ocupará el escaño que deja el líder de Podemos. Pérez ya fue elegida diputada en la legislatura breve que medió entre mayo y septiembre de 2019, pero perdió su escaño por Madrid por mor del descenso en votos de la formación morada entre una y otra convocatoria. Unidas Podemos pasó de 42 a sólo 35 escaños del 28-A al 10-N, en sólo seis meses y medio.
Pérez es militante de Comisiones Obreras y ha formado parte de varios comités de empresa nacionales y europeos de Coca-Cola, participó en el movimiento "Coca-Cola en lucha" contra el ERE que se planteó en su día en la planta embotelladora que trabaja para la multinacional de los refrescos en su sede de Fuenlabrada (Madrid). Aquel Expediente de Regulación de Empleo fue anulado más tarde por el Tribunal Supremo.
Quería seguir
Iglesias ya anunció este miércoles que dejaría su acta de diputado "antes incluso que el Gobierno", a pesar de que hasta la noche anterior, fuentes de su entorno confirmaban a este periódico que su intención era mantenerse en el Congreso "para presentar iniciativas y defender alguna proposición no de ley" en nombre de su grupo desde el atril.
El todavía vicepresidente del Gobierno, en realidad, pretendía haber seguido en sus responsabilidades hasta "pocos días antes" del inicio de la campaña madrileña, que no comienza hasta el 18 de abril.
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El descubrimiento, el pasado martes, de que la ley electoral madrileña lo convertía en "inelegible" por ser miembro del Gobierno, hizo que se le desbarataran los planes. Iglesias tenía que dejar el Ejecutivo, como muy tarde, el 30 de marzo, pues el día 31 se cierra el plazo para presentar las candidaturas ante la Junta Electoral. De inicio, el líder morado, obligado a dimitir como vicepresidente, quería seguir en la Cámara Baja y aprovechar el foco mediático en su campaña, "como hizo Salvador Illa en las catalanas del 14-F", explicaba el entorno de Iglesias.
Sin embargo, todo se ha desbaratado, incluso para seguir siendo diputado. Los plazos administrativos entre su salida del Congreso y la toma de posesión de su sustituta, hacían preferible aprovechar las vacaciones de Semana Santa para no poner en riesgo ninguna votación, dada la precariedad de apoyos parlamentarios con los que cuenta Ejecutivo de coalición.
El decreto salvado
Por eso Iglesias entrega hoy su acta, pero con efecto en este viernes. Para poder votarlo. Este texto legislativo es el que moviliza hasta 11.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas y autónomos, una inyección de dinero "urgente" para "apoyar la solvencia de las empresas", no poner en riesgo la "supervivencia del tejido productivo" y evitar "la pérdida de empleos" que retrasaría "la recuperación económica".
Como se recordará, fue Pedro Sánchez quien anunció la aprobación de este nuevo paquete de estímulos económicos hace ahora exactamente un mes en el Congreso. Lo hizo en su segunda comparecencia temática comprometida con los grupos parlamentarios en la renovación por seis meses del estado de alarma, hasta el 9 de mayo próximo.
Ni siquiera los socios del Gobierno de coalición en el Parlamento estaban dispuestos a apoyar semejante medida excepcional sin forzar a que el presidente compareciera "al menos tres veces" ante la Cámara Baja para dar cuenta de su gestión de la pandemia.
Una vez anunciadas las ayudas, y durante las siguientes dos semanas, se abrió una batalla en el seno del Ejecutivo para calibrar cuánta parte de estos estímulos, basados en tres paquetes diferenciados -reestructuración de deudas ICO y préstamos participativos, además del concepto citado-, se dedicaría a "ayudas directas", es decir, inyecciones dinerarias en los balances y el capital de las pymes y los negocios autónomos.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaban por dejarlo en 2.000 millones. Moncloa propuso 5.000 millones -y de hecho, eso fue lo que se aprobó en el consejillo preparatorio del 4 de marzo-, y finalmente el decreto no se llevó al Consejo de Ministros del día 9 por las desavenencias internas del Ejecutivo. Y es que el lado de Unidas Podemos en el Gobierno reclamaba que se dedicaran hasta 8.000 millones y en condiciones completamente contrarias a las previstas por los socialistas.
Sánchez acabó convocando un Consejo extraordinario el pasado 12 de marzo para sacar el decreto, que finalmente incluía 7.000 millones de ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Iglesias y su equipo económico se apropiaron del mérito de esta medida, pese a que los fondos no serán gestionados por el Gobierno, como ellos reclamaban, sino que irán a parar a las Comunidades Autónomas.
Fuentes del Gobierno confirmaron a este diario que era necesario que el dinero fuese transferido a las administraciones autonómicas para asegurarse el apoyo del PNV -"socio preferente"- y de ERC y Bildu, que siempre votan al unísono en el Congreso y cuyo voto favorable sería necesario para la convalidación del decreto. La precariedad de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento marcaba, una vez más, la política contra a pandemia.
600 millones bloqueados
Este paquete de ayudas ha sido motivo de polémica también en el inicio de la precampaña electoral en Madrid. Mientras se desarrollaba toda esta polémica, Moncloa se enfrascaba en la operación mociones de censura, que propició el terremoto político que desembocó en el adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez: "Ayuso bloquea los 600 millones a pymes por su interés personal".
En la representación de la candidatura de su rival socialista, Ángel Gabilondo, el presidente del Gobierno llegó a asegurar que "por interés personal", la lideresa popular en Madrid había "bloqueado la llegada de 600 millones imprescindibles en ayudas a las empresas aprobados por el Gobierno de España".
Pero días después, fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda desmentían a Pedro Sánchez. En declaraciones a este periódico, portavoces de este departamento confirmaban que el Ejecutivo regional madrileño, "plenamente operativo" hasta el 4-M, día de las elecciones, recibiría ese dinero "sin ningún problema". Y que, incluso después del paso por las urnas, "ya en funciones", podría distribuirlas sin cortapisa alguna, "ya que son ayudas cuyas condiciones vienen tasadas, y no convocatorias o concursos".