Ione Belarra pretende ahora duplicar el IBI de las casas vacías y pide negociarlo con Ábalos

Unidas Podemos llegaba a la cita de este martes proponiendo imponer un estacazo fiscal a quienes retengan viviendas sin ocupar fuera del mercado. Pero el PSOE se niega. Hasta ahí, nada nuevo. Otro desencuentro. Según las fuentes consultadas a ambos lados de la negociación, la reunión acababa con un principio de acuerdo en que no se invente un nuevo impuesto, sino que se trabaje sobre el que ya existe, el de Bienes Inmuebles (IBI).

Pero la pelea ahora está en la cuantía del recargo. Fuentes de Unidas Podemos explican que Belarra reclama "más del doble" de lo que plantea el lado socialista de la negociación.

El IBI está transferido a los Ayuntamientos, que son las administraciones con más capacidad para saber si una casa está vacía, y si su salida -junto a otras del mismo propietario, o junto a otras en la misma zona- del mercado significa que está siendo utilizada como bien especulativo.

En la actualidad, esa figura fiscal ya contempla la posibilidad de que los gobiernos locales le impongan un recargo del 50% "pero no lo hacen porque la ley no define bien qué es una vivienda vacía", explican fuentes socialistas.

¿Cuál es la solución? Para Unidas Podemos, que la ley prevea un mínimo del 100% en el recargo, lo que motivaría a los consistorios a aplicar la medida. Además, las fuentes moradas prevén un diseño creciente, "con recargos progresivos en función de la cantidad de casas vacías que tenga el mismo propietario" o del tiempo que lleven fuera del mercado.

Sin embargo, el negociador del Ministerio de Transportes, el secretario general de Vivienda, David Lucas, no quiere tocar el tipo impositivo. Lucas considera que basta con introducir "una definición clara" de qué es "vivienda vacía", tal como explican fuentes de su departamento.

Alquiler, enquistado

La negociación de la Ley de Vivienda se quedó como uno más de los retos que Pablo Iglesias no logró ver cumplidos antes de dejar el Ministerio de Derechos Sociales. Sí que le logró arrancar a Pedro Sánchez que la norma fuera copropuesta con el Ministerio de Transportes de Ábalos. Y eso es lo que la encalló, porque para llevarla al Consejo de Ministros hará falta el acuerdo previo entre las partes, y éste no llega.

Los desacuerdos entre PSOE y Unidas Podemos en muchos de los puntos de la ley entran y salen de la actualidad, y la parte morada del Gobierno trata de ponerle su sello a una norma clave para conservar a sus bases. Fuentes moradas insisten en que el desacuerdo en alquileres sigue enquistado "con las posturas muy alejadas".

Y que lo mismo ocurre en su planteamiento respecto a los grandes propietarios, "ya que el PSOE continúa sin aceptar la propuesta de Unidas Podemos de que estos destinen al alquiler social el 30% de su parque". Una idea que planteó Belarra en su última comparecencia parlamentaria como secretaria de Estado, antes de asumir la cartera.

Que negocie Ábalos

Entretanto, mientras se desmadejan los ovillos de cada desencuentro, el Ministerio que ahora lidera la política navarra mantiene la atención informativa sobre el asunto como puede. El objetivo es, al menos, mantener la confianza de los socios nacionalistas... y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos y los movimientos antidesahucios. Y rentabilizar el desacuerdo filtrando a la prensa sus demandas y los noes del PSOE. A falta de ley, al menos, que haya tensión. 

Mientras Iglesias estaba al frente, Belarra, que era su secretaria de Estado, lideraba las negociaciones con David Lucas, secretario general del Ministerio de Ábalos. Y ahora que ella ha subido de rango... también. Algo que, antes o después, cambiará ante el hartazgo de los morados por la falta de avances. Según ha podido saber este periódico, la ministra quiere implicar a su compañero del Consejo de Ministros directamente en la negociación.

Para el control de alquileres y para el recargo del IBI. De hecho, sólo de ministra a ministro cree que podrá hacerle cumplir al socialista lo "comprometido para regular los alquileres", a lo que se niega el lado socialista. Aquello pactado en el acuerdo de Presupuestos a finales de octubre de 2020.

Entonces, el todavía vicepresidente Iglesias se negó a firmar nada hasta que arrancó de Sánchez no sólo ser copartícipe de la ley que mejor puede rentabilizar con sus votantes, sino que el documento incluyera una de sus medidas bandera: el control de los precios de los alquileres blindado por ley.