Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales se ha estrenado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros capitalizando un anuncio histórico de más de 730 millones de euros en gasto para atender a dependientes "en su casa". Y para este impulso a la "economía de los cuidados", su departamento adelantará la asignación de fondos europeos, que se entregarán con carácter finalista a las Comunidades Autónomas.
"El modelo actual no responde a la eficiencia ni a los deseos de las personas mayores", ha dicho Belarra. "Cuando no atendemos los cuidados desde las políticas públicas, las mujeres se hacen cargo en el entorno familiar o las trabajadoreas de los sectores más recarios". Y de esos dos "aprendizajes", apuntaba Belarra, "sacamos realidades tangibles, como este acuerdo muy ambicioso aprobado en Consejo de Ministros".
Es lo que le corresponde a su departamento, poner dinero para construir lo que, hace años, Zapatero llamaba "la cuarta pata del Estado de bienestar", es decir, la Dependencia. Aquel derecho que creó el expresidente socialista pensando que España seguiría siempre creciendo al 3% apoyada en el ladrillo y la bonanza de Occidente y que se le quedó en una ley de papel mojado cuando vino la crisis financiera de 2008.
El Gobierno aprueba 730 millones para cambiar las residencias por la atención a dependientes "en casa"
Ahora, al abrigo de los fondos europeos y de la coalición del PSOE con Unidas Podemos -que impuso un programa de gobierno con pocas facultades políticas-, pero una muleta social enorme, Belarra luce músculo morado. "Ya son 2.112 millones de euros repartidos a las Comunidades Autónomas en el último mes", recordó la ministra portavoz, María Jesús Montero.
La ministra más belicosa en sus declaraciones antes de serlo hereda un plan de su antecesor, Pablo Iglesias, para revertir el modelo de las residencias y apostar por la atención domiciliaria, adelantando ayudas del Next Generation EU para crear una "economía de los cuidados". Es decir, pintar de morado el nombre a lo que hace más de una década no se llegó a poder hacer.
El reparto de este fondo de 730,8 millones se hará a través de las CCAA, que son las competentes en políticas sociales. Y el reparto final se fijará en los próximos días, en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Se trata de establecer el "acceso universal" a los servicios y, además, de enraizarlos en la propia vivienda del titular de los derechos. "Es una inyección histórica y fundamental para acometer la transición social que necesita nuestro país", aseguró Belarra desde la sala de prensa de Moncloa, imbricando el plan en la tendencia actual de los países europeos de nuestro entorno.
En los primeros pasos del Plan de Recuperación, la ficha 22 de las enviadas a Bruselas ya recogía el refuerzo de "la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración". El objetivo, decía este texto, es "mejorar el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), introduciendo reformas que simplifiquen los procedimientos y reduzcan las listas de espera, refuercen la calidad de los servicios profesionales y las condiciones laborales y aumenten la cobertura de las prestaciones".
Cuidados en el domicilio
El grueso de esta inmensa cantidad de dinero que ha aprobado este martes el Gobierno, de 482,4 millones, irá destinado precisamente a la permanencia en sus hogares, "en su casa", de las personas a las que se quiere atender, dándoles la atención necesaria para ello.
El modelo ya estaba previsto antes de la pandemia y es el que se aplica en ciudades como Barcelona, pero ha adquirido especial protagonismo a la vista de la situación en las residencias de personas mayores durante los primeros meses del coronavirus.
Aunque este mismo modelo, en una primera oleada como la que sufrió España también se habría visto desbordado, ante la falta de material sanitario -mascarillas, EPI, etc.- y al tener a los usuarios diseminados, cada uno en su hogar.
Según este plan, las residencias deberán reconvertirse en centros de apoyo al nuevo modelo.
El segundo pilar es el que más se imbrica en el espíritu de los fondos europeos, por la vía de la digitalización y la sostenibilidad. Así, otros 216,9 millones se invertirán en el refuerzo de la atención a la infancia: se entregará dinero a las CCAA para que mejoren los centros de atención a menores "garantizando su bienestar". Y para digitalizar los servicios sociales, modernizarlos y hacerlos más eficientes "mejorando su funcionamiento".
Finalmente, habrá 31,5 millones que deben ir al fomento de la "accesibilidad universal".