El Gobierno promete a la UE "retirar" la ley con la que bajaba las mayorías para renovar el CGPJ

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compareció tras el Consejo de Ministros para presentar una nueva ley para lograr, "por fin, la eficiencia de la administración de Justicia". Y, sobre todo, para desviar el foco de su conversación con la comisaria Vera Jourova, de este lunes.

En ella, Campo prometió, según ha revelado en la rueda de prensa, pedirle a PSOE y Unidas Podemos la retirada de la reforma que, por ahora, está sólo "congelada" por el presidente del Gobierno.

Con esa proposición de ley, ambos grupos, que son los que forman la coalición del Ejecutivo, pretendían bajar de los tres quintos a sólo la mayoría absoluta la suma de diputados necesaria para elegir a parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Pero ese plan fue paralizado por la Comisión Europea a finales de octubre, advirtiendo al Gobierno de Pedro Sánchez de que iba "en la vía contraria a los valores europeos".

De hecho, la comisaria Jourova sí que puso el foco este lunes en ese proyecto. En su cuenta de Twitter, la titular de la cartera de Justicia del gobierno europeo, expresó su satisfacción por el "importante" compromiso del ministro español.

"Con la comisaria comenté que este es el foco en el que estamos", explicaba Campo en su comparecencia. "Por eso no nos debemos distraer con otras cuestiones, aunque algunos querrían hacerlo, añadió. "Son cuestiones necesarias, pero ahora no tocan, al menos en estas circunstancias". Según el ministro, que quería hablar de su ley, tal como dijo el presidente, "aquella reforma quedó congelada". Y para evitar que el foco se desvíe, "se invitará a los grupos a que la retiren" del circuito parlamentario.

Qué la comisaroa europea de Justicia y vicepresidenta de la Comisión se tomaba muy en serio el asunto daba cuenta, de nuevo, su cuenta de Twitter. Pocos minutos después del anuncio del ministro, Jourova volvía a teclear en su móvil: "Tras nuestra conversación de ayer, agradezco el anuncio público del ministro Campo sobre la retirada de la propuesta de reforma del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial".

Y Campo, atendiendo a las preguntas -más sobre esto que sobre su nueva ley- pedía disciplina. A PSOE y Podemos en el Congreso y al PP en su papel institucional. "Consolidaríamos el Estado de derecho, fortaleciendo a los jueces, y en eso mismo insistió la señora Jourova", dijo el ministro. "Tenemos muchísimo camino avanzado, ojalá volvamos al pacto de Estado por la Justicia, ojalá retomemos la negociación tras las elecciones en Madrid... o ya mismo".  

"Urge que quien está bloqueando la renovación del CGPJ deje de hacerlo", añadió Campo en las preguntas. "El PP está en rebeldía constitucional", añadió Belarra, que no quiso aclarar si Unidas Podemos acataría la orden de Campo.

Unidas Podemos se niega 

Pero quien sí mostró su desacuerdo fue Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Desde el Congreso, Asens respondía que no, que se niega a retirar la proposición si no se les da "una alternativa mejor" para superar el "bloqueo" de la institución por parte del PP.

Asens recalcaba que los morados siempre están abiertos a estudiar cualquier alternativa que favorezca la renovación del CGPJ. Pero entiende que hasta la fecha no hay ninguna: "Quien tenga otra mejor que nos diga cuál es", desafiaba. 

Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, en rueda de prensa desde el Congreso. EP

El dirigente de Podemos -muy cercano al líder de la formación, Pablo Iglesias- también reivindicaba que la reforma que sí ha entrado en vigor, la que reduce los poderes del CGPJ en funciones, ha sido avalada por la Comisión Europea. El propio ministro Campo presumía de ello en rueda de prensa, desviando él mismo el foco de su nueva ley... Asens también señalaba que la Comisión, en diversas ocasiones, ha "llamado la atención" a España -él dijo "al PP"- por la falta de acuerdo en el relevo de los vocales desde hace dos años.

"Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla", ha proseguido.

En octubre sí... y no

La proposición de ley fue registrada el pasado 13 de octubre por el PSOE y Unidas Podemos conjuntamente en el Congreso. Por la vía de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los partidos del Gobierno proponían que 12 de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por mayoría absoluta -y no por la "reforzada" de tres quintos ahora vigente-. Pero el plan, que buscaba saltarse a las bravas el consenso necesario con el principal partido de la oposición, se paralizó por sorpresa sólo nueve días después.

Pedro Sánchez vio la luz cuando Pablo Casado se puso así de duro con Santiago Abascal el día de la moción de censura fallida de Vox. Todos en el hemiciclo sabían que la iniciativa parlamentaria era sólo nominalmente contra el Gobierno y que, en realidad, se trataba de un torpedo contra el PP. Por eso, el presidente tenía ya preparado el as bajo la manga y pudo consultar sus notas, donde ponía "detener el reloj de la reforma del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes".

El camino elegido buscaba cambiar con 176 votos una ley que exige 210 diputados del Congreso para funcionar... y convertirla en una ley en la que bastara eso, la mayoría absoluta, para elegir a los 12 vocales que deben proceder de la carrera judicial. El propio Sánchez había dicho que era necesario "ajustar a la realidad social" el sistema de elección de los vocales y "facilitar la renovación del CGPJ en plazo".

Es decir, nada más que profundizar en la "politización de la Justicia" que ya supuso la Ley 6/1985, de 1 de julio, tal como explica el propio Casado en conversación con este periódico. O sea, una fórmula para esquivar la dificultad de pactar la renovación con el PP, al que el Gobierno sigue hoy responsabilizando del "bloqueo" y lograr acabar con "una anomalía democrática", tal como explica el exministro de Justicia socialista, Juan Fernando López Aguilar, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Además, fuentes en las instituciones europeas confirman que la Comisión Europea advirtió, por vía interpuesta, al Gobierno de que rebajar las mayorías parlamentarias iba "en la dirección contraria" de lo que desea la UE. Pero también es verdad que en el Informe sobre el Estado de derecho en España lo que señalaba la Comisión "era el problema del bloqueo".

Y que la actual composición del Consejo lleva más de dos años caducada y en funciones. Se debería haber renovado en 2018, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez, pero en solitario y con el PP como fuerza mayoritaria en el Congreso.

"No somos eficientes"

El ministro presentaba la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia de la Administración de Justicia. "Ésa es la clave de nuestros problemas", insistió Campo. "No somos eficientes". Y eso que no invertimos poco, recordó, "la plantilla de jueces ha crecido un 50% en 20 años, ha bajado la litigiosidad en un 34% en 10 años, pero hemos pasado de 66 a 162 días de media en la duración de cada proceso".

Campo presumió de que hace unos meses ya presentó un anteproyecto para la eficiencia procesal y que, en breve, "traeremos la eficiencia digital". 

Juan Carlos Campo y María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ADP

La nueva ley que inicia su andadura tiene tres patas, según el ministro. La primera es la desaparición de "los juzgados", que  pasan a ser tribunales de instancia. "No es sólo un cambio de nombre, sino una nueva organización. profundizando en la democracia interna del Poder Judicial. Habrá un presidente elegido entre sus pares, dentro de cada uno de los tribunales. Y habrá secciones, "porque esto tiende a la especialización", al frente de cada cual habrá "otro presidente de sección".

La segunda pata será la oficina judicial, que data de 2003, "pero su rigidez ha impedido que se extienda a todo el territorio nacional". Ahora, tendrá mecanismos más flexibles que, con las nuevas tecnologías, permitirá mejorar el servicio. "Apuntalamos derechos como la previsibilidad de las resoluciones judiciales, porque ahora el presidente de sección podrá fijar criterios de unificación". Y si un juez se aparta del criterio general, "deberá explicar rl porqué".

El tercer bloque es la Oficina de Justicia en el municipio. Actualmente, los partidos judiciales no se corresponden con los municipios, explicó Campo. "Y queremos atender a la estrategia de país en la que no nos podemos permitir que haya zonas despobladas".

Así, "con el sello de Justicia", se podrán atender muchos más asuntos. "Debe ser un referente para el ciudadano, porque irá a hacer sus trámites judiciales, pero también los impuestos, la solicitud de Justicia gratuita... todo lo que ustedes puedan imaginar". Según el ministro, "nace de Justicia, pero irradia a toda la Administración en todos los pueblos de España".