El Boletín Oficial del Estado publica cada día las nuevas leyes, decretos y reformas que aprueba el Gobierno. Cada una de esas disposiciones legales viene acompañada de un preámbulo que, a modo de exposición de motivos, justifica la necesidad, idoneidad y adecuación de la norma. Este viernes 23 de abril, el BOE incluye un mitin ideológico contra el Partido Popular al publicar una curiosa reforma para eliminar la responsabilidad penal de los piquetes de trabajadores.

La Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal incluye párrafos en su preámbulo que son un auténtico mitin del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Según explica el Ejecutivo, este cambio legislativo es necesario, adecuado e inspirado en la Constitución porque "con la crisis como oportunidad", dice el BOE, "desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

El delito que contemplaba el Código Penal hasta este mismo viernes era el de "pena de prisión" con el grado agravado para "los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". Es decir, una redacción contra las acciones de los piquetes de trabajadores cuando éstos se excedieren en su cometido, dejando de ser "informativos" y pasando a ser "coactivos" en uno u otro sentido.

Pero el BOE continúa. Y en una reforma que no ocupa más que folio y medio, dedica uno entero a arremeter contra la actual legislación del trabajo en España: "La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente" al Ejecutivo del PP se entiende. 

"Y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno".

Lo cierto es que esta reforma del Código Penal, consistente en la derogación de un solo apartado de uno de sus 639 artículos, cumple un cometido político. Anunciada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz -hoy vicepresidenta tercera-, pretende ser un primer paso en "el desmantelamiento de los aspectos más lesivos" de las leyes laborales del PP... pero se queda muy lejos de lo que prometieron PSOE y Unidas  Podemos, y de lo que incluso firmaron como compromiso con Bildu, uno de sus socios parlamentarios, a cambio del apoyo a una de las prórrogas del estado de alarma en la primavera de 2020.

La UE cambia la reforma

Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, entonces líderes y candidatos electorales de socialistas y morados, prometían en campaña "derogar íntegramente la reforma laboral del PP". Sin embargo, el Gobierno ahora está teniendo que negociar con la Comisión Europea en términos muy distintos.

Este mismo viernes, la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, tiene cita en Bruselas con el comisario económico de la UE, Valdis Dombrovskis, que se vio el jueves con Yolanda Díaz.

Y la Comisión está imponiendo a España una reforma laboral "integral y ambiciosa", como dijo Díaz, pero en un sentido diferente al que constan en el pacto del Gobierno de coalición. O al que prometía Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos: "A la reforma laboral del PP no le quedarán ni los palos del sombrajo. Y si no, al tiempo".

Además, cabe recordar que el propio ministro de Justicia y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, han explicado en numerosas ocasiones que no se tocaría el Código Penal hasta dentro de unos meses, "cuando se aborde una reforma en profundidad del mismo".

Tanto Juan Carlos Campo como la número dos del Gobierno han contestado en estos términos siempre que se les ha insistido por cuándo pretende el Ejecutivo abordar la reforma de las penas contempladas para el delito de sedición -que anunció en enero de 2020-, otro de los compromisos del Gobierno en su relación con los socios parlamentarios. En este caso con los independentistas catalanes de ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, permanece en prisión desde finales de 2017 por el golpe separatista del 1 de octubre.