El Gobierno adelantará a las comunidades autónomas 730 millones de fondos europeos, antes incluso de que la UE haga el primer ingreso, para que puedan empezar ya a invertir en la reforma de un nuevo sistema de cuidados y modernizar los servicios sociales.
En el primer Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra Ione Belarra, Gobierno y comunidades han acordado ese reparto, que debe dedicarse a implantar ese nuevo modelo, que prioriza la atención domiciliaria de los mayores frente a la residencial y creará empleo de calidad.
"Este ministerio ha tomado buena nota de lo que necesita la gente de nuestro país, que es que los fondos europeos lleguen cuanto antes a la gente, que se empiecen a llevar ya a las economías familiares, que se traduzcan en empleos de calidad, especialmente en un sector, el de la dependencia, que está enormemente feminizado", ha asegurado Belarra.
Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial, se firmarán los convenios bilaterales entre el ministerio y cada comunidad, para recoger los proyectos concretos y su coste, así como los compromisos de cada región, cuyo cumplimiento será objeto de evaluación cada semestre.
A la firma de los convenios, las comunidades recibirán el importe completo de los fondos del año, incluso aunque la Unión Europea aún no haya hecho el primer ingreso, por la decisión del gobierno de incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado, explican desde Derechos Sociales.
La inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones: deben destinarse el 70 % a mejorar las infraestructuras residenciales y adaptarlas al modelo de atención centrada en la persona, centros de día y otros recursos como teleasistencia; un 26 % a la modernización de los servicios sociales, y un 4% a la accesibilidad en todos los ámbitos.
Belarra también ha informado de que "se ha puesto el broche final" a las 73 medidas trabajadas con las comunidades para reducir las listas de espera en dependencia. "Estas medidas fijan los pasos que vamos a dar para que la reducción en 60.000 personas en estas listas de espera se haga realidad este año".
El Consejo Territorial además ha dado luz verde a la financiación para que las comunidades atiendan adecuadamente a los menores que migran solos. "Pensamos que es nuestra responsabilidad, no solo articular la respuesta, sino también ofrecer recursos económicos a las regiones que están haciendo un sobresfuerzo, que hoy se ha concretado en una distribución territorial", ha destacado.
Derechos Sociales ha promovido que entre las comunidades se hayan ofrecido unas 200 plazas solidarias, ha destacado. "Me parece especialmente importante porque todos nos tenemos que corresponsabilizar de una situación que ni Canarias ni Andalucía han elegido, sino que por estar geográficamente donde están, tienen una mayor llegada de niños".