Los socios de investidura de Sánchez negocian con el PP el 'plan B' de Casado contra el vacío legal

En realidad, no hay sólo un plan alternativo al caos que se ha generado tras decaer el estado de alarma sin que el Cosejo de Ministros haya cumplido con su compromiso de "hacer los cambios legales pertinentes para combatir la pandemia sin ese instrumento constitucional". El PP ya ha registrado en el Congreso su "plan B jurídico" en dos ocasiones. La última, hace poco más de un mes.

Pero Ciudadanos, de hecho, tiene otra propuesta. Tal como adelantó este periódico, su portavoz, Edmundo Bal, sostiene que se debería promulgar una ley marco y llevar las restricciones a la Audiencia Nacional para su convalidación por los jueces.

Esta idea solventaría la mayor crítica que le hace el Gobierno a la proposición de ley del PP. Según María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo, "es una barbaridad que cualquier Ejecutivo, el central o uno autonómico, pueda limitar derechos fundamentales sin que esas restricciones pasen por los tribunales". 

La salvedad ya la criticaba Bal hace meses, pero el Gobierno parece haberla descubierto ahora, y lleva desde el pasado martes -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- repitiéndola ante cada micrófono que se le acerca. Fuentes del PP confirman que "ésa es una salvedad aceptable" que están dispuestos a incluir por la vía de la negociación con los grupos, que ya está abierta. "Y si el PSOE está preocupado por eso, lo aceptamos y lo introducimos vía enmienda".

De hecho, según ha podido saber este periódico, Gamarra ya se ha reunido con representantes socialistas y les ha transmitido la disposición de los populares a incluir "el contrapeso de poderes" en el texto de su proposición de ley. Desde Unidas Podemos, admiten que el problema jurídico es grave aunque tratan de mantenerse al margen de la polémica, que achacan a la gestión de Carmen Calvo.

Sánchez lo sabía

El Ejecutivo negoció una reforma similar con el dirigente liberal en las tres últimas prórrogas de la primera alarma, y con Gabriel Rufián (ERC) en la última. La vicepresidenta Calvo anunció la inminencia de esos trabajos hace ahora exactamente un año, el 13 de mayo de 2020... y, de repente el Gobierno se olvidó.

Pero el galimatías legal y jurídico en el que se han sumido las Comunidades Autónomas, que -sin distinción de color político- reclaman al Gobierno claridad e instrumentos efectivos para poder imponer toques de queda o cierres perimetrales, es todavía peor. Pedro Sánchez lo sabía y lo dejó por escrito.

A la vista del preámbulo del decreto con el que el presidente sacó adelante los seis meses y medio de estado de alarma el pasado 25 de octubre, el Gobierno admitía que "para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma". Entonces, ¿por qué ahora dice que "las CCAA tienen una batería de medidas a su disposición"? ¿A qué se refiere el Ejecutivo cuando dice que "no hay ningún caos"?

Y, sobre todo, ¿por qué no atiende a los requerimientos -incluso desesperados- de los grupos políticos en el Congreso, de las CCAA y hasta de sus socios de Gobierno? Todos los partidos del arco parlamentario están de acuerdo en que "el Gobierno no ha hecho sus deberes".

Razones para el 'no'

Desde el lado de sus socios regionalistas, nacionalistas e independentistas lo achacan a que "no quiere decretar una nueva alarma porque quieren dar imagen de control" y tratar de "fomentar el turismo". Desde la oposición de centro derecha, por su lado, opinan que "no se atreve a mostrarse débil y, además, teme que sus socios separatistas no le aprueben otra alarma". 

Pero todos añaden un motivo más, y es que Pedro Sánchez no quiere negociar con Pablo Casado, después de no escuchar sus requerimientos desde mayo de 2020. Entonces, el líder del PP ofreció su mano tendida en los siguientes términos: "Apruébelo usted por decreto, tráigalo aquí al Congreso y yo se lo apruebo, estará en vigor en una semana... y ya después lo tramitamos como proyecto de ley para mejorar su texto con debate y con enmiendas entre todos".

Pero Sánchez no atendió entonces y ahora -peor aún desde el ayusazo de la semana pasada en las elecciones de Madrid- se niega a claudicar ante el PP. Aunque los socios parlamentarios que lo auparon a la Moncloa y le aprobaron los Presupuestos, los mismos que le apoyaron las prórrogas de la primera alarma y los seis meses de la última, ya se han reunido con los populares para tomar en consideración la propuesta de Casado.

"Su empecinamiento cuesta vidas"

Fuentes parlamentarias del PP confirman a este periódico las reuniones de Cuca Gamarra con todos los grupos parlamentarios -"menos Bildu", recalcan- para empezar la negociación sobre el "plan B jurídico". Y las posturas comienzan a acercarse.

Para el PP, España ha pasado "del estado de alarma al caos". Además de criticar su nefasta gestión de la pandemia y de las consecuencias económicas que conlleva, los populares califican a Sánchez de "irresponsable por no haber dotado a las CCAA de un instrumento jurídico necesario tras el fin del estado de alarma".

Casado volvía a reclamar este miércoles en la sesión de control que Sánchez atienda este "clamor" y lo responsabilizaba de lo que pueda pasar: "Su empecinamiento cuesta vidas", llegó a espetarle, "pueden morir 20.000 personas más, que añadir a los 125.000 fallecidos que llevamos en la pandemia".

Según las fuentes oficiales citadas, "la arrogancia y por su negativa a aceptar cualquier propuesta que venga del PP, ha dejado solos a los gobiernos autonómicos a pesar de las advertencias, incluso del Consejo de Estado", que llegó a reclamar al Gobierno esta reforma legal el pasado mes de abril. "Ha delegado las competencias legislativas y ejecutivas en los tribunales. Una vez más, Sánchez se esconde cuando España está en problemas", concluyen.