El Govern rescata el papel que Sánchez firmó en 2018 para forzar que se rebasen "límites" constitucionales

Pero en esa cita cara a cara el president de la Generalitat no sólo le va a exigir unas "garantías verificables" para los acuerdos a los que pueda llegar la llamada "mesa del reencuentro". Esas condiciones procedimentales son imprescindibles para ERC y Junts, los partidos que forman el Govern catalán, tal como han confirmado fuentes de su dirección a este periódico.

Pero Aragonès también le recordará a Sánchez lo que firmó, las condiciones políticas para poner en marcha ese diálogo. Tal como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el president le agradecerá el hecho de que el Ejecutivo de la nación ya acepte que "hay un conflicto político" en Cataluña.

Pero le recordará, asimismo, que eso significa que la delegación de Moncloa en esa mesa de negociación está comprometida a "dialogar, negociar y acordar sin más límites que los de la seguridad jurídica". Es decir, según las formaciones separatistas, sin que el texto de la Constitución ejerza de dique.

El acuerdo entre Esquerra y Junts para la formación de Gobierno, de hecho, contiene una traslación de todos estos compromisos que adquirió Pedro Sánchez el 20 de diciembre de 2018, en la llamada Declaración de Pedralbes. 

Aquella tarde-noche, con toda la pompa posible y como si de un mandatario extranjero fuese, Quim Torra recibió a Pedro Sánchez en el Palacio de Pedralbes. Aquél fue el día en el que el presidente socialista dejó atrás el concepto de "crisis interna de convivencia entre catalanes" y validó que lo que había ocurrido el 1-O, sólo 14 meses antes, se debía a un "conflicto sobre el futuro político de Cataluña".

Y no es que lo dijera, que las palabras se las lleva el viento, sino que lo firmó.

Pedro Sánchez y Quim Torra, durante su reunión en el Palacio de Pedralbes. Toni Albir EFE Barcelona

Ese papel, la Declaración de Pedralbes, es el que le presentó el president Torra, en realidad, sólo un enviado de Carles Puigdemont, que no únicamente despachaba con el fugado en Waterloo cada paso que daba, sino que presumía de ello.

Los 21 puntos secretos

El documento, que venía de la mano del expresident huido, contenía 21 puntos, que, durante varias semanas, fueron secretos. Eso y el hecho de que alguno de ellos sí estuviera incluido en el comunicado conjunto entre el Gobierno de la nación y el Govern autonómico catalán fue la mecha que prendió pocos días después en la manifestación de Colón, que reunió al PP con, Vox y Ciudadanos.

La clave de todo es que Sánchez, efectivamente, asumió lo siguiente:

La existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. La apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana. Que deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña en el marco de la seguridad jurídica. Y que la vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, actores políticos y ciudadanía.

Así se lo recordó este mismo miércoles Aragonès en el Cercle d'Economia. Y así constaba en la nota asumida por ambos gobiernos y, de hecho, así lo aprobó el Consejo de Ministros mes y medio después, el 8 de febrero de 2019 -dos días antes de Colón-, como puede comprobarse en la página web de Moncloa, que publicó después el documento [consúltelo aquí en PDF].

Ese extrañísimo trámite sirvió para darle apariencia de validez legal a un texto que no tiene valor jurídico alguno. Y que, por tanto, fija sólo una versión -distinta de la sostenida entonces por la Generalitat- de lo ocurrido en aquella reunión, en la que la propuesta que llevó Quim Torra iba mucho más allá. Y fuentes del Govern la dieron, de inicio, por aceptada por Sánchez.

Una lista con 21 puntos que hablaban de "hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña" y de negociar con "mediación internacional". Se exigía investigar los "abusos policiales y económicos" y revertir el "retroceso de la calidad democrática en España". Se denunciaba la "complicidad policial y judicial con la ultraderecha" y se instaba a "emprender un proceso de desfranquización y de debate sobre la Monarquía". 

El acuerdo del 'Govern'

Es cierto que hay poca confianza entre Junts y ERC. La inestabilidad del Govern es una realidad que se palpa cuando se consulta con los actores de Esquerra, por un lado, y lo de JxCat, por el otro. Y que se lee en el mismo acuerdo que "ERC apuesta por seguir explorando al máximo" la mesa mientras que Junts expresa su "escepticismo y sus dudas sobre los resultados".

Pere Aragonès y Jordi Sànchez, en la presentación del acuerdo de 'Govern'. Efe

Pero en lo que sí están de acuerdo ambas partes es en tomar los compromisos de Pedro Sánchez como base para negociar.

Así, el documento, de 46 páginas, dice expresamente que "con el objetivo de ejercer el derecho de autodeterminación y obtener la amnistía, queremos pasar de una fase incipiente de diálogo, que hemos vivido desde el reconocimiento por parte del Gobierno español de la existencia de un conflicto político sobre el futuro de Cataluña, a un Proceso de Negociación con todas las garantías que lo hagan posible".

Es decir, que las dos formaciones que integran el Govern y tendrán representantes en la mesa, toman la Declaración de Pedralbes, donde Pedro Sánchez reconoció por primera vez el término "conflicto", como una conquista.

El texto del acuerdo continúa desgranando las condiciones políticas fijadas por ERC y Junts, en función de lo avanzado por Torra con Sánchez en diciembre de 2018: "Se ha producido un reconocimiento del conflicto político y la necesidad de resolverlo políticamente y democráticamente y el compromiso de hacerlo sin más límites que los instrumentos y los principios que rigen el ordenamiento jurídico y democrático, en el marco de la seguridad jurídica".

Y finalmente, se recuerda que el Gobierno español también reconoció la "legitimidad de todas las partes y propuestas, y el compromiso de que cualquier acuerdo sea validado por la ciudadanía de Cataluña".

El lenguaje de Moncloa

Este último punto, precisamente, quedó matizado en el documento que aprobó el Consejo de Ministros en febrero de 2019. Según los separatistas, todo acaba en una validación en las urnas, ya sea en forma de referéndum (de autodeterminación, claro, en su mejor versión) o de cualquier otro tipo.  

Según el lenguaje elegido por Moncloa, como se lee en el PDF alojado en la web de Presidencia del Gobierno, todo está abierto.

"El objetivo será búsqueda de respuestas políticas que alcancen un amplio apoyo de la sociedad catalana", reza el texto. Las fuentes de ERC corroboran que la única manera de medir el apoyo es ir a unas urnas: "Claro, todo o que se acuerde habrá que votarlo", aseguran en consonancia casi literal con la dirección de Junts.

Pero el mismo documento de Moncloa añade una previsión, en otro punto, que sólo puede estar escrita para amparar que en la negociación se puedan rebasar "límites" constitucionales.

Es el punto 4. de los objetivos de la mesa que pretenden retomar Aragonès y Sánchez, y que el Gobierno de España deliberó y aprobó en febrero de 2019 que "la propuesta democrática que resulte del trabajo de los espacios de diálogo deberá articularse mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas".