La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción que insta al Ejecutivo a impulsar medidas "efectivas" que promuevan la igualdad de trato y eviten acciones de odio tanto en la Administración General del Estado como en las fuerzas y cuerpos de seguridad o en el ámbito judicial, con el fin de frenar la amenaza de la "ultraderecha".
ERC, PSOE y Unidas Podemos han pactado una iniciativa aprobada en el Pleno del Congreso por 191 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, que también insta a implementar campañas institucionales para la prevención de delitos de odio en España y para concienciar a la población sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales e internet.
La moción pide además una evaluación y un plan de mejora de toda la acción del Gobierno en este ámbito, en colaboración con todas las administraciones, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil.
Durante el debate, Unidas Podemos había pedido ir más allá y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), para que "hagamos que ninguna persona sea ilegal", señaló la diputada de la formación morada Sofía Castañón, que también pidió mejorar las investigaciones de fraude por explotación laboral.
"Ideologías antidemocráticas"
Desde el PSOE, el diputado Indalecio Gutiérrez señaló al PP como un partido que "alimenta" la ultraderecha y avisó del peligro de que "se coman la democracia" al tiempo que advirtió de que los partidos de ultraderecha se aprovechan de la incertidumbre y del miedo al diferente para llevar al odio y a la polarización de la sociedad.
La moción que partía de ERC ha sido apoyada por los partidos que respaldaron la investidura del presidente del Gobierno como EH Bildu, PNV, Compromís o Más País, así como por el PDeCAT, JxCAT o BNG y ha recibido el rechazo de Vox, PP y Ciudadanos.
El texto inicial de la moción, que posteriormente fue modificado, pedía al Gobierno realizar, en el plazo máximo de un año, un informe sobre el activismo ideológico de la ultraderecha en la Administración y en los poderes del Estado y en seis meses una auditoría sobre el activismo de ideologías antidemocráticas.
Los socialistas rechazaron esta petición al considerar que no es lícito hacer investigaciones "ideológicas" dentro de las administraciones o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.