El Partido Popular presentará este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que incluye la eutanasia en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según han confirmado fuentes del partido a EL ESPAÑOL, los de Pablo Casado presentarán este recurso un día antes de que acaben los plazos para dicho trámite. Además, será diferente al de Vox, puesto que no incluirá el total del articulado sino "una parte".
El texto, que todavía no se ha presentado ante el Tribunal Constitucional, pondrá el foco en apartados especialmente polémicos como la creación de un registro de profesionales objetores de conciencia. Algo rechazado en reiteradas ocasiones por los propios sanitarios.
Precisamente este miércoles las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad aprobaron el protocolo de incapacidad ligado a la práctica de la eutanasia. El citado documento es imprescindible para su puesta en marcha y lo debe aprobar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) así como el Manual de Buenas Prácticas.
La ley de la eutanasia entrará en vigor este mismo viernes, tres meses más tarde de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto significa que, a partir del 25 de junio, aquella persona que quiera solicitar la eutanasia podrá registrar su petición en su centro sanitario.
Recurso de Vox
Para que la ley sea efectiva, el Gobierno de España ha tenido que instar a las comunidades autónomas a crear una Comisión de Garantía y Evaluación por cada región.
El órgano tiene la misión de registrar aquellas solicitudes de eutanasia denegadas por el médico tras llevar a cabo los tres pasos que especifica el protocolo de incapacidad.
Hace unas semanas, los diputados de Vox también presentaron al Tribunal Constitucional (TC) un recurso para declarar "nula" la prestación de ayuda a morir.
Según el grupo parlamentario Vox, la ley socialista choca con los derechos humanos establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y es que, según los de Santiago Abascal, la legislación vulnera el deber del Estado de "protección de la vida y de la salud".